VALÈNCIA. La Sindicatura de Comptes acomete este lunes el tradicional acto de entrega entrega a Les Corts Valencianes del Informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración, que completa la fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat Valenciana, en este caso, la referente al ejercicio 2024. El órgano que encabeza el síndic major, Vicent Cucarella, realizará este trámite en situación de prórroga por cuarto año consecutivo. Además, será el segundo ejercicio en el que el informe se entrega con un miembro menos en el Consell de la Sindicatura debido al fallecimiento de la síndica Marcela Miró en julio del pasado año.

Una situación que evidencia el bloqueo existente en Les Corts Valencianes sobre la renovación de los órganos estatutarios. La última vez que hubo consenso en el Parlamento autonómico para nombrar a los responsables de la Sindicatura de Comptes fue en junio de 2016, durante la primera legislatura del Botànic. En este caso, salió adelante Vicent Cucarella, a propuesta de Compromís; Antonio Mira-Perceval, a propuesta del PSPV; y Marcela Miró, a propuesta del PPCV. Todos ellos contaban con un mandato de seis años, que expiró el 20 de junio de 2022. 

No obstante, nueve años y medio después de su nombramiento, Cucarella y Mira-Perceval siguen ejerciendo sus funciones en este órgano, sin que Les Corts tampoco hayan designado sustitutos. Lo cierto es que la figura de síndic en funciones no está contemplada, por lo que, mientras Les Corts no acuerden una renovación, el Consell de la Sindicatura de Comptes sigue en pleno funcionamiento, pudiendo ejercer todas las competencias que tiene asignadas. Por tanto, acumulan tres años y medio con el mandato prorrogado a la espera de vuelva a haber consenso en la Cámara autonómica.

Cabe resaltar que el propio Cucarella instó durante el acto de toma de posesión de los nuevos consellers a que el nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, avance en la renovación de los entes estatutarios por "normalidad democrática". Para el síndic major de comptes, "lo lógico sería que - estos entes - fueran renovados según el tiempo acordado". 

Mientras esta situación se produce, este órgano contemplado en el Estatuto de Autonomía, sigue ejerciendo su labor de fiscalización de todas las cuentas de la Generalitat Valenciana, sus organismos dependientes y las corporaciones locales. Además de esta labor de control sobre el dinero público, cabe mencionar que los informes elaborados por la Sindicatura también permiten observar sobre otras acciones públicas, como son los conciertos educativos, el uso de los sistemas informáticos en las diferentes administraciones o la implementación de zonas de bajas emisiones. 

Sin acuerdo en las últimas dos legislaturas

Tal y como contó este periódico, PSPV, Compromís y Unides Podem estuvieron a finales de la pasada legislatura cerca de un reparto de nombres en torno a los órganos estatutarios. No obstante, el Partido Popular puso una serie de condiciones, y la izquierda empezó a negociar con Ciudadanos, cuyos enfrentamientos internos provocaron que la negociación acabara en nada.

En lo que va de la presente legislatura, los populares han intentado retomar las negociaciones, pero la izquierda siempre se ha mostrado reticente a llegar a un acuerdo. Con la mayoría parlamentaria actual, lo previsible sería que el puesto de síndic major correspondiera al candidato del PP, mientras que el resto de grupos deberían repartirse los otros dos puestos del Consell de la Sindicatura. En todo caso, existen otros órganos, como el Consell Jurídic Consultiu, el Consell de Transparencia o el Consell Valencià de Cultura que también entrarían en el paquete del acuerdo sobre la renovación.

A ello cabe sumar que el nuevo jefe del Consell planteó a su llegada al Consell una posible negociación a tres vías con los grupos de la izquierda que incluyese la renovación de los órganos estatutarios, la recuperación por parte del PSPV de la Vicepresidencia Segunda de Les Corts y la entrada de los socialistas y Compromís en el consejo de administración de À Punt. Un extremo que, no obstante, tampoco parece que vaya a encontrar el apoyo parlamentario suficiente para salir adelante. 

En este punto, es preciso mencionar que para la renovación de los órganos estatutarios, se precisa de una mayoría de tres quintas partes de Les Corts, es decir, de 60 diputados. Una situación que precisa de un consenso entre izquierda y derecha, pues las bancadas de PP y Vox están formadas por un total de 53 parlamentarios, siete menos de los necesarios para acometer reformas de entes recogidos en el Estatut. Entre posibles fórmulas, PP y PSPV suman 71 diputados, mientras que PP, Vox y Compromís aglutinan 68 parlamentarios. 

El nombramiento de consejeros de À Punt, por su parte, precisa del respaldo de tres quintas partes de la Cámara en primera votación o de mayoría absoluta (50 diputados) en la segunda, lo que posibilita a populares y voxistas acometer cambios en este ente sin consensuarlo con las formaciones de izquierda.