VALÈNCIA (EFE). La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en Valencia ha acordado citar a declarar a tres testigos para esclarecer si el ofrecimiento de agentes medioambientales para la vigilancia de cauces y barrancos llegó al entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

La petición, a propuesta de la acusación que ejerce la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT), pretende determinar si Argüeso, investigado en la causa, conoció el ofrecimiento de este personal que hizo la Dirección General de Medio Natural a Emergencias.

La jueza señala que el informe elaborado por la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) sobre la trazabilidad de la comunicación de ofrecimiento de agentes medioambientales por parte de la Conselleria de Medio Ambiente certifica que la comunicación remitida por la Dirección General de Medio Natural y Animal, "no solo sí que llegó a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), de la que era director Argüeso, sino que fue abierto".

A la hora en la que fue recibida y abierta la comunicación, a las 12:25 horas del 29 de octubre, "quien gestionaba la emergencia era Emilio Argüeso", quien además "ostentaba la posición de garante" de que no se produjeran fallecimientos ni lesionados, señala en la resolución hecha pública este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

"A esa hora estaba declarada, desde las 7:45 horas, la situación 1 de emergencia para la Ribera Alta, y se había decretado la alerta hidrológica en el río Magro y en el barranco del Poyo, lo que supone situación 0 de emergencia para dichas zonas, y por tanto, la dirección del plan en las referidas áreas correspondía al señor Argüeso", añade.

La jueza cuestiona además a la defensa de Argüeso que parezca "nuevamente defender que la mejor argumentación exculpatoria es que los cargos que asumían la gestión de la emergencia estaban aislados, en una burbuja, en la que las previsiones de los demás no eran acertadas, no había información y los técnicos no aconsejaban o bien discutían largo y tendido entre ellos, que los funcionarios tampoco les transmitían nada, y que no les avisaron de las llamadas del 112".

Añade que lo decisivo es que el foco de peligro suponía una amenaza: "el desbordamiento de barrancos y ríos, una situación de riesgo que conllevaba una amenaza constante de desestabilizarse y que exigía un control específico".

A su juicio, "difícilmente se puede solicitar información de otros medios personales en una cuantía extraordinariamente elevada, como es el caso de los agentes medioambientales, cuando ni siquiera se solicita su colaboración, a pesar de ser un medio específicamente previsto en el Plan de Inundaciones".

Indica asimismo que la gestión de una emergencia de tal calibre requería la coordinación entre órganos de diversas Consellerias y la coordinación, descartada la atribución de dicha responsabilidad al presidente de la Generalitat en virtud de auto de 16 de marzo de 2026 del TSJCV, debía efectuarse por quienes tenían atribuida la gestión de la emergencia, la dirección del Plan: el secretario autonómico y la consellera, "funciones que implicaban la solicitud de recursos humanos a otros órganos".

La jueza señala asimismo que el director general de Medio Natural de la Generalitat, Luis Gomis, "cumplió sobradamente su labor" al poner a disposición de la Conselleria de Justicia e Interior y dentro de la misma a la AVSRE, dichos agentes medioambientales.

La instructora entiende que la petición de estas testificales está además "en consonancia con la resolución de la Audiencia Provincial de Valencia que acordó el análisis de la trazabilidad de la comunicación", y se hizo además por la defensa de Argüeso en su escrito inicial de petición de prueba.

La titular del juzgado de instrucción número 3 de Catarroja ha acordado también unir a la causa un mensaje por Whatsapp aportado este lunes por la jefa de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Patricia García, en su declaración en el juzgado como testigo y un informe del jefe de la Unidad de Bomberos Forestales de Pedralba.