VALÈNCIA. Una de las múltiples líneas de investigación del 'caso Azud' mira a Estados Unidos. La causa judicial indaga en la presunta trama de comisiones urdida por el empresario Jaime Febrer con el propósito de obtener beneficios urbanísticos y que, según las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, implica al que fuera vicealcalde de València, Alfonso Grau. Los investigadores apuntan no sólo que el 'número dos' de Rita Barberá habría recibido un millón de euros para facilitar operaciones al Grupo Axis, propiedad de Febrer, sino que incluso habría utilizado a su familia para ocultarlo en Estados Unidos.
Allí, en Wisconsin, reside una de sus hijas, María Ángeles Grau, y su marido, el ciudadano estadounidense Kent Lawrence, ambos imputados en el caso Azud por su presunta participación en los delitos de blanqueo de capitales y de cohecho que investiga el juzgado de Instrucción 13 de Valencia. En ese marco, el matrimonio estaba citado a declarar a principios del mes de junio y los dos comparecieron a través de videoconferencia, si bien se negaron a colaborar con la investigación y se acogieron a su derecho de no declarar.
En uno de sus autos, la jueza constata que María Ángeles Grau "participaba activamente junto a su padre [...] en la trama de ocultación y posterior afloramiento del dinero ilícitamente obtenido por el pago de las citadas comisiones". Y según el relato judicial, mediante dos cuentas bancarias. Una de ellas, en la entidad JP Morgan, a la que el empresario realizó una transferencia por valor de un millón de euros. La jueza que instruye la causa sospecha que esta sería la mordida acordada con el entonces vicealcalde de València por haber "propiciado" las ocho operaciones urbanísticas bajo lupa.
El juzgado intentó seguir la pista del dinero de orígen presuntamente ilícito y reclamó a las autoridades estadounidenses el registro del domicilio de la hija de Grau. Según expuso el juzgado, "todo el dinero de procedencia delictiva ingresado en las cuentas tituladas en Estados Unidos" había "desaparecido sin saber su destino final en un mecanismo de integración en el circuito económico dentro del proceso de lavado de activos".
Por ello, la jueza no descartaba que ese cash estuviera oculto, como publicó Valencia Plaza, en la casa del matrimonio o en unos trasteros que este tenía alquilados, lo cual le permitiría disponer de él "en el momento preciso dados los problemas judiciales y las multas económicas a que se enfrenta en los procesos judiciales de España". Además, creía que podría haber "documentación en papel o en dispositivos electrónicos relevantes" en relación a la investigación de su padre.
La petición, sin embargo, no dio los frutos esperados. El país norteamericano respondió que la orden de registro no había podido llevarse a cabo porque, precisamente, Kent Baker (el marido de María Ángeles Grau) había dejado de alquilar los trasteros "y sacó cualquier propiedad de ellas" entre 2020 y 2023. No hay que olvidar que la detención de Alfonso Grau se había producido en mayo de 2021, cuando la Guardia Civil registró su vivienda y también la de su otra hija, Sofía Grau
- Detención de Alfonso Grau en València. Foto: MARGA FERRER
Por otro lado, más allá de la cuenta radicada en Estados Unidos, la jueza apunta a otra cuenta bancaria cuya titular era también María Ángeles, con su marido de autorizado, en la oficina de Valencia de Citibank. En ella, Grau realizó ingresos en efectivo procedente de presuntas comisiones entre 2006 y 2014, lo que habría permitido distraer unos 69.500 euros. El entonces vicealcalde realizó todos sus ingresos con importes inferiores a 3.000 euros para, según la jueza, "poder escapar de los controles financieros y administrativos".
La empresa patrimonial
Los ingresos en efectivo no eran la única vía para aflorar el dinero ilícito, según la jueza. Grau también habría operado "a través de compras de inmuebles" mediante la empresa familiar Edificio Familia 3000 dedicada al alquiler de locales comerciales, participada al 90% por el exdirigente popular y el resto, repartido entre sus hijas, María Ángeles y Sofía -esta última administradora única-. Con todo, la jueza considera que "quien realmente la creó y diseñó" fue el empresario Febrer.
Este habría llevado a cabo tanto su creación como la inyección de fondos que se acabarían empleando en "adquisiciones inmobiliarias a un precio muy inferior al real". Unas "maniobras", según la jueza, de las que habrían resultado "beneficiarios" tanto Grau como sus dos hijas.
