La Generalitat convoca ayudas de hasta 2.000 euros por daños por la ocupación ilegal de casas

VALÈNCIA (EFE). La Generalitat ha convocado una nueva línea de ayudas destinadas a financiar los gastos derivados del asesoramiento jurídico profesional para el desalojo o recuperación de la posesión en caso de la ocupación ilegal de viviendas en la Comunitat Valenciana, hasta 2.000 euros por persona, así como para sufragar las posibles reparaciones de daños producidos en estos inmuebles.

La convocatoria de estas ayudas, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), cuenta con un importe global de 250.000 euros, que se podrá incrementar adicionalmente hasta los 750.000 euros, según un comunicado remitido por la Generalitat.

Así, se concederá hasta un máximo de 500 euros para financiar los gastos de asesoramiento legal necesario para recuperar la vivienda y hasta 1.500 euros por beneficiario para gastos derivados de la reparación de daños ocasionados en los inmuebles.

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha subrayado que esta nueva línea de ayudas tiene como objetivo prioritario "proteger a los propietarios de viviendas frente a la ocupación ilegal".

"Se trata de un nuevo paso para garantizar el derecho a la propiedad", ha añadido Camarero, quien ha explicado que esta medida se incluye también en las cuentas públicas de la Generalitat aprobadas para el ejercicio 2026, donde la dotación presupuestaria alcanzará el millón de euros.

En este sentido, desde el Consell "se pone a disposición de los propietarios un nuevo instrumento que combina una respuesta jurídica y económica, orientada a reforzar la seguridad jurídica, recuperar la confianza en el mercado de la vivienda y garantizar el derecho a la propiedad", ha indicado la consellera.

"Frente a una Ley de Vivienda del Gobierno de España que protege más al 'okupa' que al propietario, este Consell actúa con firmeza frente a la ocupación ilegal persiguiendo el delito, proporcionando seguridad jurídica y apoyando al propietario. Y todo ello, sin renunciar a las políticas sociales de acceso a la vivienda", ha puesto de manifiesto la vicepresidenta.

Podrán solicitar estas ayudas las personas propietarias o usufructuarias de una vivienda ubicada en la Comunitat Valenciana que haya sido objeto de ocupación ilegal, y que, a su vez, estén en posesión de la vecindad administrativa en la Comunitat Valenciana al menos con una antigüedad mínima de un año en el momento de presentar la solicitud.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 10 de septiembre y las personas interesadas deberán cumplimentar, preferentemente, un formulario disponible en la sede electrónica de la Generalitat y facilitar la documentación requerida en la convocatoria, como el título acreditativo de la titularidad o del derecho de usufructo sobre la vivienda objeto de ocupación ilegal; la acreditación de la ocupación ilegal mediante denuncia o demanda, así como un documento acreditativo del coste de los servicios profesionales solicitados.

Asimismo, Camarero ha asegurado que "la ocupación y la inquiocupación son síntomas de un problema mayor: la falta de vivienda", motivo por el cual, desde el Consell, "estamos actuando en todos los frentes. Esto es, construimos más vivienda, movilizamos suelo, apoyamos a los jóvenes en el acceso a la vivienda y protegemos a los propietarios".