VALÈNCIA (EP). La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha criticado que el Gobierno de España haya planteado una "medida drástica" para reducir la temporalidad, pues considera que "esta medida debe hacerse con seguridad jurídica, plazos realistas y mecanismos que garanticen la continuidad del servicio público, no a costa de vaciar plantillas".
Así se ha pronunciado la consellera tras la última Conferencia Sectorial de Administración Pública, donde se ha presentado la propuesta de reforma normativa sobre la temporalidad en el empleo público, una propuesta con la que el Gobierno central busca fijar límites más estrictos a los nombramientos temporales y reforzar los controles sobre las administraciones, según ha indicado la administración autonómica en un comunicado.
"Somos absolutamente conscientes de que tenemos que avanzar hacia la estabilización de las plantillas y consideramos que es necesaria una reforma para acabar con la temporalidad, pero no en los términos que ha planteado el Gobierno", ha aseverado Martínez.
En este sentido, ha defendido que la Generalitat está "comprometida con la reducción de la temporalidad" y ha afirmado que están "haciendo los deberes". "En el último año hemos reducido más de 13 puntos la tasa de temporalidad, pero no se puede apoyar una reforma que pone en riesgo la prestación de servicios públicos esenciales", ha matizado.
Al respecto, ha advertido que la norma, tal y como está redactada, "podría dejar vacantes sin cubrir y generar graves problemas en centros de atención directa, residencias de mayores o servicios sanitarios".
"No nos sorprende la falta de diálogo del Gobierno, pues ya es una tónica habitual, pero no es normal que no consulten con las Comunidades Autónomas la viabilidad de una reforma que nos afecta directamente. Es otro acto de prepotencia institucional al que nos tienen más que acostumbrados", ha criticado Martínez.
La Generalitat ha detallado que, durante la sesión, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha explicado que con la nueva reforma se pretende cambiar el límite máximo de 2 años para interinos en vacantes, con cese automático, cuando ahora se establece en 3 años; la restricción de programas temporales a 2 o 3 años; aplicar compensaciones económicas y sanciones por incumplimientos y crear sistemas de información interoperables para controlar el cumplimiento por parte de las administraciones públicas.
Ante estas medidas, la consellera Nuria Martínez ha mostrado el rechazo del ejecutivo autonómico valenciano al régimen sancionador establecido por el Ministerio por resultar "desproporcionado" y plantear un "escenario viciado de base", en el que se contemplan sanciones sobre los funcionarios con responsabilidad sobre las políticas de personal.
Además, las compensaciones y sanciones comportarán compromisos económicos por parte de las autonomías que "no estaban previstos", por lo que se ha solicitado al Gobierno central información sobre la fuente de financiación de las posibles indemnizaciones derivadas de la aplicación de la norma.
"Necesitamos que el Gobierno sea claro con la carga financiera que va a suponer la reforma y plantee cómo se va a abordar. Bajo ninguna circunstancia podemos permitir que se dé la situación generada este año por otra norma como la LO 1/25, que en el caso de la administración de Justicia supondrá un desembolso por parte de las arcas públicas valencianas de alrededor de 50 millones de euros. Exigimos responsabilidad y compromiso económico", ha demandado la consellera.
