VALÈNCIA (EP). El pleno del Consell ha acordado este viernes autorizar a la Abogacía de la Generalitat a presentar un recurso contra el real decreto del Gobierno que ha puesto en marcha el proceso de regularización "masiva" de migrantes en España.
Mediante esta autorización se autoriza a la Abogacía a interponer "todas las medidas legales que estime", así como a solicitar medidas cautelares para suspender la aplicación del proceso de regularización.
Así lo ha explicado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en su comparecencia tras el pleno del gobierno valenciano respecto al real decreto que entró en vigor el pasado 16 de abril, con plazo de presentación de solicitudes por parte de los migrantes abierto hasta finales de junio.
Barrachina ha denunciado que este proceso afecta a la organización, a la financiación y a la prestación de los servicios autonómicos; "especialmente los servicios sociales y también la sanidad y la educación, y lógicamente la presión sobre las viviendas".
"El Consell considera que la política migratoria debe ejercerse de forma ordenada, legal y de conformidad con la capacidad de acogida, sin menoscabar a las personas residentes en la Comunitat Valenciana", ha argumentado.
Además, se ha quejado de que el coste de la regularización para las administraciones autonómicas y los ayuntamientos es "desconocido", así como que el Gobierno no ha establecido "compensaciones económicas" para estas instituciones: "Ni siquiera tenemos conocimiento de una memoria económica".
En concreto, la Abogacía podrá así interponer acciones judiciales contra el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Esta norma estatal introduce modificaciones en el régimen reglamentario de extranjería, residencia, arraigo, integración social, habilitación provisional para residir y trabajar, autorizaciones por circunstancias excepcionales y tramitación de determinados procedimientos administrativos.
El Consell entiende que la aplicación de esta norma puede incidir, de forma directa o indirecta, en ámbitos materiales de competencia de la Generalitat, así como en la organización, planificación, financiación y prestación de servicios públicos autonómicos en materia de igualdad y atención a personas migrantes, servicios sociales, sanidad, educación, vivienda, protección de menores, inserción sociolaboral e informes de integración social. Considera que la incidencia tiene un carácter transversal y podría afectar a materias gestionadas por varios departamentos, lo que hace necesaria una respuesta colegiada por parte del ejecutivo autonómico con el fin de atender una posición jurídica común.
La acción para la que se autoriza a la Abogacía General de la Generalitat podrá suponer la presentación de un recurso contencioso-administrativo para la impugnación de la totalidad del real decreto o, subsidiariamente, de aquellos preceptos, disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias o finales que estime jurídicamente procedente impugnar, atendidos los informes técnicos y jurídicos incorporados al expediente.
Al mismo tiempo, el Consell autoriza a la Abogacía a solicitar la suspensión cautelar de la totalidad o de parte de las disposiciones impugnadas, así como cualesquiera otras medidas cautelares o cautelarísimas necesarias para preservar la efectividad de la resolución judicial que pudiera recaer y evitar perjuicios de difícil o imposible reparación para la Generalitat, sus servicios públicos o el interés general de la Comunitat Valenciana.
