VALÈNCIA. La Abogacía de la Generalitat Valenciana ha presentado su escrito de calificaciones por el caso del fraude en las subvenciones protagonizado por el hermano del expresident Ximo Puig, Francis Puig. La administración pide para él cuatro años de cárcel y le imputa los delitos de falsedad documental continuada y estafa agravada -en su defecto, apropiación indebida agravada-.

Francis Puig y su socio Juan Adell Bover van camino del banquillo por haber creado un supuesto clan de productoras audiovisuales que recibieron subvenciones de manera irregular de varias administraciones públicas, entre ellas la Generalitat Valenciana. La Fiscalía solicitó para el primero una pena de cuatro años de cárcel, misma solicitud que ahora ha hecho la Abogacía de la Generalitat en el escrito presentado al juzgado de Instrucción 4 de Valencia.

El pasado mes de febrero, el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Valencia dictó el auto de incoación de procedimiento abreviado contra los dos investigados, administradores de las empresas Comunicacions dels Ports y Canal Maestrat. Ambas empresas habrían percibido de manera irregular subvenciones para el fomento del valenciano de la Generalitat entre los años 2015 y 2018. Para ello, según los indicios aportados por el magistrado, se habrían empleado facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios o actividades no relacionadas con las subvenciones para obtenerlas.

Por ello, la Abogacía de la Generalitat ha solicitado formalmente la apertura de juicio oral contra ambos empresarios por su presunta participación en el fraude, utilizando sociedades vinculadas -algunas de ellas consideradas ficticias- para simular gastos y presentar facturación falsas, duplicada o no subvencionable con el fin de incrementar de forma ilícita las ayudas recibidas.

Para Adell Bover, la Abogacía solicita tres años de prisión por falsedad en document mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada por "cooperación necesaria" en los delitos cometidos por el hermano del expresient de la Generalitat.

La Generalitat Valenciana reclama además una indemnización de casi 90.000 euros a Francis Puig, como administrador de la productora Masmut Produccions, mientras que reclama una indemnización solidaria de casi 75.000 euros a ambos investigados por las facturaciones cruzadas entre sus respectivas empresas.