MADRID (EFE). Las cantidades aportadas por el Estado a la Comunitat Valenciana se verán reducidas este año un 9,14 % por incumplir los objetivos de mejora de la atención en relación al empleo, lista de espera y calidad de los servicios, aún pendientes de aprobación.

Las comunidades que menos porcentaje de inversión aportaron en el gasto total en dependencia en 2025 fueron La Rioja (el 59,8 %), Castilla y León (63,3 %), Andalucía (66 %) y Galicia (67,1 %); las que destinaron un mayor porcentaje fueron País Vasco (85,3 %), Navarra (81,4 %) y Baleares (81,3 %).

Son datos recogidos por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales en un informe que muestra que la inversión pública en atención a la dependencia ascendió a 13.734 millones de euros: el gobierno central financió el 27,4 % (un 8 % más que en 2024) y las comunidades el 72,6 % (aumentó el 6,5 %).

El gasto anual medio por beneficiario fue de 8.417 euros, de los cuales la administración general del estado aportó 2.306 en concepto de nivel mínimo de protección y las Comunidades Autónomas 6.111 euros.

La comunidad con mayor cantidad económica por persona beneficiaria es País Vasco, con 14.384 euros anuales, y duplica el gasto de la que menos invirtió, que fue Aragón con 7.159 euros al año.

Si se tiene en cuenta la inversión por persona potencialmente dependiente, la lista está encabezada por País Vasco (3.102 euros), Extremadura (2.757 euros), Baleares (2.632) y Navarra (2.578); a la cola se encuentran Galicia (1.490), Canarias (1.492) y Murcia (1.751).

También analiza la inversión por habitante que de media en España es de 280 euros: País Vasco (480 euros), Extremadura (411) y Castilla y León (388) son las que realizan la mayor, y la menor Canarias (179), Murcia (226) y Cataluña (247).

El estudio recoge que ocho regiones verán reducidas este año las cantidades aportadas por el Estado por incumplir los objetivos de mejora de la atención en relación al empleo, lista de espera y calidad de los servicios. aún pendientes de aprobación. Son Cataluña (perderá el 15,5 %), Comunitat Valenciana (9,14 %) Asturias (5 %), Extremadura (4,9 %), La Rioja (4,7), Cantabria (1,8) Aragón (0,6 %) y Comunidad de Madrid (0,3 %).

El presidente de la asociación de profesionales de servicios sociales, José Manuel Ramírez, reclama al Gobierno central aumentar la financiación al menos en mil millones cada año para que se reduzcan la lista de espera y se incrementen las cuantías de las prestaciones y las intensidades de los servicios.

Recuerda que el gasto público en dependencia supone el 0,8 % del PIB, la mitad de lo que dedican de media los países de la UE.

"Pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia, sin embargo después de casi 20 años la dependencia es un derecho pendiente, su potencial sigue sin desarrollar", concluye.