La jueza del 'caso Azud' acuerda sobreseer la causa sobre Pepe Cataluña y otros 12 investigados

VALÈNCIA (EFE). La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de València ha acordado el sobreseimiento de la causa Azud sobre trece de los investigados, entre ellos el exresponsable de Finanzas del PSPV-PSOE José María Cataluña y el empresario Enrique Gimeno, en ambos casos al considerar que los hechos han prescrito.

Asimismo, ha acordado el sobreseimiento parcial de las actuaciones sobre otros 11 investigados, entre ellos el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar Juan José Moragues y el exconsejero delegado de Aguas del Júcar José María Marugán, al entender que "no ha quedado acreditada la participación de los mismos en los hechos objeto de investigación".

Según los autos notificados este jueves a las partes, a los que ha tenido acceso EFE, los otros investigados sobre los que se acuerda el archivo son Joaquín Vaño, Carmen Manzano, José Luis Camarero, María Dolores Cruz, Alfredo Fluixá, Juan Hermosilla, José Luis Miguel Belenguer, José Francisco Ripoll y María Asunción Albalat.

Todos figuraban como investigados en la pieza del caso Azud referida al desarrollo del PAI El Espartal, las gestiones para garantizar recursos hídricos y las posibles contraprestaciones irregulares o pagos vinculados a esas actuaciones, incluido el supuesto pago de gastos electorales del PSPV-PSOE por parte de un grupo empresarial en las campañas de 2007 y 2008.

También se investigaba su relación con empresas vinculadas a adjudicaciones de obra pública en el tramo E del trasvase Júcar-Vinalopó y otros hechos relacionados con la desaladora de Moncofa, así como si esa posible relación delictiva se prolongó más allá de 2007 y 2008.

Posteriormente, la jueza incorporó esa pieza a la causa principal de Azud, que investiga una supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas y operaciones urbanísticas en la Comunitat Valenciana y en la están imputados el abogado José María Corbín, el empresario Jaime María Febrer o los exconcejales de València Alfonso Grau y Rafa Rubio, para evitar duplicidad de procedimientos.

El ex responsable de Finanzas del PSPV-PSOE figuraba como investigado desde 2021 por supuestas comisiones irregulares vinculadas a adjudicaciones públicas y, en registros posteriores, la Guardia Civil encontró en su domicilio documentación sobre presuntas mordidas que podrían llegar al 6 %.

En cuanto a Enrique Gimeno, estaba investigado por pagos efectuados por dos empresas del Grupo Gimeno, que habrían asumido gastos electorales del PSPV-PSOE en las campañas de 2007 y 2008 que podrían obedecer al amaño de contratación pública.