VALÈNCIA (EP). La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha reiterado su exigencia al Gobierno de que "atienda y solucione" de manera urgente la situación de la dependencia en la Comunitat Valenciana y cumpla con su obligación legal de financiar el 50% del sistema.
Albalat ha vuelto a dirigirse por escrito a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, y al titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para insistir en la necesidad de mantener una reunión "conjunta e inmediata" para abordar esta situación, informa la Generalitat.
Además, ha subrayado que la Generalitat mantendrá esta reivindicación todos los meses mientras no se obtenga una respuesta por parte del Gobierno: "No pedimos privilegios, pedimos corresponsabilidad, igualdad de trato y el cumplimiento de la ley".
En el comunicado, Albalat defiende la necesidad de celebrar esta reunión para poner sobre la mesa el esfuerzo que está realizando la Comunitat Valenciana y para abordar la deuda acumulada, "que alcanza los 4.000 millones de euros", así como para avanzar hacia el cumplimiento del reparto 50/50 de la financiación del sistema. También reclama un trato equitativo respecto a otras comunidades autónomas que ya han alcanzado acuerdos con el Gobierno en esta materia.
"Tenemos la obligación de defender los derechos de cerca de 200.000 personas dependientes y de sus familias, que no pueden seguir esperando a que el Estado cumpla con lo que la ley establece", ha señalado la consellera, quien ha vuelto a manifestar la voluntad de diálogo y cooperación institucional del Consell.
Albalat ha trasladado la evolución reciente del sistema y ha puesto de relieve el esfuerzo realizado por la Generalitat para garantizar este derecho social. Según los últimos datos oficiales, correspondientes a noviembre de 2025, un total de 186.886 valencianos y valencianas tienen reconocido el derecho a una prestación por dependencia, un 9% más que el año anterior.
"Este crecimiento demuestra el compromiso del Consell por ampliar derechos y atender a más personas que nunca, pero también pone de manifiesto un desequilibrio financiero que no puede seguir sosteniéndose", ha concluido.
