VALÈNCIA (EP). La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha defendido la gestión del Consell en materia de dependencia y ha exigido al Gobierno central que "pague lo que debe y no perjudique ni penalice más a los valencianos y valencianas, mientras incrementa las desigualdades entre territorios".
Asimismo, la consellera ha asegurado que la reducción del nivel de financiación acordado para la Comunitat Valenciana "no responde a una mala gestión, sino a un modelo de financiación estatal insuficiente, desactualizado e injusto", al tiempo que ha criticado que el Gobierno "difunda datos provisionales basados en indicadores antiguos y actualmente en revisión que no miden el esfuerzo real, no reflejan la gestión del sistema y penalizan a comunidades que mejoran resultados".
Así lo ha indicado en un comunicado después de que la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales advirtiera este lunes que ocho comunidades autónomas, entre ellas la Comunitat Valenciana, verán reducida este año su financiación en dependencia por su "mala gestión al no cumplir con los objetivos de mejora de la atención vinculada a la financiación acordada". En el caso de la Comunitat Valenciana esta reducción será de 9,1 millones de euros, según la entidad.
Albalat ha subrayado que el Gobierno ha prorrogado durante tres años los presupuestos, "manteniendo la misma cantidad total para el nivel acordado que se asigna a la financiación de la dependencia". "Esto implica que si una comunidad recibe más, otra recibe menos, mientras no hay aumento real del fondo total. Por tanto, una reducción en la asignación no es un indicador de mala gestión", ha defendido.
En este contexto, la consellera ha expuesto cifras que "avalan" la gestión "eficaz y eficiente" del Consell en materia de dependencia, como la inversión de 1.474 millones de euros, "el dato histórico más alto en la Comunitat Valenciana y que supone 651 millones de euros más que hace tres años y un incremento del 79 por ciento asumido mayoritariamente por la Generalitat".
La consellera también ha explicado que, desde 2023, la Generalitat ha reducido la lista de espera en más del 27% y ha añadido que cerca de 190.000 valencianos y valencianas tienen ya reconocido este derecho en la Comunitat Valenciana "gracias al plan de choque implementado al inicio de la legislatura".
1.000 expedientes mensuales
Asimismo, el balance refleja una tendencia "al alza" en personas atendidas. "En lo que llevamos de año, hemos resuelto más de 3.000 solicitudes y hemos abonado 257,6 millones de euros, lo que significa que estamos respondiendo a más de 1.000 expedientes mensuales de media", ha resaltado la consellera.
Además, ha sostenido que la Comunitat Valenciana lidera la tramitación de expedientes de dependencia extrema y ELA. Para dar respuesta a estos casos de pacientes con enfermedades complejas, la Generalitat ha activado el reconocimiento del Grado III+, "un nivel pionero diseñado para garantizar cuidados profesionales especializados durante las 24 horas del día".
Para la consellera Elena Albalat, "estos datos confirman la recuperación del sistema de atención la dependencia y el esfuerzo del Consell para dar respuesta a personas y familias que necesitan un servicio o una prestación económica para hacer frente a su día a día".
La titular de Servicios Sociales ha considerado que estos datos reflejan el "esfuerzo" del Consell "pese a la infrafinanciación del sistema" y ha reiterado que la Generalitat "asume el 80% del coste mientras que el Estado solo aporta el 20%", por lo que ha lamentado que el Gobierno de España "incumpla el reparto equitativo que marca la ley".
Seis cartas
Del mismo modo, ha subrayado que desde que asumió el cargo de consellera en el Consell ha remitido seis cartas al Gobierno español "para abordar soluciones a la infrafinanciación y exigir el pago de 4.000 millones de euros que se adeuda a la Comunitat Valenciana".
Por último, ha destacado los resultados del plan de choque impulsado por la Conselleria para reforzar la tramitación de expedientes. Este plan, basado en la simplificación de los procedimientos administrativos y el refuerzo tecnológico, "ya ha comenzado a dar sus frutos" y, así durante el primer cuatrimestre de 2025 se ha registrado un incremento del 85% en el número de resoluciones respecto al cierre de 2024.
Además, esta medida incluye un plan de empleo temporal que ya se encuentra en ejecución y que contempla la incorporación progresiva de personal en Alicante, Valencia y Castellón para reforzar los equipos de valoración y agilizar la tramitación de expedientes.
