ALICANTE. La comisión municipal de fiscalización sobre las presuntas irregularidades registradas en la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 echa a rodar de forma oficial. Ese foro de análisis político ha quedado constituido formalmente este lunes, en función de los términos acordados en el pleno extraordinario celebrado el pasado 5 de febrero, en una primera sesión en la que -como era previsible- se han evidenciado las distintas posiciones políticas entre el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), y los grupos que ejercen funciones de oposición -PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem- en lo que respecta al calendario de trabajo del análisis a desarrollar.
En esta línea, los representantes del PP han abogado por acelerar el desarrollo de las reuniones con el propósito de favorecer que se esclarezca lo sucedido con la mayor rapidez posible, según ha defendido el vicealcalde y presidente de la comisión, Manuel Villar. Es más, en este sentido, ha llegado a plantear que las sesiones de trabajo de la comisión se celebren con un periodicidad semanal, cuando lo habitual, en otras comisiones previas constituidas durante este mandato, es que esas sesiones se celebren cada quince días o, incluso, con una cadencia superior. Por su parte, los portavoces de los grupos del eje progresista que ejercen funciones de oposición, Ana Barceló, Rafa Mas y Manuel Copé, ha recriminado que se tratase de acortar ahora el trabajo de la comisión, cuando se ha tardado más de un mes y medio en formalizarse su constitución. En esta línea, han denunciado que el equipo de gobierno no adopte la misma celeridad en el funcionamiento de otras comisiones municipales en las que se trata de fiscalizar el funcionamiento de servicios públicos como el de la limpieza o el de la seguridad ciudadana, sobre las que se acumulan semanas e incluso meses de retraso.
Sea como fuere, no se ha llegado a precisar un calendario concreto, a la espera de que se pueda celebrar una próxima reunión convocada para este próximo viernes en la que se pretende que ya se haya facilitado al conjunto de grupos políticos la documentación solicitada respecto a los expedientes de subasta del solar, de la concesión de licencia de obra para la construcción de la promoción, así como todos los informes elaborados respecto a los adquirientes de los pisos y la posible participación de funcionarios en la toma de decisiones respecto a la ejecución del residencial. Incluidos los informes sobre los tres expedientes informativos incoados por el equipo de gobierno respecto a tres situaciones concretas: la posible participación de dos arquitectos municipales que compraron piso en la promoción (Francisco Nieto y Elsa Lloret); el papel que pudo jugar la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, que presentó su renuncia a ese cargo para regresar a su puesto como jefa del área de Contratación cuando se conoció que dos hijos y un sobrino suyos también habían comprado viviendas en Les Naus; y el seguido para comprobar si algún funcionario pudo tener un acceso indebido a la solicitud de liquidación del impuesto de la plusvalía respecto a esas viviendas antes de que trascendiese la controversia sobre la identidad de los compradores, a finales del pasado enero.
Al margen de ello, en esa primera reunión se ha planteado el listado de solicitudes de comparecencias que los distintos grupos consideran que deben producirse entre funcionarios municipales, cargos públicos, expertos de sectores profesionales vinculados con la promoción inmobiliaria y hasta funcionarios de la Conselleria de Vivienda. Es más, incluso se ha planteado que se llame a comparecer al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para que pudiese dar cuenta de los cambios introducidos en el decreto regulador de acceso a la vivienda pública promovidos por el Consell mediante la aprobación del decreto de diciembre de 2024, así como la presencia de la actual vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, entre otros.
Al margen de ello, los cinco grupos políticos con representación municipal han coincidido en la mayor parte de los nombres de esos comparecientes que consideran que deben ofrecer explicaciones respecto a los expedientes de enajenación del solar municipal y respecto a todos los aspectos relacionados con la concesión de la licencia de obra. Entre ellos, como ya había anticipado este diario, se incluye al alcalde de Alicante, Luis Barcala, a la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez (que presentó su dimisión después de que trascendiese que era una de las compradoras de los 140 pisos del residencial), así como los arquitectos municipales Francisco Nieto y Elsa Lloret, o la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman.
Además, también se ha solicitado que se cite a distintos técnicos municipales del área de Patrimonio, a los exfuncionarios (ya jubilados) que redactaron los pliegos de condiciones de la subasta, y a los responsables del Patronato de Vivienda que han participado en la cesión de cinco solares municipales destinados a la promoción de vivienda pública en el marco del Plan Vive, ya que la comisión no solo se centra en el caso de Les Naus, sino en el conjunto de acuerdos municipales destinados a la promoción de vivienda pública con el fin de evaluar la imparcialidad de su adjudicación.
Además, entre otros responsables políticos, los grupos municipales han propuesto igualmente la comparecencia del concejal de Urbanismo durante el pasado mandato, Adrián Santos Pérez; del exconcejal de Hacienda y Patrimonio, Toni Gallego en este mandato; del actual concejal de Vivienda, Carlos de Juan; y del actual concejal de Urbanismo, Toño Peral. Al tiempo, a propuesta de Vox, se ha planteado que también se cite al exalcalde socialista Gabriel Echávarri, al concejal de Contratación en el extinto tripartito, Natxo Bellido; y a la exedil de Hacienda, Sofía Morales. De igual modo, también se ha planteado que se llame a comparecer ante la comisión a los responsables del informe policial emitido tras la inspección girada a las viviendas de Les Naus para comprobar quién residía en ellas; al técnico responsable del Padrón Municipal, y al funcionario de la Conselleria de Vivienda que visó los 140 contratos de los pisos de la promoción, Roberto Palencia, entre otros.
Con todo, como ya ha informado este diario, solo estarían obligados a acudir a las sesiones de la comisión los funcionarios municipales, sin que tampoco queden forzados a responder necesariamente todas las preguntas que se les formulen.
