MADRID/VALÈNCIA (EP). El Consejo General de la Abogacía Española pide a la Generalitat que resuelva los problemas del nuevo modelo de tribunales de instancia. Así lo ha expuesto el presidente de este organismo, Salvador González, en la reunión que ha mantenido este martes con la consellera de Justicia del ejecutivo autonómico, Nuria Martínez, para analizar el estado de la implantación de los tribunales de instancia en la Comunitat Valenciana.
En el encuentro, celebrado en la sede de la Abogacía en Madrid, la presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía, María del Mar García Calvo, ha reiterado "sus preocupaciones" sobre dicha implantación, además de señalar que aunque "valora la escucha activa" que se está teniendo desde la Conselleria, ha insistido en que "se solucionen los problemas asociados a la implantación de este nuevo modelo, en particular el acceso de la abogacía al nuevo expediente digital".
También han abordado la situación de la asistencia jurídica gratuita, especialmente los retos que debe abordar la nueva Ley que se está elaborando para sustituir a la actual, que cumple este año tres décadas desde su aprobación en 1996. El presidente de la Abogacía ha subrayado "la importancia de que todas las comunidades autónomas participen en la elaboración de la nueva norma para que sea aprobada por consenso en beneficio de la ciudadanía, la justicia social y el Estado de derecho".
Por su parte, la presidenta del Consejo Valenciano ha trasladado a la consejera el reconocimiento en materia de justicia gratuita, por la puntualidad en los pagos y el abono de los MASCs; sin perjuicio de la necesidad de mejorar los baremos establecidos.
Por su parte, la consellera Martínez ha manifestado que en 2024 destinaron "56,6 millones de euros a los consejos de los colegios profesionales para asegurar que cualquier persona en la Comunitat Valenciana tenga acceso a la asistencia jurídica, con independencia de su nivel de ingresos". Por ello, reivindica que la Comunitat Valenciana es "una de las autonomías más comprometidas con el acceso universal a la justicia".
Por otra parte, Martínez ha destacado la actividad de los profesionales del sistema de Justicia Gratuita por gestionar 214.289 asuntos en 2024. "Esta cifra evidencia el elevado volumen de trabajo que asume el colectivo y la necesidad de seguir mejorando sus condiciones de prestación y compensación económica", ha detallado.
La consellera ha abordado el impacto de la Ley Orgánica 1/2025 que introduce los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) y ha defendido la necesidad de que "estos nuevos mecanismos vayan acompañados de una financiación suficiente y estable en el ámbito de la Justicia Gratuita, para evitar que recaigan exclusivamente sobre el esfuerzo de los profesionales y garantizar su correcta implantación".
Situaciones de emergencia
Finalmente, en el encuentro se han repasado las situaciones originadas por los últimos desastres climáticos en la comunidad. Respecto a ello, González ha sostenido "la necesidad de regular las suspensiones de plazos procesales en situaciones de emergencia y de contar con protocolos que den seguridad jurídica en este tipo de situaciones".
"Es algo que llevamos tiempo reclamando para salvaguardar los derechos de la ciudadanía cuando los abogados y abogadas encuentran dificultades de fuerza mayor para ejercer la defensa", ha afirmado.
