VALÈNCIA. Los autos de la jueza encargada de la investigación de la Dana son cada vez más contundentes en relación a las responsabilidades de la Generalitat Valenciana en el envío tardío de la alerta a la población el pasado 29 de octubre. En uno de sus últimos autos, la magistrada ironiza sobre la aparente desonexión del centro de emergencias (Cecopi) aquella fatídica tarde y llega a decir que, a juzgar por la información recabada, parecía que en la reunión, "los presentes permanecían en una burbuja, aislados del mundo exterior".

El auto llega después de que la instructora escuchara las declaraciones como investigados tanto de la exconsellera de Justicia e interior Salomé Pradas y el ex 'número dos' de Emergencias Emilio Argüeso, así como de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que acudió al juzgado en calidad de testigo. De hecho, el auto se emite para rechazar la citación como investigada de Bernabé, solicitada por la asociación Liberum.

En él, deja claro que "quienes habían de tomar las decisiones", en relación a los responsables autonómicos, "manifiestan ser ajenos a las llamadas del 112, a las previsiones meteorológicas de la AEMET, a las comunicaciones sobre el estado y el caudal de los barrancos, ya fuera a través de correos o a través del SAIH, a los medios de comunicación, se afirma que no habían pantallas en la sala del Cecopi".

Así, señala que la reunión del Cecopi parecía ser un lugar donde "nadie poseyera teléfonos, en el que los técnicos no les informaban o lo hacían mal, y en el que eran igualmente ajenos a las decisiones de instituciones de tanta relevancia como la Universitat de València", que con la misma información meteorológica "decidió salvaguardar a los alumnos, trabajadores y profesores del grave riesgo".

Es aquí cuando la instructora señala que en el Cecopi parecía "que los presentes permanecían en una burbuja, aislados del mundo exterior, sin posibilidad de abandonar la sala y en el que el tiempo transcurría lentamente, demorándose la toma de decisiones, mientras el agua y el barro se desbordaba de los barrancos y de los cauces de los ríos, y en la que las llamadas de auxilio no traspasaban el umbral de la sala".

"Un lugar -insiste- en el que ninguna información les llegaba, ningún consejo acertado se les proporcionó y en la que, quienes entraban, perderían la conciencia o la memoria de la gravedad de la situación", apunta la jueza, que recuerda que, según los mensajes de Whatsapp aportados por Argüeso, dijo desde Carlet por un grupo interno que los barrancos estaban "a punto de colapsar". Todo ello, insiste el auto, "antes de entrar en el Cecopi a las 14:44 horas". "La alarma se lanzaba a las 20:11 horas", concluye el escrito.

"Evidente pasividad" y "gravísima inactividad" de la Generalitat

Por otro lado, la jueza considera "evidente", tras ver los listados de llamadas y comunicaciones aportadas por los investigados, que la Administración autonómica "concurrió una evidente pasividad ante una situación gravísima", ya que en el momento en que se lanzó la alerta a las 20:11 horas, ya se habían producido la práctica totalidad de los fallecimientos. Y agrega que los cruces de llamadas, en los momentos en que fueron atendidas, "no llevaron desgraciadamente a que se tomara ninguna decisión en el ámbito autonómico para salvar a la población".

Según el auto, la argumentación de Liberum para pedir la declaración como investigada de Bernabé se fundamentaba en "una supuesta corresponsabilidad autonómica y estatal" que "no se puede entender sino como exculpatoria de aquellos otros intervinientes, investigados en el presente proceso, a los que se atribuye supuestamente la responsabilidad", en referencia a Pradas y Argüeso. La instructora recuerda que la protección civil era competencia autonómica y que la emergencia nacional "ni se declaró estatalmente ni se propuso por la administración autonómica [...] de la que formaban parte los investigados", de manera que "existió consenso [...] en que no procedía la declaración", aunque insiste en que esta "no era precisa para alertar a la población y que se adoptaran las medidas de autoprotección".

En ese sentido, todo indica que la instructora ha vislumbrado en la solicitud una forma de poner el 'ventilador' para diluir la responsabilidad entre administraciones. "La voluntad de extender la responsabilidad a todas y cada una de las administraciones, a cualquier persona que ejerciera funciones en relación con la Dana, con mayor o menor relevancia decisoria o técnica, confluye con las argumentaciones" de Pradas y Argüeso y, dice el auto, "produce el efecto de degradar de hecho la gravísima inactividad de la administración autonómica valenciana con el resultado mortal", apartándose "del nexo causal y la posición de garante atribuible a los investigados".