VALÈNCIA (EP). La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha advertido de que el nivel medio de temporalidad en la Administración de la Generalitat se ha situado en el 41,2 por ciento al cierre de 2025, un porcentaje "elevado" que, aunque supone un descenso de casi diez puntos respecto al 51,1% registrado en 2024 gracias a los procesos de estabilización, continúa "lejos del objetivo del 8%" fijado por la Ley 20/2021.
Así se desprende del informe de auditoría de los gastos de personal de la Generalitat correspondiente al ejercicio 2025 con especial énfasis en la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, publicado este jueves por la institución fiscalizadora.
Según la auditoría, a 31 de diciembre de 2025, la plantilla autonómica estaba integrada por 170.870 personas empleadas. De ellas, 100.414 eran fijas, 70.400 eran temporales y 56 eran eventuales. El gasto de personal ascendió a 8.816,3 millones de euros, el 33,9% del gasto no financiero.
La Sindicatura, en las conclusiones de su auditoría legal, expone que en 2025 "el nivel medio de temporalidad del empleo público en la Administración de la Generalitat continúa siendo elevado, 41,2%, especialmente en el personal sanitario y docente, si bien ha mejorado sustancialmente como resultado de los procesos de estabilización". "Este índice aún se sitúa lejos del objetivo del 8,0% que establece la Ley 20/2021", avisa el órgano fiscalizador.
En Sanidad, más de la mitad
Por sectores, el personal sanitario ha mantenido la tasa de temporalidad más elevada, con un 51,7% (frente al 72,4% de 2024) tras estabilizar a 14.511 estatutarios temporales. En el ámbito docente se ha situado en el 30,4%, mientras que en la Conselleria de Agricultura ha alcanzado el 36,5%.
El órgano fiscalizador ha señalado que la reducción de la temporalidad obedece principalmente a la culminación de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, que han permitido convertir en fijas a 23.007 personas. No obstante, advierte que "existe una incertidumbre significativa sobre las eventuales indemnizaciones previstas en la Ley 20/2021".
Asimismo, la institución fiscalizadora ha señalado que la Conselleria de Sanidad tenía pendiente en 2025 actualizar su plan de ordenación de recursos humanos y emitir el plan de gestión anual sobre su seguimiento, y ha advertido de que, si bien la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) certifica que se mantienen autorizaciones en el fichero general, la Generalitat debe formalizar dicha autorización sobre los pagos aplazados conforme a la normativa aplicable.
También ha alertado de que persiste un "volumen significativo" de supuestos en los que se omite la fiscalización previa preceptiva y que las intervenciones delegadas han señalado incidencias significativas en sus informes, especialmente en las conselleries de Sanidad, Educación y Servicios Sociales.
A ello se suma que la revisión de los reintegros de retribuciones abonadas indebidamente es manual y se produce un retraso en su tramitación, de modo que al cierre de 2025 existían 1,8 millones de euros pendientes de cobro, con una elevada antigüedad que puede impedir su cobro efectivo.
Déficit estructural en Agricultura
Respecto a la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca (CAAGP), la Sindicatura ha advertido de que adjudica encomiendas de gestión a Vaersa y Tragsatec, por lo que le insta a ejercer un control efectivo sobre estos encargos con el fin de evitar la cesión ilegal de trabajadores y el ejercicio de funciones estructurales que impliquen potestades públicas, teniendo en cuenta la existencia de puestos vacantes.
En este departamento se ha detectado un déficit estructural de personal con un número elevado de vacantes sin cubrir, entre otras incidencias como el nombramiento de una persona en un puesto eventual con efectos retroactivos y la falta de cobertura de 33 puestos.
592,1 millones pendientes de imputar al presupuesto
Por otra parte, en las conclusiones de su auditoría financiera, la Sindicatura ha expuesto que al finalizar el ejercicio 2025 quedaron gastos de personal devengados pendientes de imputar al presupuesto por valor de 592,1 millones de euros, un 56,5% más que los 378,3 millones de 2024.
El informe detalla que 228,2 millones corresponden al incremento retributivo del 2,5% para los empleados públicos, que se aprobó a finales de año y que se abonó al personal con cargo al presupuesto de 2026 como atrasos. Otros 278 millones son las cuotas patronales de la Seguridad Social de noviembre y diciembre (150,3 de Sanidad y 127,7 del resto), un gasto que se traslada cada año al presupuesto del ejercicio siguiente. El resto incluye 72 millones en guardias y sustituciones de Sanidad y 12,4 millones de la dotación de la brecha salarial.
En este ámbito contable, ha detectado deficiencias en la conciliación entre los registros de nóminas en las aplicaciones informáticas y la contabilidad de la deuda con la Seguridad Social -con un exceso contabilizado de 122,5 millones de euros- y las retenciones por IRPF.
"Gran número de procedimientos judiciales"
Igualmente, ha advertido de que persiste un gran número de procedimientos judiciales de gastos de personal de los que podrían derivarse responsabilidades a cargo de la Generalitat y cuyo efecto económico no ha podido estimar razonablemente al no disponer de información suficiente y adecuada, si bien reconoce que ha mejorado la información facilitada por la Abogacía General de la Generalitat.
Por ello, ha señalado que la memoria de la cuenta de la Administración debe informar sobre los instrumentos de planificación de personal y los posibles efectos de los litigios vigentes, y lamenta que no se haya incluido información de los procesos de estabilización.
Deficiencias de control interno y aplicaciones "obsoletas"
En cuanto al control interno, la institución fiscalizadora ha reiterado que las actuales aplicaciones de gestión de la nómina son "obsoletas" y que sus deficiencias representan un riesgo elevado para la completitud, exactitud, validez y legalidad de las transacciones, a la espera de que sean sustituidas en el medio o largo plazo por las nuevas aplicaciones TALIA y SANEM. Asimismo, ha urgido a digitalizar la fiscalización por parte de la Intervención General de la Generalitat (IGG).
Recomendaciones
Por último, el informe formula 13 recomendaciones. Al Consell le pide continuar aplicando "medidas eficaces" para reducir la temporalidad. A las conselleries y a la IGG, registrar los gastos en el ejercicio en que se devengan y establecer controles para evitar actividades y retribuciones incompatibles, también en las futuras TALIA y SANEM.
A Agricultura le recomienda no hacer un uso sistemático de las encomiendas a Vaersa y Tragsatec, para evitar la cesión ilegal de trabajadores, entre otras acciones.