VALÈNCIA. Una de las empresas salpicadas por el 'caso Koldo' es la firma valenciana Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Una constructora radicada en Alberic algunas de cuyas adjudicaciones del Ministerio de Transportes, cuando lo dirigía José Luis Ábalos, están en el foco de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los agentes señalan a Ruz por su relación con el asesor del ministro, Koldo García, cuyas conversaciones revelarían la intención de que la constructora "fuera adjudicataria de distintas obras públicas".
Lo cierto es que, mientras el empresario habría maniobrado con los responsables del Ministerio para facilitar adjudicaciones en su favor, siempre según la UCO, en la administración autonómica valenciana, dirigida por el socialista Ximo Puig, no tuvo una especial penetración. Entre los ocho años que el PSPV encabezó el ejecutivo de la Generalitat Valenciana, la compañía fue adjudicataria de apenas una decenas de contratos por valor cercano a los 8,8 millones de euros, y siguió trabajando con el Consell pasadas las elecciones.
La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad que encabezaba Arcadi España, hoy secretario de Estado de Política Territorial, es la que más contratos acumula con cinco adjudicaciones a LIC, todas ellas a partir de 2020. El más suculento se le adjudicó en 2022 por la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), que le encargó, tras una licitación pública en la que resultó ganadora, la ejecución de las obras del proyecto de construcción de paso inferior de la Avenida Beniardá en una de las líneas del TRAM de Alicante.
En un principio, la compañía ganó el concurso público con una oferta de 5,3 millones de euros, pero más tarde se aprobó una modificación del contrato, según la plataforma de contratos de la Generalitat, que hizo encarecer la obra un 20%, lo que supuso finalmente un desembolso de más de 6,3 millones de euros por parte de la firma pública.
- Ximo Puig con Arcadi España. Foto: ROBER SOLSONA/EP
Las contrataciones con la empresa empezaron en 2017 con tres conctratos aquel año. Uno por parte del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), dependiente de la Conselleria de Igualdad que llevaba Mónica Oltra, por valor de 177.000 euros aproximadamente para obras de mejora en una residencia de Rocafort. Los otros dos los formalizó la compañía pública que gestiona la Ciudad de las Artes y las Ciencias: uno para obra de refuerzo estructural e instalación de un montacargas en el Museo de las Ciencias por 300.000 euros y otro para la mejora de la protección contra incendios en el Oceanográfic, en este caso por 380.000 euros.
El año 2018 solo se ha registrado un contrato, adjudicado desde la Conselleria de Agricultura para la renovación de la red de saneamiento en un municipio de Valencia por casi 41.000 euros, y en 2019 no obtuvo ninguna adjudicación de la administración valenciana. Al año siguiente, el año del Covid, sí ganó un contrato de la conselleria de España para implantar medidas correctoras de impacto acústico en la CV-30, por 222.000 euros aproximadamente, y un contrato de emergencia de Agricultura para las obras de conducción de un pozo en Caudete de las Fuentes. En 2021, otro contrato del Movilidad, para una actuación similar en la CV-30, 710.000 euros en este caso.
En 2022, la firma resultó adjudicataria de otros dos contratos. Uno, el que ya hemos mencionado, de FGV; y otro, de la Conselleria de Movilidad, para la permeabilización ciclopeatonal de la CV-31, una licitación que LIC ganó en UTE con las firmas Díez y Cía y Benageber con una oferta por 1,1 millones de euros. Y en 2023, hasta las elecciones de mayo, la firma obtuvo otro encargo para las obras del proyecto para el puerto de Santa Pola, por casi 580.000 euros.
