VALÈNCIA (EP). La Generalitat ha publicado este lunes en el Diari Oficial (DOGV) el anuncio para someter a información pública el proyecto de decreto por el que se aprueban las directrices y criterios que han de regir el desarrollo del sector del juego en la Comunitat Valenciana.

Se trata de la norma por la que se va a planificar el desarrollo del sector del juego en los próximos años en lo relativo a la implantación de establecimientos y elementos de juego, "todo ello dentro de un marco de seguridad jurídica y de equilibrio entre la protección de salud pública, la libertad personal de acceso a esta forma de ocio y el libre ejercicio de la libertad empresarial", asegura la administración autonómica.

La base de las medidas recogidas en el proyecto se sustenta en el estudio sobre el impacto social y sanitario del juego en la Comunitat Valenciana, un informe coordinado por la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública que ha contado con la colaboración destacada de la Conselleria de Sanidad.

El análisis tiene en cuenta la situación epidemiológica y la prevalencia del juego problemático en la Comunitat Valenciana, junto con variables demográficas, niveles de renta y la evolución normativa. También evalúa cómo estos factores han incidido en el desarrollo del sector en el territorio valenciano y completa el diagnóstico con una comparación respecto a la evolución y el estado del juego en otras comunidades autónomas.

"Con este decreto damos cumplimiento a lo previsto en la Ley del Juego y establecemos un marco de planificación que permite ordenar el desarrollo del sector en la Comunitat Valenciana desde criterios de responsabilidad, equilibrio territorial y protección de la ciudadanía", subraya la directora general de Tributos y Juego, Inmaculada Domínguez.

Según los datos recogidos en el estudio, la prevalencia de juego problemático desciende en la Comunitat desde hace años, si bien sigue estando ligeramente por encima de la media española. De acuerdo a la Generalitat, este descenso es fruto del trabajo realizado por las unidades de prevención comunitaria de conductas adictivas y por las ONG, "recursos que son financiados anualmente por la Conselleria de Sanidad y en 2025, por primera vez, además de con los ingresos procedentes de sanciones en materia de juego que han afectado en parte a estas unidades de prevención".

Además, el análisis refleja que la Comunitat presenta una presencia de locales de juego por habitante superior a la media nacional en varios subsectores, lo que ha llevado al Consell a adoptar medidas de planificación para evitar un incremento de la exposición al juego, especialmente entre los colectivos más vulnerables, con el fin de minimizar riesgos asociados a la aparición de patrones de juego problemático.

Por tanto, las medidas adoptadas "se sustentan en un análisis riguroso del impacto del juego en la Comunitat Valenciana y permiten adoptar decisiones fundamentadas orientadas a evitar un incremento no deseado de la implantación de establecimientos".

Limitaciones a nuevas autorizaciones

El decreto mantiene la limitación a la concesión de nuevas autorizaciones de explotación de máquinas de tipo B o recreativas con premio en locales de hostelería, salvo en los casos de sustitución de máquinas existentes. La máquina sustituida debe ser destruida, "lo que garantiza la disminución paulatina del número de estas máquinas en establecimientos donde no existe control de admisión".

En cuanto a salones de juego, bingos y locales específicos de apuestas, se garantiza que no se incrementará su número en la Comunitat Valenciana, puesto que solo se concederán nuevas autorizaciones cuando sean consecuencia del traslado de otros establecimientos ya existentes.

En el caso de los salones de juego y los locales específicos de apuestas, las autorizaciones se concederán solo cuando el establecimiento para el que se solicite el traslado no cumpla las distancias mínimas establecidas por la ley respecto a determinados centros docentes o a centros de protección específicos para problemas graves de conducta de menores de edad.

"El objetivo es reducir la exposición al juego y reforzar las actuaciones de prevención y minimización de riesgos, especialmente en relación con los colectivos que requieren una protección reforzada, garantizando al mismo tiempo un desarrollo responsable de esta actividad", explica la directora general.

Evaluación periódica

El proyecto de decreto prevé la elaboración, por parte de la Conselleria de Economía, de un estudio sobre la situación del sector que permita evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y, en su caso, adoptar las medidas de planificación que se consideren necesarias. Este estudio se realizará como máximo cada cinco años.

El plazo se considera razonable porque permitirá evaluar los resultados obtenidos tanto por los planes de acción previstos en la estrategia valenciana integral de prevención y tratamiento del juego patológico como por los planes de inspección del juego impulsados por la Generalitat. Con ello, la administración autonómica pretende asegurar un seguimiento continuado del sector y ajustar sus políticas a la evolución de la realidad social y sanitaria.

El proyecto incorpora dos medidas adicionales destinadas a mejorar la gestión de los registros vinculados al control del juego. En primer lugar, se establece la baja automática en el Registro General de Juego de aquellos establecimientos de hostelería autorizados para instalar máquinas recreativas cuando hayan cambiado de actividad o lleven más de cinco años sin tener máquinas instaladas. Con esta medida se pretende depurar los datos del registro y adecuarlo a la realidad del sector.

En segundo lugar, el decreto fija que las inscripciones en el Registro de Personas Excluidas de Acceso al Juego tendrán una vigencia máxima de 20 años. El objetivo es garantizar que la información contenida en este registro se mantenga actualizada y continúe siendo eficaz como herramienta de protección para las personas vulnerables.

Toda la información se puede consultar en la web de la Conselleria de Economía, así como en el apartado de elaboración normativa del portal de participación de la Generalitat.