VALÈNCIA. Fumata blanca. La Comisión Europea ya tiene lista la valoración de la solicitud que hizo el Gobierno de España para acogerse al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea a raíz de los estragos provocados por la Dana de hace casi un año. La catástrofe devastó numerosos municipios de la provincia de Valencia, especialmente en la comarca de l'Horta Sud, y la reconstrucción ecomómica, social y de infraestructuras se ha hecho, hasta ahora, a cargo de los presupuestos del Gobierno central y la Generalitat Valenciana. Ahora, la Comisión tiene previsto dar respuesta a la solicitud de España para optar a fondos que ayuden a esta recuperación.

El pasado mes de enero, y tras hacer una valoración de los daños materiales, el Ministerio de Hacienda formalizó ante el Ejecutivo comunitario la solicitud del mencionado Fondo de Solidaridad por valor de 4.404 millones de euros, una cantidad que superaba ampliamente el presupuesto total de la Reserva de Solidaridad y Ayudas de Emergencia, próximo a los 1.500 millones. En ese sentido, se espera que la cuantía finalmente asignada para la Dana sea bastante menor a la solicitada. En todo caso, según señalan fuentes consultadas por este diario, se tratará de "la mayor aportación del Fondo de Solidaridad" nunca hecha porque los daños son "incuantificables". No quisieron concretar la cifra pero se conocerá muy pronto, a principios del próximo mes.

El representante de la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria compareció este jueves en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para responder a la reclamación de una comisión de investigación de las asociaciones de víctimas. Al respecto, señaló que la Comisión no tiene competencias y derivó la cuestión al ámbito nacional o, en su defecto, al Tribunal de Derechos Humanos.

Por otra parte, explicó que el Gobierno comunitario "ha concluido la evaluación de la solicitud de España y se espera que la movilización del Fondo de Solidaridad se apruebe a principios de octubre". Se trata, en realidad, de una "propuesta de desembloso" que más tarde ha de remitirse a las "autoridades presupuestarias, en palabras del representante. Se llevará al Parlamento Europeo, donde se debatirá y votará; y al Consejo de la Unión Europea.

Por el momento, la Comisión ya aprobó un primer adelanto de 100 millones de euros en el mes de abril para hacer frente a las primeras actuaciones, pero esa cantidad, tal como insistió el propio organismo, "no prejuzga el importe final de la ayuda del Fondo de Solidaridad de la UE que vaya a concederse", porque esto "dependerá de la evaluación" del Ejecutivo europeo y "de la disponibilidad presupuestaria". La financiación puede utilizarse para restaurar infraestructuras esenciales como energía, agua, salud, educación o los sistemas de telecomunicaciones, así como para medidas de protección del patrimonio cultural o para operaciones de limpieza.

"La Comisión ha financiado varios esfuerzos en un programa de recuperación para las infraestructuras de la Comunidad Valenciana", señaló en este sentido el representante de la Comisión en el Parlamento Europeo, donde apuntó que la reconstrucción se hará "de acuerdo con la adaptación al cambio climático de la infraestructura y el apoyo a las pymes para que puedan recuperar su actividad rápidamente". Asimismo, declaró que uno de los principios de las acciones financiadas es "la reconstrucción pero mejor, para tener en cuenta futuras amenazas como las que emanan del cambio climático".

Además del Fondo de Solidaridad, también se podrá invertir en la Dana parte del Plan de Recuperación y Resiliencia. De hecho, la pasada semana el Consejo de Ministrios aprobó una adenda para responder a las consecuencias de la catástrofe en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía con 1.241 millones de euros. En ese sentido, cabe recordar que el propio Ministerio de Hacienda ya avanzó que la solicitud para el Fondo de Solidaridad podría sufrir variaciones a la baja si algunos de los gastos elegibles recibían financiación del Plan de Resiliencia, pues el reglamento establece que no se permite la doble financiación de las medidas.