VALÈNCIA. La Agencia Tributaria Valenciana (ATV) dejará de tener la obligación de notificar por carta la inclusión de oficio en su sistema de notificaciones electrónicas. La Generalitat Valenciana trabaja en un cambio normativo para agilizar este proceso y, entre otras cuestiones, evitar el gasto que supone el envío de estas misivas a los contribuyentes, que supera el medio millón de euros en los últimos cuatro años.
Se trata de una reforma del decreto de regulación de las notificaciones y comunicaciones de la ATV que actualmente se encuentra en trámite de audiencia ciudadana. Hasta ahora, si este organismo quería incluir de oficio a una persona o entidad, debía comunicarlo a través de "medios no electrónicos". La operativa, no obstante, ha tenido un resultado más que cuestionable para la Generalitat: más de un tercio de las 62.204 notificaciones efectuadas en el periodo 2022-2025 han resultado infructuosas.
Este elevado porcentaje de comunicaciones fallidas obliga a la Administración a buscar "domicilios alternativos en un altísimo número de casos" y a continuar el procedimiento por una "notificación por comparecencia". El coste económico de ello es elevado: las notificaciones en papel han supuesto un gasto de alrededor de medio millón de euros durante este periodo, "y el de las infructuosas, de más de 170.000 euros".
De hecho, más de 190.000 personas jurídicas han tenido algún movimiento en el sistema de gestión de la ATV, pero apenas un 18% de las mismas ha logrado entrar en el censo de notificaciones electrónicas. La Generalitat calcula que, si todas ellas hubieran tenido que incorporarse mediante el procedimiento actual, el coste de las comunicaciones postales podría "haberse elevado por encima del millón y medio de euros", mientras que el gasto en notificaciones infructuosas superaría el "más de medio millón de euros".
Por ello, desde la Conselleria de Hacienda señalan a este periódico que la intención es hacer más efectiva la inclusión de estos agentes y que el proceso resulte más rápido y económico: "Ya no se notificará en papel de forma generalizada por defecto, solo se hará en caso de no acceso al sistema".
En este sentido, con la nueva fórmula dibujada por el Consell la inclusión en el censo se hará de manera automática desde la primera notificación electrónica que sea aceptada o pueda entenderse como rechazada. De esta manera, "el papel pasa a ser residual" y "se evita que por rechazo no se incluya" a un contribuyente, destacan desde la Conselleria de Hacienda.
Eso sí, las personas que hayan sido obligadas a entrar en este censo, podrán dejar de formar parte del mismo una vez "dejen de concurrir las circunstancias que determinaron su inclusión". Para ello, deberán solicitarlo expresamente a través de la sede electrónica de la Generalitat Valenciana. La ATV dispondrá de dos meses para resolver la solicitud. Si transcurre ese plazo sin respuesta, el contribuyente podrá entender estimada su petición por silencio administrativo positivo.
Por otra parte, la reforma legislativa planteada también cambia el decreto para impedir la salida del sistema de notificaciones de aquellas personas que entraron de manera voluntaria pero que actualmente están obligadas a permanecer en el mismo. El decreto estará 15 días naturales en proceso de audiencia ciudadana a contar desde el pasado sábado.
