ALICANTE. La instrucción sobre las supuestas irregularidades detectadas en la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022. cobra un nuevo ritmo con próximas declaraciones entre investigados y testigos. Entre ellas, la titular del juzgado que instruye las diligencias ha acordado la citación de la exconcejala de Urbanismo de Alicante Rocío Gómez y la exdirectora general municipal María Pérez-Hickman, en calidad de investigadas, junto a otras 13 personas, en función de la solicitud cursada por la Fiscalía Anticorrupción que ha sido asumida por la instructora de la causa.
Según la providencia de la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, Gómez y Pérez-Hickman son dos de las 22 personas llamadas a declarar como investigadas entre el 8 de mayo y el 5 de junio, entre las que también figuran diez beneficiarios de las viviendas del complejo residencial. En concreto, la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez y la ex directora municipal de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondo, que ha regresado a su puesto como jefa del servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, deberán comparecer el 20 de mayo, junto al jefe de la Sección de Vivienda Protegida de la delegación territorial de Vivienda de la Generalitat Valenciana, Roberto Palencia. Se trata del funcionario -expedientado por la conselleria al advertir su supuesta conducta irregular- que visó los 140 contratos de compra de las viviendas de la promoción de la controversia, incluido el de su propia mujer, la arquitecta municipal Elsa Lloret. Palencia confesó, supuestamente, a un superior que la había "cagado" al destaparse las irregularidades en numerosos expedientes, según declaró uno de los técnicos de la Conselleria de Vivienda que comparecieron en el juzgado para prestar declaración en calidad de testigos peritos, el miércoles de la semana pasada.
Del mismo modo, la magistrada ha llamado a declarar al arquitecto municipal Francisco Nieto, que también compró vivienda en Les Naus, y que participó en las reuniones sobre el seguimiento del contrato de la subasta del suelo. Su comparecencia también está prevista para el próximo 20 de mayo, e igualmente, en calidad de investigado. En esa misma fecha y condición también deberá prestar testimonio el administrador único de la mercantil Fraorgi SL, Francisco O.G..
Diez compradores de los pisos
El resto de los diez investigados deberán prestar declaración el 5 de junio. Se trata de los adjudicatarios de las viviendas número 28, 42, 50, 52, 75, 101, 117, 139 y los dos beneficiarios de la 87 de la promoción investigada. Se trata de los socios cooperativistas que, según el último informe de comprobación elaborado por la Conselleria de Vivienda, no cumplían los requisitos económicos y patrimoniales para acceder a una VPP, o que no aportaron la documentación adicional que se les requirió para poder efectuar la evaluación de esas comprobaciones.
Entre esos diez investigados, figura la arquitecta municipal Elsa Lloret (la mujer del funcionario autonómico Roberto Palencia), así como la exinterventora de la Generalitat, Sira Pérez, que ahora vuelve a ejercer como tesorera en el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant. Se da la circunstancia de que las dos han comunicado su intención de renunciar a la vivienda adquirida, para lo que solo cabe la posibilidad de buscar un nuevo comprador interesado (lo que abriría la opción de que se ejerciese el derecho de tanteo y retracto por parte de la Conselleria de Vivienda o del Ayuntamiento de Alicante), o que se anulase el acuerdo de primera adquisición por sentencia judicial. Además, en ese listado de diez compradores de los pisos también figura el suegro de la exconcejal de Urbanismo.
Por último, la providencia de la jueza instructora incluye la citación de otras siete personas en calidad de testigos. Todos ellos están llamados a comparecer el próximo 8 de mayo. Entre ellos, figuran varios funcionarios municipales, como la jefa del área de Patrimonio, Paloma Romero, que emitió el primer informe de advertencia sobre la existencia de un supuesto conflicto de interés o incompatibilidad al comprobar la identidad de los compradores de los pisos en la última fase de evaluación del contrato de enajenación del solar municipal sobre el que se construyó la promoción. También se incluye al técnico de administración general de ese mismo departamento, Pablo Torregrosa, que también participó en la elaboración de esos últimos informes. Se da la circunstancia de que los dos declinaron su comparecencia ante la comisión municipal de fiscalización sobre la polémica, el martes de la semana pasada, aunque mostraron su disposición a emitir nuevos informes por escrito en el caso de que se les requiriese. Asimismo, se llama a declarar al jefe del departamento técnico de control de Obras, Antonio Faura, que tampoco participó en la comisión municipal en la sesión celebrada la semana pasada.
Junto a ellos, también se cita a cuatro funcionarios adscritos al Servicio Territorial de Vivienda que participaron en la elaboración de los informes de comprobación sobre los contratos visados por el jefe de Sección de Vivienda Protegida, Roberto Palencia, que ya ha regresado a su puesto de trabajo, aunque sin desempeñar funciones relacionadas con el visado del contratos, según precisan fuentes del departamento autonómico.
Comisión municipal
Entre tanto, la comisión municipal de fiscalización sobre las VPP de Les Naus celebrará este viernes su segunda sesión de trabajo, en la que está prevista la comparecencia de hasta cinco técnicos vinculados a la Concejalía de Urbanismo con el fin de que aporten explicaciones sobre el expediente de concesión de licencia para la construcción de la promoción. Entre ellos, se ha previsto la participación de Elsa Lloret.
No obstante, no está garantizada la asistencia de esos cinco funcionarios citados, toda vez que la participación en la comisión es de carácter voluntario, a diferencia de lo que sucede con las citaciones judiciales. De hecho, según fuentes municipales, ya se ha precisado que al menos dos de esos técnicos ha comunicado que no acudirá a la comisión.
Sea como fuere, se prevé que en esa comisión, su presidente, el vicealcalde Manuel Villar, aporte explicaciones sobre los motivos por los que no se precisó al conjunto de grupos políticos que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento el ofrecimiento de los dos técnicos del área de Patrimonio (Romero y Torregrosa) a aportar aclaraciones por escrito, tras sostener, este martes, que no se había ocultado ninguna información.
