VALÈNCIA. La Generalitat quiere cambiar la forma en que elabora y revisa sus normas. Así lo recoge en la Ley 3/2026, de medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado, más conocida como Plan Simplifica II y publicada este jueves en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), incorpora un nuevo modelo de gobernanza regulatoria basado en la evaluación continua de las normas, el análisis de datos y el uso de inteligencia artificial. El objetivo, según recoge el texto, es avanzar hacia un sistema regulatorio "más simple, más eficiente, más transparente y más predecible", reduciendo las cargas administrativas que soportan ciudadanos y empresas y mejorando la calidad de la producción normativa.
La norma dedica el primer capítulo a las medidas frente a la hiperregulación e introduce un conjunto de herramientas dirigidas a revisar de forma permanente el ordenamiento jurídico valenciano. Entre ellas figuran la evaluación del impacto regulatorio antes y después de aprobar una norma, la estabilidad normativa, la simplificación de la legislación, el uso de un lenguaje claro y la creación de mecanismos para medir la carga regulatoria que genera cada disposición.
Inteligencia artificial para revisar el ordenamiento jurídico
Una de las principales novedades es la incorporación de herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos para revisar de forma sistemática la normativa autonómica. La ley prevé utilizar estas tecnologías para detectar duplicidades, contradicciones, normas obsoletas o cargas administrativas innecesarias y facilitar su modificación o derogación cuando hayan perdido utilidad. Según el propio texto, el objetivo es "identificar oportunidades de simplificación, detectar duplicidades, incoherencias o contradicciones y proponer mejoras en la calidad regulatoria" mediante un análisis continuado del ordenamiento jurídico.
La reforma incorpora también un buzón en materia regulatoria, a través del cual ciudadanos, empresas y organizaciones podrán comunicar cargas administrativas, proponer mejoras o señalar normas que consideren innecesarias o especialmente gravosas. Junto a ello, la Generalitat elaborará un cuadro de mando público de carga normativa y un sistema de rendición de cuentas para conocer la evolución de la regulación y evaluar periódicamente sus efectos.
"Una norma entra, una norma sale"
El nuevo modelo parte de la idea de que la calidad normativa debe evaluarse también por el impacto que genera sobre la ciudadanía y la actividad económica. Para ello, la ley establece mecanismos de evaluación ex ante y ex post del impacto regulatorio con el fin de comprobar si las normas cumplen los objetivos para los que fueron aprobadas o si, por el contrario, generan trámites innecesarios, duplicidades o cargas desproporcionadas. La finalidad es favorecer una regulación "basada en la evidencia" y sometida a un proceso de mejora continua.
Otra de las medidas más novedosas es la incorporación del principio de "una norma entra, una norma sale". Como regla general, la aprobación de un nuevo proyecto normativo deberá ir acompañada de la supresión o simplificación de, al menos, otra disposición de rango equivalente. La ley busca así contener el crecimiento del ordenamiento jurídico y evitar la acumulación de normas, al tiempo que obliga a refundir el contenido de aquellas disposiciones que hayan sido modificadas en varias ocasiones para mejorar su claridad y facilitar su aplicación.
Además, incorpora el principio de regulación directamente aplicable, para evitar desarrollos normativos innecesarios cuando una disposición pueda desplegar efectos por sí misma, y apuesta por reforzar la estabilidad normativa con el fin de reducir modificaciones constantes que puedan generar inseguridad jurídica. También impulsa el uso de un lenguaje claro para facilitar la comprensión de las normas por parte de ciudadanos y empresas.
Otra de las novedades es la creación de entornos de experimentación regulatoria (regulatory sandboxes), concebidos para ensayar nuevas soluciones regulatorias antes de su aplicación general. Estos espacios permitirán probar fórmulas regulatorias en ámbitos innovadores y adaptar con mayor rapidez la normativa a los cambios tecnológicos, económicos y sociales sin renunciar a la seguridad jurídica. Estos espacios permitirán aplicar "de forma controlada y temporal, marcos normativos flexibles a proyectos concretos", incluso con excepciones puntuales al cumplimiento de determinadas normas, siempre mediante autorización del Consell y bajo un protocolo que fijará las condiciones, garantías y responsabilidades de cada proyecto piloto. La norma subraya, no obstante, que estos entornos deberán respetar en todo caso los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, transparencia y protección de derechos.
