VALÈNCIA/BARCELONA (VP/EP). Los grupos de Junts, ERC, los Comuns y la CUP han registrado este miércoles en el Parlament de Cataluña una proposición de ley dirigida a la Mesa del Congreso de los Diputados para derogar los Decretos de Nueva Planta promulgados por Felipe V entre 1707 y 1716.
Los grupos han presentado el escrito en una rueda de prensa en el Parlament junto a la Associació de Juristes Valencians (AJV), que hace meses que trabaja por la derogación de la norma que supuso la supresión de las constituciones, instituciones y sistemas jurídicos propios de los antiguos reinos de la Corona de Aragón: Aragón, València, Mallorca y el Principado de Cataluña.
El presidente de la AJV, José Ramón Chirivella, ha explicado en el Parlament los motivos de la petición. La AJV viene luchando desde hace una década por la recuperación del derecho civil valenciano que fue limitado por el Tribunal Constitucional en varias sentencias en el año 2016.
- José Ramón Chirivella en la presentación.
- Foto: AJV
La proposición de ley firmada por los cuatro grupos pide la derogación explícita y efectiva de los decretos "en un ejercicio de reparación histórica y de justicia institucional".
"Estos decretos instauraron un régimen uniformizador de carácter absolutista y centralizador, sustituyendo las instuciones propias, incluyendo el derecho, por un modelo administrativo castellanizado, alineado con los intereses de la nueva dinastía borbónica", exponen en el escrito.
Asimismo, sostienen que los decretos "comportaron no solo la pérdida de derechos colectivos y libertades nacionales, sino también una negación simbólica y material de la identidad política y cultural de los territorios afectados".
Lamentan que, a pesar de que la Constitución española de 1978 reconoció "el carácter histórico de algunas nacionalidades y permitió el desarrollo de un cierto autogobierno", su disposición derogatoria segunda solo contempló la derogación de la abolición del régimen foral del País Vasco y Navarra, sin hacer referencia a los Decretos de Nueva Planta.
Por todo ello, reclaman al Estado derogar los decretos de 1707, 1715 y 1716 y promover "una declaración institucional de carácter conmemorativo como acto simbólico de restitución de la memoria histórica y jurídica".
