ALICANTE. La instrucción sobre las supuestas anomalías detectadas en la gestión y compra de las 140 viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 avanza ahora con las primeras citaciones. La titular de la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha dictado una providencia por la que acuerda llamar a declarar en calidad de testigos el próximo 15 de abril a tres responsables de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat. Esos testigos son el director territorial de la Conselleria en Alicante, la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante y el secretario territorial adjunto de Vivienda.

Las citaciones se producen a instancias de la solicitud cursada por la Fiscalía Anticorrupción, que interpuso su propia denuncia a partir de las diligencias de investigación preliminar incoadas después de recibir hasta cuatro denuncias o manifestaciones de hecho diferentes relacionadas con las mismas anomalías: las presentadas por Sumar, por el grupo municipal del PSOE, por el Ayuntamiento de Alicante y por la Conselleria de Vivienda. Después fue una denuncia registrada directamente ante el juzgado de guardia por la organización Manos Limpias la que propició la apertura de diligencias judiciales, en las que se centralizaron todas las indagaciones previas, como ha venido informando este diario. 

En ese momento, la instructora emplazó a la Conselleria de Vivienda, al Ayuntamiento de Alicante y a la cooperativa que construyó las viviendas a facilitar copia de todos los expedientes relacionados con la construcción de esas viviendas, en función de la petición planteada por Anticorrupción. La jueza dio traslado del conjunto de esa documentación a la Unidad de Delicuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional con el fin de que elaborase un informe sobre la capacidad patrimonial del conjunto de los 140 adquirientes de los pisos.

Ahora, al margen de la citación de esos tres responsables autonómicos, la instructora también ha decidido librar un oficio al departamento de Vivienda para que manifieste si unos informes aportados a la causa en ese trámite previo de solicitud de documentación han sido elaborados exclusivamente por el secretario territorial adjunto de Vivienda o si ha sido auxiliado para ello por otros empleados públicos. En este segundo supuesto, la conselleria deberá identificar a esas personas y los cargos o puestos que ocupan en el organigrama institucional, según confirman fuentes judiciales.

Denuncia de Anticorrupción

Por el momento, no se ha adoptado ninguna decisión en la que se cite a declarar en calidad de investigados a ningún técnico, responsable político o cualquier otra persona que haya tenido relación con la construcción de los pisos objeto de la controversia. Como informó este diario, la denuncia registrada por Anticorrupción se dirige contra cinco personas en concreto. Se trata, en primer lugar, de la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez, que presentó su dimisión un día después de que trascendiese que ella era una de las socias cooperativistas que compró una de las viviendas de la urbanización, tras haberse inscrito en la cooperativa en 2018. 

En segundo término, la denuncia de Anticorrupción apunta a una primera funcionaria municipal: la jefa del área de Contratación, María Pérez-Hickman, que ya ocupaba ese puesto en el momento en el que se produjo la subasta del solar en el que se levantó la promoción. Pérez-Hickman también presentó su renuncia al cargo de directora general de Organización Interna para el que había sido seleccionada por el actual equipo de gobierno en mayo de 2024. Su decisión se precipitó horas antes que la de Gómez, puesto que también había trascendido que dos hijos suyos y un sobrino figuraban igualmente entre los compradores de pisos de Les Naus. En tercer lugar, Anticorrupción señala al arquitecto municipal Francisco Nieto, igualmente, socio cooperativista de Residencial Les Naus. 

En cuarto lugar, la denuncia incluye al administrador único de Fraorgi, la entidad gestora de la cooperativa Residencial Les Naus, Francisco Ordiñana. Se trata, igualmente, de otro de los socios de la cooperativa que adquirió uno de los pisos de la promoción, como también lo hicieron otros de sus máximos responsables, a los que Anticorrupción no incluye de forma expresa en su denuncia.

Y, por último, esa denuncia se dirige también frente al funcionario del Servicio Territorial de la Conselleria de Vivienda, Roberto Palencia, que visó los contratos de los 140 pisos de la promoción. Dicho funcionario fue suspendido de empleo y sueldo por la propia conselleria al constatar -en una segunda supervisión de los expedientes- que había validado el contrato de su propia esposa (que, además, trabaja como arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante) sin computar sus propios ingresos económicos (los de él) en el límite de renta que marca el decreto que regula el acceso a una VPP (54.600 euros, que pueden ampliarse en función de distintos parámetros, como tener hijos o mayores a cargo). Su información económica quedó omitida en el expediente de visado del contrato de su esposa, a pesar de que él formaba parte de la misma unidad familiar de convivencia.