VALÈNCIA. La pasada semana, Manos Limpias anunció la presentación de una denuncia contra la jueza que instruye la causa judicial de la Dana "por irregularidades clarísimas y manifiestas en la instrucción", en palabras del secretario general del sindicato, Miguel Bernad, quien convocó a los medios de comunicación en las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia antes de presentar la denuncia.

Con todo, lo cierto es que la normativa exige la presentación de una querella y no una denuncia para la exigencia de responsabilidades penales contra jueces y magistrados. Concretamente, el artículo 406 de la Ley orgánica del Poder Judicial recoge que "el juicio de responsabilidad penal contra jueces y magistrados podrá incoarse por providencia del Tribunal competente o en virtud de querella del Ministerio Fiscal, o del perjudicado u ofendido, o mediante el ejercicio de la acción popular".

La jurisprudencia, de hecho, ya ha emitido resoluciones para inadmitir denuncias presentadas en la misma línea. Un fallo del TSJ valenciano del año 2004 dictaminó en ese sentido ante la denuncia presentada contra un juez de instrucción y un fiscal. Entonces, el alto tribunal valenciano citó precisamente la mencionada disposición y dejaba claro que en dicho caso no concurría lo expresado en la normativo "ya que la comparecencia realizada y sobre la que se produce la inhibición hecha lo es de denuncia".

"Como el denunciante no ha formulado el escrito de querella que exige la ley [...] no procede admitir a trámite la denuncia que encabeza las presentes actuaciones sin que ese defecto formal sea subsanable", recogía la mencionada sentencia, según la cual la querella es "una exigencia esencial para el inicio de esta clase de procedimiento". Con todo, finalizaba la sentencia, le denunciante podía, más tarde, formular "la correspondiente querella" para iniciar el proceso penal.

El secretario general del sindicato explicó ante la prensa que lo que se iba a presentar ante el juzgado de guardia era una "denuncia para transformar en querella", aunque formalmente se trate de una denuncia que va dirigida a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ. En el escrito, se solicita que se tome declaración tanto a la jueza de la Dana, Nuria Ruíz, como a su marido.