VALÈNCIA. La Comunitat Valenciana se sitúa a la cola del sistema de dependencia en lo que respecta a la aportación del Estado, que apenas sostiene el 20% del coste total, muy lejos de la comunidad autónoma mejor financiada. Esta reivindicación está sobre la mesa desde hace años, reclamada tanto por el actual Consell como por el Govern del Botànic. Sin embargo, pese a la insistencia, no han conseguido que el Gobierno central acorte la diferencia de una proporción condicionada por el fuerte uso por parte de los ciudadanos valencianos de la prestación por cuidado familiar frente al profesional, que recibe una mayor compensación.
Sin embargo, no todo recae en la preponderancia del mencionado modelo. Como apunta Fedea en el informe "Los retos del sistema de la dependencia en España", "las aportaciones de unos y otros muchas veces no responden a criterios observables y razonables". El calculo de la financiación pasa por una parte mínima que afronta el Estado, compensada con una negociación anual en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, a la que se suman fondos extraordinarios.
Entre las principales opciones que se incluyen en el sistema de la dependencia están los servicios profesionales, como la ayuda a domicilio, la teleasistencia, los centros de día y de noche y la atención residencial, así como distintas prestaciones económicas: la prestación vinculada al servicio, cuando no existe plaza pública disponible, la prestación para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, y la prestación de asistencia personal, orientada a facilitar una vida más autónoma. La elección entre unas u otras modalidades se concreta a través del Programa Individual de Atención (PIA) y depende tanto de las necesidades de la persona como del modelo de atención y la cartera de servicios de cada comunidad autónoma.
En 2024, el gasto total en dependencia en la Comunitat ascendió a 1.391,5 millones de euros. Esta proporción, como se apuntaba, sitúa a la autonomía por debajo de la media nacional, donde la aportación estatal media alcanza el 27%, y muy lejos de comunidades como La Rioja (39%), Castilla y León (37%) o Galicia (35%). Autonomías como Andalucía y Cataluña también reciben un mayor respaldo estatal, con un 35% y un 23% respectivamente, mientras que territorios como el País Vasco se sitúan en el extremo opuesto, con apenas un 15% de financiación por parte del Gobierno central. No obstante, ninguna de las 17 autonomías llega al porcentaje que realmente se esperaba tras la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que puso en marcha el modelo en 2006 bajo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Aunque la ley no menciona de forma directa una asunción del 50% de la financiación, sí apunta a la "corresponsabilidad de las mismas y un esfuerzo equivalente en su financiación" entre Estado y autonomía. Un compromiso que, 20 años después, no se ha materializado. "El sistema de financiación es complejo y fuente constante de tensiones entre el gobierno central y las comunidades autónomas. Originalmente se planteó una corresponsabilidad equilibrada, pero en la práctica las comunidades han terminado asumiendo entre el 60% y el 70% del gasto", reprocha Fedea en su análisis.
No obstante, el informe reconoce el notable aumento de la aportación general del Estado desde 2021, pasando del 16% al 27% en 2024 en la medida estatal. En el caso de la Comunitat Valenciana, en 2019, la financiación estatal apenas representaba el 11% del gasto total, con una aportación de algo más de 90 millones de euros sobre un presupuesto de 841,6 millones. En 2021, ese porcentaje se elevó al 15%, coincidiendo con el refuerzo de los fondos estatales tras la pandemia, y en 2024, como se apuntaba, ha alcanzado el 20%, con una contribución estatal que ronda los 278 millones de euros sobre un gasto total de 1.391,5 millones.
El peso del cuidado familiar
Como se apuntaba, uno de los factores que explica esta situación es la elevada utilización de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar. Este tipo de ayuda, concebida originalmente como una opción excepcional dentro del sistema, ha terminado adquiriendo un protagonismo notable en comunidades como la Valenciana.
El predominio del cuidado familiar tiene un impacto directo sobre la aportación estatal. Al tratarse de una modalidad menos intensiva en servicios profesionales, el coste reconocido por el sistema es menor, lo que reduce automáticamente la financiación que aporta el Estado. En la práctica, esto implica que una parte sustancial del esfuerzo real del sistema se traslada a las familias, especialmente a las mujeres, sin reflejarse plenamente en los presupuestos públicos.
En últimos años, además, se ha reforzado normativamente la excepcionalidad del cuidado no profesional, incorporándolo de forma explícita a los criterios de financiación. Una medida que, lejos de corregir los desequilibrios territoriales, ha terminado consolidando un modelo que penaliza a las comunidades donde este tipo de prestación tiene mayor peso.
La espera de la dependencia
Uno de los problemas más persistentes del sistema de dependencia es el denominado limbo de la dependencia, la situación en la que se encuentran las personas que, pese a tener reconocido su derecho a una prestación, no llegan a recibirla en un plazo razonable. Según el informe de Fedea, este limbo alcanzó su máximo en 2015, cuando llegó a afectar a cerca de 385.000 personas en toda España. Aunque en los últimos años se ha producido una reducción significativa gracias al incremento de la financiación estatal y al Plan de Choque iniciado en 2021, a finales de 2024 todavía permanecían en esta situación más de 118.000 personas, lo que representa en torno al 7% del total de personas con derecho reconocido.
El análisis advierte además de una fuerte desigualdad territorial en los tiempos de espera, tanto en la valoración del grado de dependencia como en la aprobación y ejecución del PIA. Si se suman las personas pendientes de valoración, las que esperan la resolución del PIA y aquellas que, aun con el PIA aprobado, todavía no reciben la prestación asignada, la cifra total de personas en espera supera las 286.000 en el conjunto del Estado. Fedea subraya que estos retrasos no son solo un problema administrativo, sino una cuestión de equidad básica, ya que el acceso efectivo a la dependencia depende en gran medida de la comunidad autónoma de residencia y de la capacidad de cada sistema autonómico para gestionar la demanda.
El modelo de dependencia, 20 años después
Cuando el sistema de dependencia se aproxima a su vigésimo aniversario, Fedea advierte de que, pese a los avances, persisten problemas estructurales de financiación y equidad territorial. En este sentido, alerta de que la descentralización ha dado lugar a 17 modelos distintos de atención, con diferencias notables en tiempos de espera, intensidad de las prestaciones y esfuerzo financiero. Además, España continúa destinando entre el 0,9% y el 1% de su PIB a los cuidados de larga duración, una cifra muy inferior a la media de la OCDE y muy alejada de los niveles de los países del norte de Europa.
La fundación subraya que el sistema se sostiene en gran medida gracias a un coste invisible: el cuidado informal que asumen las familias y que no computa como gasto público. Si este esfuerzo se monetizara, el gasto real en dependencia se acercaría mucho más a los estándares europeos. Sin embargo, esta carga sigue recayendo sobre los hogares, sin una compensación equivalente en términos de financiación estatal.
La estadística oficial recoge la participación del usuario en los precios públicos, pero ignora el inmenso esfuerzo privado que realizan las familias cuando, ante la falta de plazas públicas, deben contratar servicios privados utilizando una Prestación Vinculada al Servicio (PEVS) - a la que se opta cuando no se encuentra un servicio óptimo en la oferta pública y concertada- y que no cubre el coste real del mercado. "Cuando se incluye este gasto "de bolsillo", la aportación privada se dispara hacia el rango 35-40%, revelando un sistema menos público de lo que aparenta", señala el informe.
