VALÈNCIA. Tirón de orejas de la Sindicatura de Comptes a la Generalitat Valenciana. El ente fiscalizador cuestiona el uso de la contratación de emergencia en algunos expedientes de la Dana del 29 de octubre de 2024. Cierto es que no se trata de una crítica generalizada, ya que concluye que la práctica totalidad de los expedientes analizados se ajusta a la normativa, pero sí detecta tres contratos que no debieron tramitarse por la vía de emergencia, al no quedar suficientemente acreditadas las circunstancias excepcionales que exige la Ley de Contratos del Sector Público.
Así consta el Informe especial de fiscalización sobre la contratación en la Dana en el sector autonómico valenciano. Un documento que analiza los 708 contratos adjudicados durante los ejercicios 2024 y 2025 por valor de 672.209.463 euros, para dar respuesta a las necesidades derivadas de la catástrofe. De ellos, 136 contratos por 1.909.438 euros son contratos menores y no se han analizado, mientras que los 572 expedientes restantes son ordinario y forman parte de la evaluación de la Sindicatura. En total, ascienden a 670.300.025 euros.
En concreto, la Sindicatura cuestiona el contrato para la elaboración del plan de recuperación económico y social de la Comunitat Valenciana, adjudicado el 28 de enero de 2025. El informe considera que la justificación aportada por la Administración se basa en razones de interés general vinculadas a la reconstrucción tras la riada, un supuesto que, según recuerda el órgano fiscalizador, no está contemplado entre las causas que permiten acudir a la contratación de emergencia. En este caso, entiende que el expediente debería haberse tramitado por el procedimiento de urgencia previsto en el artículo 119 de la Ley de Contratos.
La misma conclusión aplica respecto al contrato para la realización de un vuelo fotográfico de la provincia de Valencia. La Administración justificó la tramitación de emergencia por razones de interés público derivado de la reconstrucción, un argumento que no comparte el órgano fiscalizador, que sostiene que la necesidad de acelerar la contratación no era suficiente para acudir al procedimiento de emergencia y, por tanto, "debería haberse tramitado por otro procedimiento menos restrictivo como el de urgencia", señala el informe.
Otro expediente cuestionado corresponde a las obras de reparación de dos carreteras autonómicas. En este caso, el informe concluye que los daños detectados respondían a un deterioro derivado del uso intensivo y prolongado de las vías y no a una actuación inmediata e indispensable provocada directamente por la Dana. Además, el contrato fue adjudicado el 12 de septiembre de 2025, casi un año después de la tragedia, por lo que teniendo en cuenta la fecha y la motivación considera que las obras podrían haberse licitado mediante un procedimiento ordinario o, en su caso, por la vía de urgencia.
Además, el órgano fiscalizador advierte de que doce contratos fueron adjudicados más de cinco meses después de la riada, un plazo que obliga a extremar la justificación del uso de la vía de emergencia. En dos de esos expedientes, la Sindicatura concluye que el retraso tampoco quedó suficientemente motivado.
- El Síndic Major de Comptes, Vicent Cucarella.
- Foto: KIKE TABERNER
Por otro lado, el informe concluye que la contratación de emergencia tras la Dana estuvo marcada por la rapidez en todas sus fases iniciales. La declaración de emergencia, la adjudicación de los contratos y el inicio de su ejecución se realizaron de forma prácticamente inmediata, mientras que la formalización y la publicación de los expedientes se efectuaron con posterioridad, tal y como permite el régimen excepcional previsto en la legislación de contratos públicos.
La mayor parte del importe adjudicado se destinó a actuaciones consideradas prioritarias para recuperar la normalidad en las zonas afectadas. Entre ellas destacan la retirada y gestión de residuos, la reparación de infraestructuras viarias y ferroviarias y la restauración de infraestructuras hidráulicas y medioambientales, actuaciones orientadas a garantizar la seguridad, restablecer la movilidad y recuperar los servicios esenciales.
Asimismo, la Sindicatura constata que el gasto se concentró en un número reducido de empresas, principalmente grandes compañías especializadas en construcción y gestión ambiental. La mayor parte de la contratación fue asumida directamente por las consellerias de la Generalitat, especialmente las de Medio Ambiente, Educación y Agricultura, aunque también tuvieron un papel destacado varias entidades del sector público instrumental, como la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR).
El órgano fiscalizador acompaña el informe con seis recomendaciones dirigidas a mejorar la gestión de futuras contrataciones de emergencia. Entre ellas, insta a que, siempre que las circunstancias lo permitan, los órganos de contratación soliciten varias ofertas y negocien las condiciones con distintos operadores antes de adjudicar los contratos, dejando constancia documental de ese proceso. También recomienda reforzar los controles durante la ejecución de los contratos, especialmente en los de mayor importe.
Advierte además de la falta de estabilidad, recursos y formación especializada del personal encargado de la contratación pública, una circunstancia que, a su juicio, dificulta una gestión eficiente y el cumplimiento de la normativa. Por ello, reclama fortalecer los equipos técnicos y dotarlos de mayor capacitación en contratación pública.
