VALÈNCIA (EP). La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la Dana ha rechazado una petición del ex secretario autonómico de Emergencias investigado en la causa, Emilio Argüeso, que había solicitado librar un oficio "reiterativo y aclaratorio" para que la Conselleria de Emergencias identificara y certificara "de forma expresa" cuál era el documento oficial de autoprotección frente a inundaciones vigente y aplicable en los días 28 y 29 de octubre de 2024, dirigido a la población general.

Argüeso también había solicitado que, en caso de que no existiera ningún documento de ese tipo en vigor en dichas fechas, Emergencias lo declarara "mediante certificación expresa y motivada, indicando el marco normativo u organizativo aplicable y los instrumentos alternativos utilizados".

El investigado también pedía que se aportara una copia íntegra de ese documento, con su fecha de aprobación, ámbito de aplicación y naturaleza (guía, protocolo, circular u otro instrumento) y que se informara si ese documento era accesible públicamente (web institucional, aplicación móvil u otros medios) en octubre de 2024 y, en su caso, si los avisos emitidos remitían o no a su consulta.

La magistrada justifica en un auto el rechazo porque la contestación a ese oficio ya señalaba que la guía de autoprotección frente a inundaciones "se elaboró con posterioridad a octubre de 2024", en una respuesta "suficientemente clara al objeto de acreditar que no se elaboró ningún documento oficial de autoprotección hasta después de octubre de 2024".

Asimismo, añade que tampoco se aporta por la representación de Argüeso "ningún elemento probatorio que indique que con anterioridad al 29 de octubre de 2024 se elaboró un documento de dichas características".

De existir, debería ser conocido y aportado por él

"En caso de existir, debería de ser de acceso público, y en su caso ser conocido, y por ende, aportado por quien fue Secretario Autonómico de Emergencias", le traslada, y añade que "buena prueba de lo anteriormente expuesto es que se interesa una certificación expresa de la inexistencia, lo que carecería de sentido si se defiende la vigencia del mismo con anterioridad a octubre de 2024".

Por otro lado, señala que tampoco es factible como prueba el marco normativo u organizativo porque las normas aplicables "no requieren prueba".