VALÈNCIA. La empresa pública dedicada a la gestión de las emergencias en la Comunitat Valenciana sigue sin aprobar en su gestión: durante el curso pasado mejoró en materia de contratación, suspendió en materia de operaciones de tesorería y encargo a medios propios y mantuvo el veredicto "desfavorable" en el ámbito de personal. Así lo revela el Informe de Auditoría de la Sociedad de Gestión Integral de Servicios de Emergencia (SGISE) elaborado por Intervención General de la Generalitat correspondiente al pasado ejercicio, que pone de relieve múltiples irregularidades en esta empresa al tiempo que resalta algunas mejoras respecto a la situación detallada el pasado ejercicio.

Desfavorable en personal

El dictamen de Intervención de la Generalitat remarca la detección de "incumplimientos y limitaciones" en materia de personal que "afectan trascendentemente a la opinión". En este sentido, la SGISE no se encuentra adherida a ningún convenio colectivo ni cuenta con ninguno propio, por lo que se siguen aplicando de forma transitoria los que había en el momento de la creación de la sociedad en el año 2018. Ante ello, Intervención apremia a la SGISE a que firme un convenio o se adhiera a uno colectivo.

En materia de complementos, Intervención sigue poniendo de relieve que se satisfacen asignaciones como "Plus Ayuda Comedor" que pueden considerarse como "ayudas de acción social" y que, por tanto, incumple la ley de Presupuestos de la Generalitat. También se mantiene el 'tirón de orejas' por lo que se refiere al pago del kilometraje: la entidad indemniza a razón de 0,26 euros/km, pese a que las tablas salariales establecen una cantidad de 0,2546 euros/km. En cualquier caso, el decreto que regula esta materia prevé que el importe se sitúe en 0,19 euros/km. 

Ante todo ello, Intervención recuerda a la entidad que debe autorizar de manera previa las indemnizaciones por razón de servicio "y motivarlas adecuadamente". Además, respecto al kilometraje, "recomienda" que se ajuste a la normativa vigente tanto en materia de cuantías como en los requisitos y los supuestos indemnizatorios. También explica que la empresa debe revisar los conceptos retributivos que puedan ser ayudas de acción social para verificar su ajuste a la ley de Presupuestos.

En este capítulo, Intervención también remarca que la SGISE no dispone de la masa salarial autorizada por la Dirección General de Presupuestos, lo que ha supuesto una "limitación" de cara al análisis: "Esto conlleva a que no se pueda emitir una opinión sobre la adecuación a la legalidad de las retribuciones satisfechas por la entidad auditada". 

Mejora en contratación y destina 130.000 euros en Dana

Uno de los puntos que en los últimos años había sido criticado por Intervención era precisamente la gestión en materia de contratación por parte de esta entidad. No obstante, en el análisis del 2024 obtiene una valoración "favorable con salvedades". 

En este sentido, Intervención alerta de algunas "deficiencias" como es el caso de que las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses no se refieran a todas las personas que participan en un proceso de licitación. También pone de relieve que en algunos de los expedientes analizados se ha comprobado que la conformidad de las facturas presentadas o el abono de las mismas se ha producido fuera del plazo legal. 

Además, también reseña otras materias como es el caso de que en algunos expedientes se ha producido cambios en las designaciones de los responsables de contrato sin que se haya formalizado la correspondiente declaración de ausencia de conflicto de intereses. En este punto también detalla cuáles han sido los contratos de emergencia que la sociedad analizada ha llevado a cabo tras la Dana y que suman un importe cercano a los 130.000 euros. 

Entre las recomendaciones en este ámbito, Intervención cree que la SGISE debe "extremar el cuidado" para que en las adjudicaciones siempre consten las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses sobre todas las personas que han participado en cada uno de los procedimientos. También insiste en otras cuestiones como es el caso de que la entidad realice los pagos dentro del plazo legal.

Los encargos a Tragsa siguen en el punto de mira

Por otro lado, Intervención dedica un capítulo al estudio de encargos ordenados por la entidad y del que también se desprende una valoración negativa. En este sentido, se refiere a un encargo a Tragsa sobre la organización del servicio de bomberos forestales que finalizaba el 30 de noviembre de 2023 y que se ha seguido formalizando "sin que se hubiera formado una nueva orden de encargo". 

Cabe mencionar que tanto Intervención como la Sindicatura de Comptes habían venido insistiendo años atrás en el hecho de que la SGISE cesara los distintos encargos que mantenía con Tragsa y recurriera a sus propios medios. No obstante, en este caso, según detalla Intervención, la presienta de la SGISE "autorizó unilateralmente la continuación de los servicios" sin la "debida formalización" pese a que "el Consejo de Administración de la SGISE" acordó no prorrogar. 

Una situación que llevó a la emisión de dos facturas por un montante cercano a los 593.000 euros y que fueron abonadas a través de un expediente de enriquecimiento injusto, "lo que constituye una actuación fuera de los procedimientos establecidos". En esta materia, Intervención recuerda a la entidad que la persona responsable del seguimiento del encargo tendrá que verificar, una vez finalice el mismo, que la contratación del medio propio con terceros "sea igual o inferior al 50% de la cuantía del encargo". 

Aumenta el uso de la caja fija

Mientras que, respecto al área de operaciones de tesorería, el informe detalla que ésta "no se ajusta a la normativa aplicable". Por ejemplo, se refiere a una serie de actuaciones que han "incrementado el riesgo" en esta área y "atrasos en la ordenación de pagos", así como un aumento del "riesgo de incurrir en errores no detectados". 

Intervención también pone de relieve que, durante el pasado curso, no se abordaron bancarias para "asegurar la veracidad de los datos bancarios y su adecuado registro" y apunta a un aumento de los gatos pagados mediante caja fija tras un incremento de los límites de la misma. 

En estas materias, el informe plantea hasta seis recomendaciones a la entidad. Entre ellas, reclama que la SGISE asegure el cumplimiento de los procedimientos en materia de conciliación bancaria para "asegurar la revisión de la correcta contabilización de los saldos bancarios". 

Avances durante el ejercicio

Por otro lado, respecto a las recomendaciones planteadas por la Intervención en años anteriores, el informe indica que la entidad ha tramitado la solicitud de asistencia jurídica a la Generalitat para contratar servicios externos de asesoramiento jurídico. 

La SGISE, además, ha hecho público en el Perfil del contratante la composición de la mesa de contratación que asistirá al Órgano de contratación en los procedimientos que ha resultado conveniente. Durante el curso, también ha dado de alta la tercera cuenta bancaria en Gestesoro, una cuestión sobre la que Intervención se pronunció de manera crítica durante el curso anterior. 

Además, según el informe, esta entidad "ha iniciado los procedimientos y ha tramitado las solicitudes necesarias para acceder y poder consultar los datos de los terceros destinatarios de los pagos en la Base de Datos Corporativa (BDC) de la Generalitat".