VALÈNCIA (EP). La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación, está inmersa en un proceso de estabilización de 200 de las 438 plazas de refuerzos de los juzgados, una medida con la que la Generalitat "fortalece la capacidad del sistema, contribuyendo directamente a una prestación más eficaz y sostenible del servicio público de Justicia".

Así lo ha asegurado la consellera del ramo, Nuria Martínez, que ha destacado que con esta estabilización de las plazas "consolidamos un modelo de Administración de Justicia más moderno, ágil y eficiente, orientado a prestar un mejor servicio a la ciudadanía".

Gracias a esta medida, ha concretado, "prácticamente la mitad" de los refuerzos judiciales actuales distribuidos por los 36 partidos judiciales de la Comunitat Valenciana pasarán a ser estructurales a partir del 1 de julio de este año.

Martínez ha apuntado que el proceso de estabilización de la plantilla de Justicia "responde al cumplimiento de la normativa vigente, a una prioridad de la propia Administración, que es la de reducir la temporalidad, dotar de mayor estabilidad a las plantillas y mejorar las condiciones laborales del personal al servicio de la Justicia, además de ser una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales".

La consellera ha asegurado que la transición se gestionará "de manera ordenada, intentando garantizar en todo momento la continuidad del servicio y minimizando cualquier impacto tanto en los profesionales como en la ciudadanía".

Además, ha subrayado que la identificación de las 200 plazas se ha realizado "atendiendo a un criterio objetivo de antigüedad, dando prioridad a aquellos puestos que requieren de una consolidación definitiva por haberse ido perpetuando renovación tras renovación".

Figura del personal de refuerzo

La Administración de Justicia ha recurrido desde 2015 a la figura del personal de refuerzo para atender "necesidades coyunturales", como sobrecargas de trabajo, acumulación de asuntos, marco causas o implantación de nuevas tecnologías. Sin embargo, la "persistencia y reiteración" de estos refuerzos "evidencia que muchas de estas necesidades son estructurales y permanentes, lo que exige una reconversión de estos puestos en plazas estables", según el Consell.

A día de hoy, los órganos judiciales superan "ampliamente" los módulos de entrada fijados por el Consejo General del Poder Judicial, lo que denota "una sobrecarga estructural". En este contexto, los puestos de refuerzo, "inicialmente concebidos como soluciones temporales, se han convertido en instrumentos permanentes para sostener el funcionamiento de los juzgados y tribunales", han argumentado desde la Administración autonómica.

Así, han detallado que en los últimos 10 años se ha pasado de contar con 38 refuerzos en 2015, a los que se destinaba 1,45 millones de euros a contar con 438 refuerzos en 2025, a los que se destinaron 17 millones de euros.

"Estamos corrigiendo una disfunción heredada de la etapa del Botànic, en la que solamente se creaban plazas cuando se creaba un nuevo órgano judicial y donde se recurrió a la figura del refuerzo para parchear la sobrecarga estructural de muchos órganos judiciales; en estos 8 años se multiplicó por 10 el número de refuerzos en los juzgados y el importe destinado", ha criticado Martínez.

Reducir la temporalidad y avanzar en eficiencia

En este sentido, desde la Generalitat han reivindicado que la Conselleria de Justicia está adoptando diferentes medidas para reducir la temporalidad y avanzar en eficiencia, además de estabilizar estas 200 plazas de refuerzos.

Y han resaltado que ha logrado reducir de 25 a 8 días el tiempo medio para cubrir plazas temporales en los juzgados a través de un nuevo sistema de gestión de la bolsa de empleo que se activó en noviembre, y que permitió en una primera fase cubrir en 3 meses más de 250 plazas con mayor agilidad.

Asimismo, este año también se ha avanzado en la estabilización y consolidación de la plantilla del personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Valencia. En concreto, durante el último año, se han realizado las actuaciones necesarias para crear 6 plazas estructurales de psicólogos, 6 de trabajadores sociales, tres de médicos forenses, un facultativo, dos gestores y cuatro tramitadores, además de estabilizar dos plazas de médicos forenses.