VALÈNCIA. "Los hechos relatados no son constitutivos de infracción criminal alguna". Así de claro se ha pronunciado la Fiscalía en el caso del tratamiento de la menor que sufrió abusos por parte de un monitor, exmarido de la que fuera consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

Así pues, el Ministerio público ha remitido así al juzgado de Instrucción número 15, encargado de esta causa, un escrito donde pide la absolución tanto de la exvicepresidenta del Consell como de los otros 14 acusados y miembros del equipo de la Conselleria. Están acusados por, presuntamente, ocultar los abusos a la entonces menor, por los que el acosador, Luis Ramírez, fue condenado a cinco años de prisión, que cumple en la cárcel de Picassent.

El escrito de la Fiscalía expone literalmente que "no hay constancia" de que "nadie con responsabilidades a cualquier nivel de la Conselleria tuviera conocimiento" de los hechos ni "dirigiera orden, instrucción, consigna o indicación alguna" a ningún otro responsable o técnico "acerca de cuál debía ser su modo de proceder".

La postura manifestada por la acusación pública no ha pillado desprevenido a nadie: la propia Fiscalía rechazó recurrir el auto de sobreseimiento inicial dictado por el juzgado de Instrucción, que tampoco veía delito en los hechos constatados. El juzgado señaló que no se sostenían racionalmente las acusaciones contra la exdirigente de Compromís y el resto de cargos de su departamento.

Concretamente, apuntó que lo que en un principio pudieron ser indicios, ahora "se han desvanecido", "han decaído por completo" y son "meras sospechas, conjeturas o elucubraciones", por lo que el juez entendía que no había indicios de criminalidad y descartaba la comisión de los delitos de prevaricación administrativa, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos.

Sin embargo, fue la Audiencia Provincial la que, tras el recurso de las acusaciones, anuló el archivo de la causa y obligó a su reapertura. De manera que el juzgado dictó el auto de procedimiento abreviado "por imperativo legal", por lo que, en ese sentido, ahora tan solo le queda un camino: dictar la apertura de juicio oral. Aunque tendrá que decidir contra qué personas se ejerce la acusación. Todo, eso sí, pese al criterio contrario de la Fiscalía, que no aprecia actuación delictiva en las actuaciones de ninguno de los miembros del equipo de Oltra.

La Audiencia defendió que existía la hipótesis "plausible" de que cuando la noticia de los abusos llegó a la Conselleria de Igualdad, "las personas que tuvieron conocimiento de los hechos y bajo cuya protección y tutela se encontraba la menor, habrían pretendido ocultarlos".

La acusación particular, en representación de la víctima de los abusos, la dirige el presidente de España 2000, José Luis Roberto, que en sus escritos sostiene que el centro de menores donde se produjeron los abusos nunca comunicaron los hechos a la Fiscalía y tardó mucho en investigarlos e incluso, según expone, al comenzar las indagaciones judiciales, entorpecieron la investigación. Reclama tres años y medio de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación y contra la integridad moral.

Por otro lado, ejercen la acusación popular el partido político Vox y la asociación Gobierna-Te, dirigida por la polemista Cristina Seguí, que piden tres años y medio y seis años respectivamente.