VALÈNCIA (EFE). La jueza que instruye la causa penal por la gestión de la Dana ha dado un plazo de un día a la dirección de la radiotelevisión pública autonómica À Punt para que alegue "sobre las causas a las que obedece el retraso en la entrega de las grabaciones de imagen y sonido de la reunión del Cecopi" que se requirieron por el juzgado.
La instructora ha dictado este martes tres autos y una providencia, en los que entre otras disposiciones deniega de nuevo la petición efectuada por la acusación popular que ejerce el partido político Valores de citar a declarar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, como investigado, después de su reciente comparecencia como testigo.
A petición de otra de las acusaciones populares, la que ejerce Acció Cultural, reclama diversa información a Les Corts, a la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat, al Ayuntamiento de València y a la Diputación de Valencia sobre el servicio de teleasistencia y los usuarios del mismo fallecidos en las riadas del 29 de octubre de 2024.
Pregunta de nuevo a Emergencias por el consentimiento para identificar a funcionarios
Además, la magistrada ha vuelto a requerir a la Conselleria de Emergencias para que, en el plazo de tres días, le comunique si los funcionarios identificados en el informe realizado sobre las llamadas mantenidas el 20 de octubre entre el Centro de Coordinación de Emergencias y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) "prestaron su consentimiento" para ello y, en caso afirmativo, remita en ese plazo la documental donde conste.
Así lo traslada en una providencia, notificada ya a las partes, tras haber recibido el informe de la Conselleria de Emergencias, administración a la que había requerido para que, en el plazo de tres días, "identificara" a las personas del Centro de Coordinación y Emergencias que el día de la dana solicitaron a Aemet "ajustar la predicción a muy corto plazo en una cuenca o zona de la que se precisara conocer su evolución".
En el informe recibido, Emergencias manifiesta a la magistrada que en este documento "se recopilan todas las llamadas realizadas desde el Centro de Coordinación de Emergencias a AEMET para ajustar la predicción a muy corto plazo con indicación de las personas llamantes".
En este sentido, y dado que se efectúan "transcripciones de grabaciones de conversaciones, sin que conste que concurre el consentimiento de los funcionarios intervinientes en las comunicaciones", se acuerda requerir nuevamente a la Conselleria de Emergencias "para que, en el plazo de tres días, manifieste si dichos funcionarios prestaron su consentimiento, y en caso afirmativo, remita en ese mismo plazo la documental donde conste.
El informe de la Subdirección General de Emergencias recoge las llamadas realizadas desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat al Grupo de predicción y Vigilancia de la Agencia Estatal de Meteorología los días 28 y 29, con sus transcripciones, en las que se comenta la evolución de los avisos.
Asimismo, la magistrada ha unido a la causa el informe de Emergencias aportando las circulares sobre prevención de inundaciones de los meses de agosto de los años 2023 y 2024, y ha dado traslado a las partes y al Ministerio Fiscal.