VALÈNCIA (EFE). La Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, ha adjudicado durante 2025 un total de 303 viviendas del parque público a familias en riesgo de vulnerabilidad social, de las cuales, 189 corresponden a la provincia de Valencia, 74, a la de Alicante y 40, a la de Castellón.
El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha resaltado “el gran esfuerzo que desde el Consell se está realizando por mejorar y ampliar el parque público” de la Generalitat, con el fin de ofrecerlo a las familias con mayores necesidades, según un comunicado del Gobierno valenciano.
Fernández ha resaltado los más de 33,27 millones de euros que la Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), ha destinado desde el inicio de la legislatura a la conservación y mejora de las viviendas que componen el parque público.
Del mismo modo, desde julio de 2023, la Vicepresidencia ha adjudicado un total de 1.043 viviendas de su parque público a personas con escasos recursos. De ellas, 530 han sido en la provincia de Valencia, 358, en la de Alicante y 155, en la de Castellón.
Fernández ha asegurado que disponer de una vivienda “es el primer paso para tener una vida digna, principalmente en aquellos colectivos con mayores dificultades. De ahí la necesidad y el esfuerzo de la administración pública para ofrecer el mayor número de inmuebles”, ha señalado.
De las 303 viviendas adjudicadas en este año, destacan las 189 destinadas a unidades de convivencia formadas por jóvenes menores de 35 años, 58 a mujeres víctimas de violencia de género, 52 a familias numerosas, 41 a familias monoparentales, 66 a personas con discapacidad y 27 se han cedido a familias que habían perdido su casa debido a una ejecución hipotecaria.
En estas adjudicaciones, una misma unidad de convivencia puede obtener varios puntos por contar con diferentes situaciones de vulnerabilidad.
Procesos de adjudicación
Vicepresidencia, a través de la EVHA, inicia el proceso de adjudicación de la vivienda cuando se encuentra en rehabilitación, para que una vez esté finalizada, la unidad familiar asignada pueda acceder a la mayor celeridad posible.
En este proceso de adjudicación resulta fundamental la colaboración de los servicios sociales municipales ya que son los primeros a los que acuden las personas con mayores necesidades.
Una colaboración que, según ha explicado Sebastián Fernández, “está dando frutos muy positivos y es un claro ejemplo de cómo hay que trabajar para dar respuestas efectivas a situaciones de necesidad de vivienda, tanto en casos de emergencia como de familias con dificultades para acceder a una”.
El secretario autonómico ha incidido en que la vivienda es “el punto de partida de la igualdad, del bienestar, del arraigo y de la prosperidad. De ahí que seguiremos trabajando para que cada valenciano y valenciana tengan un hogar y la Comunitat siga siendo una tierra de oportunidades”, ha subrayado.
A este respecto, Fernández ha hecho referencia a la puesta en marcha del Plan Vive impulsado por la Generalitat y que contempla la construcción de 10.000 viviendas de protección pública en esta legislatura.
De ellas ya están movilizadas más de 4.000, que se destinarán a primera vivienda para personas con límites de ingresos, además de reservar un 40 % del total para jóvenes, familias monoparentales o víctimas de violencia de género.