VALÈNCIA (EFE). La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha emitido un auto en el que reitera su negativa a ordenar varias diligencias dirigidas a esclarecer los motivos por los que no se cortaron las principales carreteras aquel 29 de octubre de 2024, el día de las riadas.

Esta petición había sido formulada por la familia de un hombre que falleció en la autovía A-3, cerca de Chiva, donde quedó atrapado en un atasco.

La investigación que propone esta parte ya fue denegada tras la petición de otra acusación particular y dicha denegación fue confirmada por un auto de 3 de noviembre del pasado año por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, recuerda el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

Entre otras cosas, planteaba un requerimiento a la Dirección General de Tráfico, dependiente del Ministerio del Interior, para que aportase las grabaciones de las cámaras situadas en la A-3 en la provincia de Valencia entre las 6 y las 23 horas del 29 de octubre de 2024, así como el registro de paneles de mensaje variable, comunicaciones internas y actuaciones sobre dicho tramo.

La jueza, como ya sostuvo en la anterior ocasión en la que se planteó esta investigación, explica que "si por parte de las autoridades competentes en materia de protección civil no se lanzó una alerta a la población hasta 20:11 horas, con el contenido ya conocido, difícilmente se puede atribuir responsabilidad a los titulares de cualesquiera vías donde se produjeron los fallecimientos, no solo las estatales, sino las de titularidad autonómica o provincial".

De la situación de emergencia, conforme al Plan Territorial Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana, añade la instructora, se desprende que "las competencias en la protección civil son autonómicas durante las horas en que se produjo la emergencia".