VALÈNCIA (EFE). La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la Dana de 2024, en cuyas inundaciones murieron 230 personas en la provincia de Valencia, ha acordado este lunes prorrogar la instrucción seis meses más, a contar desde el próximo 30 de abril.

Así consta en un auto notificado a las partes este lunes, al que ha tenido acceso EFE, en el que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra expone que aún queda por oír a perjudicados, testigos y peritos cuya declaración ha sido acordada, así como por recibir informes y oficios.

También recuerda que está a la espera de que se puedan recuperar los guasaps y mensajes de Telegram de José Manuel Cuenca, el exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, del día de la Dana, y afirma que "no es descartable que una eventual aportación" de esos mensajes, que se producirá con posterioridad al vencimiento del plazo de instrucción, "pueda fundar la necesaria práctica de algún tipo de prueba relacionada con los mismos".

La instructora sostiene que la causa "es de gran complejidad y su objeto es de extrema gravedad", lo que ha exigido "la práctica de un gran número de pruebas", y su finalización "no es factible que tenga lugar en el tiempo que resta" hasta el 30 de abril, plazo en el que vencía tras la primera prórroga acordada.

La instructora abrió la causa al día siguiente de la tragedia, el 30 de octubre de 2024, inicialmente por los fallecimientos en su partido judicial, si bien desde finales de enero de 2025 pasó a centralizar todas las diligencias y desde marzo se dedica en exclusiva a esta causa penal sobre la gestión de la Dana.

Tras un año de instrucción, se acordó una prórroga de seis meses, hasta el 30 de abril de 2025, que ahora se ha vuelto a ampliar medio año más, como "una medida absolutamente inevitable al objeto de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las partes", señala la resolución.

Ante la jueza de Catarroja han declarado ya más de medio millar de testigos, principalmente familiares de las víctimas, pero también peritos, responsables políticos, trabajadores de Emergencias o ex altos cargos de Presidencia de la Generalitat, así como los dos imputados en la causa: la exconsellera de Interior Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso.

No obstante, en estos momentos están pendientes de acudir a Catarroja a testificar unas setenta personas sobre las que se ha acordado su declaración pero todavía no tienen fecha, entre ellos todos los alcaldes y alcaldesas de las zonas afectadas, así como más familiares de fallecidos o peritos.

Fuentes de las partes personadas en la causa consultadas por EFE han considerado que la instrucción será larga y probablemente se acordarán más prórrogas, y han considerado que el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia valenciano haya rechazado investigar a Mazón supone que la causa acabará llegando a juicio en la Audiencia Provincial de Valencia.

Sobre el futuro judicial de Mazón, han considerado que salvo que aparezca alguna sorpresa, como que Pradas tuviera guardado algún mensaje en el que diga que él le dio instrucciones sobre el envío del Es-Alert o que desde Estados Unidos se recuperaran los mensajes que cruzó el president con su jefe de gabinete, será complicado imputarle.

También han destacado que en mayo de 2027 toca celebrar elecciones autonómicas y si Mazón no repitiera en las listas del PP dejaría de estar aforado, momento en el que la jueza de Catarroja podría imputarle, aunque tras el auto del TSJCV conocido este lunes necesitaría "indicios fundados y serios" y suficiente "apoyo probatorio" sobre su actuación ese día para hacerlo.