VALÈNCIA. La Diputación de Valencia ha de tramitar la revisión de oficio de los convenios suscritos en su momento con los respectivos ayuntamientos para la construcción, explotación y conservación, por parte de la empresa mixta Egevasa, de 31 depuradoras de la provincia. Lo tiene que hacer después de que el pasado mes de abril, el Tribunal Supremo inadmitiera los recursos a la anterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que obligaba a la corporación provincial a tramitar la revisión solicitada por Aqlara, una firma del sector de las infraestructuras hidráulicas.

La compañía exige que estos contratos salgan a licitación pública porque mediante los convenios se adjudicó a Egevasa directamente la construcción y explotación de estas instalaciones. Pero esta inicialmente era enteramente pública y se convirtió en una empresa mixta en 1999, cuando la Diputación sacó a concurso el 49% de la misma y lo adjudicó a Global Omnium (Aguas de Valencia). Al tratarse de convenios de duración indefinida con una empresa participada por una parte privada, Aqlara entiende que se estarían quebrantando las reglas del mercado y las obligaciones de concurrencia mientras que la Diputación defiende que estos convenios siguen siendo válidos porque la Diputación mantiene el 51% de Egevasa y porque aquella licitación legitimaría la adjudicación directa de las obras y la explotación de las depuradoras.

En este marco, Aqlara solicitó la revisión de los 31 convenios. Su desestimación presunta por parte de la Diputación hizo que llevara la cuestión a los tribunales, que en primera instancia, atendieron las pretensiones de la mercantil y falló la anulación de los convenios. Pero tras recurrir tanto la corporación como la empresa, el TSJ señaló que sólo cabía obligar a la corporación provincial a tramitar la solicitud de revisión, y que únicamente cuando la resolviera, se podría dictaminar sobre si es procedente anular los convenios. Ambas partes elevaron el litigio al Tribunal Supremo, que el pasado abril inadmitió sendos recursos, de manera que la sentencia del TSJ devino firme.

Así pues, el pasado mes de julio, el pleno de la Diputación acordó iniciar el proceso y solicitó un informe jurídico sobre "la admisibilidad" de la petición hecha por Aqlara, aunque decidió "mantener" por el momento los convenios porque "la suspensión de los mismos podría causar perjuicios de imposible o difícil reparación, dada su condición de servicio público esencial". A finales de noviembre, el juzgado solicitó a la Diputación que aclare "si ha dado íntegro cumplimiento al fallo de la sentencia", si bien por el momento, se desconoce la situación del mencionado informe.

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Desde la corporación provincial confirman que ya se ha iniciado el proceso para estudiar la revisión de los convenios pero insisten en que poner fin a estos convenios supondría incumplir el contrato que tiene la Diputación con Aguas de Valencia y recuerdan que la corporación trabaja desde el pasado mandato en un reglamento de servicios para dar amparo a los trabajos de estos convenios y regular aquellos servicios que puede prestar la Diputación a los municipios, entre ellos el de suministro de agua potable, mantenimiento de red, alcantarillado o depuración de aguas.

Las depuradoras que son objeto de esta disputa se encuentran en Losa del Obispo, Gestalgar, Alfauir, Bèlgida, Calles, Algar de Palància, Sellent, Cotes, Titaguas, Noveltlé, Llocnou, Benicolet, Gàtova, Montixelvo, Aras de Alpuente, Domeño, Dos Aguas, Salem, Higueruelas, Godelleta, Tous, Vallanca, Casas Altas, Casas Bajas, Requena (pedanías de Hortunas y la Portera), Cofrentes, Cortes de Pallás, Calles, Buñol y Vallés.

Los argumentos jurídicos de la Diputación en el convenio de la Generalitat

Como los convenios de marras, también estaba en cuestión el pasado mandato el convenio entre la Generalitat Valenciana y la Diputación de València para la gestión de decenas de depuradoras autonómicas por parte de Egevasa. Entonces, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), dirigida por Compromís, se propuso revisar el acuerdo, entre otras cosas por los motivos esgrimidos anteriormente, lo cual abrió una disputa con la corporación provincial, encabezada por el PSPV, y bloqueó la renovación del convenio. Con todo, ya se ha desbloqueado después de que el pasado mes de enero la corporación provincial, que ahora lideran el Partido Popular y Ens Uneix, aprobara el nuevo acuerdo con la administración autonómica.

El nuevo convenio, celebrado por la vicepresidenta de la Diputación y presidenta de Egevasa, Natalia Enguix (Ens Uneix), está amparado por un exhaustivo informe jurídico, que argumenta la procedencia de incluir las prestaciones del convenio en el contrato con Egevasa. Así, apunta que en las condiciones del contrato ya se explicitaba que la Diputación podía "ordenar" a la firma mixta "obras o servicios que resulten precisas" y que la modificación de los servicios se acordaría por la Diputación "siendo obligatoria para esta la decisión de la corporación".