VALÈNCIA. Cuando se han cumplido más de 500 días desde la Dana del 29 de octubre de 2024, varios centenares de ascensores siguen pendientes de su reparación. Una problemática que deja a muchos vecinos de las zonas afectadas por la catástrofe sin un servicio que resulta esencial en casos como los de personas con movilidad reducida, familias con hijos pequeños o personas mayores con dificultades para subir escaleras. En casos extremos, la situación incluso provoca el aislamiento de los afectados en su propia vivienda.

Lo cierto es que la gran mayoría de los 7.500 ascensores dañados por la riada ya se han reparado o sustituido. No obstante, todavía quedan unos 300 a la espera de solución. Así lo cifró el comisionado de la Generalitat Valenciana por la Dana, Raúl Mérida, en una entrevista con este periódico que será publicada próximamente.

Mérida explicó que muchos problemas actuales son más legales que técnicos. En esta línea, aseguró que hay comunidades de propietarios que se han visto obligadas a cambiar su ascensor al completo, pero no se ponen de acuerdo para abordar este cometido. En otros casos, también ocurre que los vecinos han firmado un contrato con una empresa que no está cumpliendo los plazos previstos de reparación.

Falta de mano de obra cualificada y de repuestos

Durante la conversación, el comisionado tildó los ascensores como un problema de gran magnitud la noche del 29 de octubre, puesto que estas maquinarias están programadas para que, cuando vuelva la luz después de un apagón, bajen al foso por motivos de seguridad. "Hemos constatado que esto no funciona en caso de una inundación como la que vivimos. El resultado fue que miles de ascensores quedaron inutilizados", lamentó el comisionado. 

Es por este motivo que explicó que se está promoviendo un cambio en las dinámicas de programación de los ascensores. Al mismo tiempo, defendió que el Consell ha mantenido reuniones con las patronales del sector para ver cómo potenciar este arreglo, puesto que, desde verano de 2024, los técnicos del ramo en España precisan de una titulación especial para poder realizar su trabajo. Un extremo, detalló Mérida, que impedía poder traer técnicos de otras partes de Europa para agilizar estos trabajos y provocó que se impulsara un programa de formación para "habilitar técnicos cuanto antes".

Además de esta materia, el comisionado también pone de relieve la dificultad para contar con los suministros suficientes para abordar las reparaciones: "Desde el Covid-19 tenemos un problema generalizado de piezas de automatismos, tanto de ascensores como de vehículos, por ejemplo"

Un plan para agilizar la recuperación

Por otro lado, el comisionado explicó que la Vicepresidencia para la Recuperación y la Conselleria de Industria se encuentran trabajando actualmente en un plan que permita agilizar las actuaciones pendientes en esta materia. "La casuística es grande, pero estamos trabajando en modelos que prioricen el arreglo de los ascensores haciendo un seguimiento prácticamente semanal de los que quedan por arreglar. Es un tema que nos preocupa", apostilló Mérida.

Ayudas públicas

Tras la riada, el Gobierno central aprobó varios Reales Decretos-ley dentro del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento, que contemplan ayudas de hasta 36.896 euros por comunidad de propietarios para reparar elementos comunes de los edificios, incluidos los ascensores. En este caso, pueden acogerse a las ayudas los inmuebles situados en municipios declarados como "zonas gravemente afectadas", lo que ha dejado fuera de la convocatoria a muchas comunidades.

Respecto al Consell, el pasado mes de noviembre se aprobó una línea dotada con 10 millones de euros, ampliables con 5 millones más, para la reparación o sustitución de ascensores dañados en viviendas con personas con movilidad reducida. El Gobierno valenciano estimó en unos 300 los ascensores afectados en domicilios de este tipo.

Desde las entidades locales también se ha tenido en cuenta esta problemática. Por ejemplo, recientemente el Ayuntamiento de Paiporta aprobó por unanimidad la creación de una línea extraordinaria de ayudas municipales para "garantizar la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de la ciudadanía". La iniciativa contempla la realización de un estudio previo para determinar el número de ascensores afectados y la cuantía necesaria para su reparación, así como el establecimiento de criterios claros para la concesión de las ayudas. Además, se priorizarán los colectivos más vulnerables, como las personas mayores, personas con discapacidad o movilidad reducida y familias con menores.