VALÈNCIA (EFE). El pleno del Consell tiene previsto aprobar el próximo martes autorizar a la Abogacía de la Generalitat para que se persone como acusación particular en la causa judicial abierta por estafa y falsedad contra dos empresarios castellonenses, uno de ellos hermano del expresident Ximo Puig, por supuestos delitos de falsedad y estafa.

Según han informado a EFE fuentes del caso, la Abogacía tramitará esta petición, tras haber recibido ofrecimiento de acciones penales como parte perjudicada, ante el Juzgado de Instrucción número 4 de València, que dirige una causa que se encuentra ya en su fase final antes del juicio oral.

El titular de ese juzgado dictó el pasado mes de enero un auto por el que acordaba incoar procedimiento abreviado contra los investigados Francisco Puig y Juan Enrique Adell, administradores de Comunicacions dels Ports SA y Canal Maestrat SL, respectivamente, en el marco de la causa en la que se investigan subvenciones de la Generalitat valenciana para el fomento del valenciano en medios de comunicación.

Esas subvenciones fueron percibidas por ambas empresas y Mas Mut Produccions SL (administrada también por el primero de ellos) entre los años 2015 y 2018.

El magistrado considera, a partir de la instrucción llevada a cabo, que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de estafa y falsedad documental

Se descartó finalmente la comisión del delito de fraude en las subvenciones porque la cantidad supuestamente percibida de forma indebida por los investigados y sus sociedades, en torno a unos 67.500 euros, no alcanza la cuantía de 120.000 euros que requería el tipo penal vigente en el momento de los hechos.

En su escrito de procesamiento, el juez instructor detalló los indicios que apuntan al uso por parte de los investigados de "facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios o actividades no relacionadas con las subvenciones para obtenerlas".

El trámite de procedimiento abreviado, previo al juicio oral, fue apoyado por la Fiscalía Anticorrupción, que tampoco observó la existencia de un delito de fraude de subvenciones sino una infracción administrativa, por los importes supuestamente percibidos por los procesados.

La investigación judicial partió de una querella presentada por el PP, que ha ejercido la acusación popular.