VALÈNCIA (EFE). La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha expresado su preocupación ante la decisión del Consell de integrar las competencias de Servicios Sociales en la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación, lo que a su juicio denota la pérdida de peso político de los servicios esenciales.
En un comunicado, la patronal ha reaccionado así tras la salida de la hasta ahora consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, del Gobierno valenciano para ser candidata del PP en las elecciones generales del 29 de noviembre, y la decisión del president, Juanfran Pérez Llorca, de no nombrar a ninguna persona sustituta en su lugar sino a integrar sus competencias en otra conselleria.
"Desde Aerte se respeta la capacidad del president de la Generalitat de reorganizar su Ejecutivo y no entra a valorar que Consellería podría asumir estas competencias. Sin embargo, considera que los servicios sociales tienen una dimensión, una complejidad y una importancia estratégica que justifican disponer de una Conselleria propia, con dedicación exclusiva y capacidad para impulsar las políticas que necesita el sector", añade.
"Nuestra preocupación no tiene que ver con la Conselleria que asuma las competencias, sino con la necesidad de que los servicios sociales tengan el peso político y la atención que merecen dentro del Gobierno Valenciano. Estamos hablando de servicios esenciales para miles de personas y familias, que necesitan planificación, estabilidad y una estructura administrativa específica", señala por su parte el presidente de Aerte, José María Toro.
Para la entidad, los servicios sociales constituyen uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar, junto con la sanidad y la educación, y su importancia seguirá creciendo durante los próximos años como consecuencia del envejecimiento de la población y del incremento de las necesidades de atención y apoyo.
"Si queremos responder adecuadamente al reto demográfico y construir un sistema de cuidados de calidad, los servicios sociales deben ocupar un lugar prioritario en la estructura del Gobierno. No se trata únicamente de gestionar centros o prestaciones, sino de desarrollar una política social con visión de futuro", según Toro.
Además, desde la patronal señalan que esta reorganización llega "en un momento especialmente importante para el sector, con diversas decisiones normativas y administrativas pendientes que afectan directamente a la estabilidad de los servicios y a la atención de las personas usuarias".
Entre ellas, destaca el desarrollo del decreto 129/2026, por el que se regulan la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de los servicios sociales de la Comunitat Valenciana, y su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, recientemente aprobado, que requiere la elaboración de órdenes para concretar aspectos fundamentales como las condiciones materiales de los centros, los requisitos profesionales, las plantillas y las ratios de personal.
Aerte considera "imprescindible" que este proceso continúe avanzando "con la participación del sector y sin nuevos retrasos".
También preocupa la situación de los concursos de centros de servicios sociales de titularidad pública y de gestión privada, cuya adjudicación resulta necesaria para proporcionar seguridad jurídica, estabilidad a las entidades prestadoras de los servicios y de cuya entrada en vigor depende la aplicación de mejoras salariales acordadas entre la patronal y los sindicatos mayoritarios.
A ello se suma el futuro concurso de plazas residenciales para personas mayores, previsto para 2027, una actuación "fundamental para garantizar la continuidad de la atención, actualizar las condiciones de financiación y dar estabilidad a la red de recursos residenciales de la Comunitat Valenciana".
"Llevamos mucho tiempo trabajando con la Administración para resolver cuestiones que son esenciales para el funcionamiento de los servicios. Nos preocupa que una nueva reorganización pueda ralentizar estos procesos cuando precisamente lo que necesitamos es avanzar y adoptar decisiones", concluye Toro.
