La Sindicatura de Comptes alerta de la "dejadez" en ciberseguridad de entidades públicas

VALÈNCIA (EFE). La Sindicatura de Comptes considera que la situación de la gobernanza de la ciberseguridad de las entidades de derecho público y sociedades mercantiles de la Generalitat es, con carácter general, "inaceptable y refleja una dejadez de responsabilidades de los órganos de gobierno y dirección de esas entidades".

La Sindicatura ha analizado en 30 entidades del sector público instrumental de la Generalitat las actividades que hacen para prevenir incidentes de ciberseguridad y ha concluido que en general "no se proporciona una dirección estratégica en esa materia, ni se garantiza que se logren los objetivos de seguridad, si existen, ni que los riesgos de ciberseguridad se gestionen adecuadamente".

De hecho, señala el informe publicado este jueves, solo 2 de las 30 entidades estudiadas ofrecen un indicador de madurez de la gobernanza de la ciberseguridad superior al 80 %, que se puede calificar de adecuada: Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SA (ISTEC), un 98,5 %, y Ciudad de las Artes y de las Ciencias (CACSA), un 86,5 %.

Destaca que 23 entidades tienen un índice de madurez inferior al 50 %, que refleja una situación "muy deficiente de la gobernanza de la ciberseguridad, que en algunos casos es prácticamente inexistente", pese a que algunas desarrollan actividades críticas para la ciudadanía o que gestionan presupuestos importantes, por lo que su situación resulta "especialmente grave".

Dentro de este grupo, hay entidades de muy pequeño tamaño que por sí solas no tienen capacidad organizativa suficiente y deberían contar con el apoyo de la Conselleria a la que estén adscritas, señala la entidad fiscalizadora, que indica que 5 entidades ofrecen un indicador de madurez entre el 50 % y el 80 %, una "situación deficiente".

La Sindicatura expone que un incidente de ciberseguridad puede tener consecuencias significativas, incluyendo la interrupción de servicios críticos, la pérdida o filtración de información sensible (incluyendo datos personales de los ciudadanos), el daño reputacional y posibles consecuencias legales y económicas.

Por ello, considera que los órganos superiores de las Consellerias a las que están adscritas deberían ejercer "un liderazgo activo y comprometido" en materia de seguridad de la información en el ámbito de sus competencias y velar por el establecimiento de una gobernanza de la ciberseguridad adecuada en las entidades de su competencia.