MURCIA. En un abarrotado salón de actos de la Cámara de Comercio de Murcia, cuyos asistentes excedieron la capacidad de 210 asientos, con personas de pie y agolpadas en las puertas, la sociedad civil del Levante respaldó la llamada de auxilio de los regantes de la cuenca del Segura. Las asociaciones de empresarios de las provincias de Valencia, Alicante, Almería y la propia Región, todas las asociaciones agrarias y las principales autoridades políticas, con el presidente murciano Fernando López Miras, el president valenciano Carlos Mazón y el consejero andaluz de Agricultura y exalcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, a la cabeza, además de consejeros, diputados (de PP, PSOE y Vox) y un sinfín de alcaldes (y no sólo de la Región, también desde municipios como Elche) secundaron el primer acto de protesta convocado por el Scrats (Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura) tras conocer la tormenta de las nuevas reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura.

Bajo una gran pancarta rotulada ‘¡Hasta aquí hemos llegado! No al fin del regadío levantino’, varios ponentes tomaron la palabra ante la concurrencia para clamar contra el “agujero negro” al que llevará la reducción de los caudales previstas en la propuesta de las normas de explotación del Trasvase, como así vaticinó Lucas Jiménez, el líder del Scrats. “Está en juego lo que más queremos: el futuro de las familias de Murcia, Alicante y Almería”, resumió. En la mesa principal estaban sentados, además de Lucas, los máximos responsables de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, Juan Valero, así como de la patronal alicantina, Joaquín Pérez, y la murciana, Miguel López Abad. El presidente de los regantes lamentó que el Ministerio, con quien asegura que ha sido "imposible" avanzar en los dos últimos años en materia de regadío, adopta esta decisión (que aún no ha sido aprobada) "con las peores formas, en el peor momento y con los peores criterios".

 

Las nuevas reglas del Trasvase ponen en jaque a los regantes de la cuenca del río Segura. Los agricultores temen una reducción media del 50% en los envíos de agua del Tajo y advierten de que "el 30% del tiempo el Trasvase no transferirá agua alguna para regadío". La pasada semana, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) publicaba, por encargo del Ministerio para la Transición Ecológica, un informe para actualizar las reglas del Plan Hidrológico del Tajo entre 2023 y 2027 y deslizaba una propuesta que, en la práctica, implica el recorte de hasta un 50% de los envíos de agua hasta 2027, al estimar que los embalses de la cabecera del Tajo pueden destinar al Levante las siguientes cifras: 320 hectómetros cúbicos este año; 278 hm³ en 2026 y 193 hm³ en 2027. 

Las nuevas reglas de explotación, en concreto, recortan de 27 a 24 los hectómetros cúbicos a trasvasar en el caso de que los embalses se encuentren en nivel 2. En el nivel 3, se pasa de los 20 actuales a 11 hm³ en 2025, a 10 hm³ en 2026 y a 9 hm³ en 2027.  Además, para llegar a ese nivel 3 hay que estar en un acumulado de 550 o 600 hm3, frente a los 400 hm3 de ahora. En el caso del nivel 1, se mantienen los 60 hm³ actuales, pero se sube el umbral de las reservas de Entrepeñas y Buendía de los 1.300 hm³ vigentes hasta los 1.600 hm³.

Manifestaciones en Madrid y llamamiento a la unidad

Jiménez reconoció que estas reglas, "a las que esperamos durante un año", son un mazazo y que no vienen paliadas con alternativas porque la desalación "todavía depara sorpresas [en referencia a que les piden a los regantes que "la paguen"] y no es suficiente"; anunció que llevarán las movilizaciones a todos los rinconces de las provincias afectadas, así como a la capital de España, Madrid; y también dejó una advertencia: "El futuro está oscuro, pero no va a haber paz para los causantes de este atropello". Aun así, quiso hacer un llamamiento a la unidad. "Aunque son los peores tiempos y es complicado pelear con el Estado, no nos queda otra que unirnos y olvidar las viejas rencillas", exhortó.

“Reclamamos los derechos de 15 millones de españoles”, manifestó Fernando López Miras, quien fue el último en intervenir, en referencia a las poblaciones de las tres comunidades. “El recorte del Trasvase del Tajo-Segura no sólo será el fin de la agricultura en 2027 sino también el fin de la Región de Murcia tal y como la conocemos”, advirtió el mandatario regional, que quiere trasladar este mensaje de aviso "a toda la sociedad" y empatizó con los regantes: “Soy uno más de vosotros”. De hecho, el jefe del Gobierno regional les ofreció a los regantes "todos los recursos" a su disposición: políticos, institucionales, jurídicos y administrativos.

En su discurso, reprochó que se rompiera el consenso de 2014 entre Murcia, Valencia, Madrid, Extremadura, Andalucía y La Mancha, cuando se fijaron reglas “transparentes, objetivas y ciertas” que dieron seguridad a los regantes. Lamentó que quieran “castigar” a quien “usa el agua mejor que nadie” y “en un momento que nadie entiende, con las reservas de 1.600 hectómetros cúbicos”, como nunca en la última década. “Qué explicación tiene este hachazo al Trasvase ahora”, se preguntaba, retóricamente, con “criterios que sólo afectan al Tajo-Segura y no a ningún otro trasvase de los 50 del país”. En su opinión, "no hay explicación lógica, no responde al sentido común ni al principio de solidaridad y de igualdad". A su juicio, sólo responde a un criterio: "Que el presidente [del Gobierno de España, Pedro Sánchez] lo prometió en un mitin en Albacete en 2018. Y eso no lo podemos permitir".

“Vamos a estar con vosotros”, enfatizó por su parte Mazón, quien dijo hablar en nombre de los cinco millones de habitantes de la Comunitat Valenciana para sumarse a las movilizaciones de los regantes. “Qué alegría veros y qué dolor que sea por esta razón”, exclamó el presidente valenciano. “Tenemos razón, no es una reivindicación egoísta ni contra nadie”, adujo. “Tenemos el derecho histórico para pedir el agua, porque además la hemos respetado [el agua]”, añadió, reclamando que “nadie” les dé “lecciones de solidaridad”. Y pidió pasar del “hasta aquí hemos llegado” al “hasta aquí habéis llegado”, en referencia al Gobierno central y, en concreto, al Ministerio para la Transición Ecológica y su exministra Teresa Ribera.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, que fue el primero en tomar la palabra, defendió que el "agua es equilibrio e igualdad": "No podemos estar callados ante tal atropello", señaló contra "el mayor ataque en décadas" a Alicante, Almería y la Región mientras reinvidicó el derecho a "defender lo que es justo": "No lo vamos a permitir, no dejaremos que se reduzca el Trasvase a la mitad". Por su parte, el consejero andaluz Ramón Fernández-Pacheco alertó de que las reglas "harán peligrar “la soberanía alimentaria" y afirmó que la Junta de Andalucía  se volcará en la defensa del Trasvase porque el recorte "pone en peligro al sector agrario, pero también a la industria asociada"

Por otro lado, el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España puntualizó que no sólo "los regantes almerienses, alicantinos y murcianos tienen un problema", sino que "también lo tiene España". "Y gordo". A su parecer, debería ser una "cuestión tratada de Estado", porque "es quien gestiona los recursos y destacó que el 90% de los regadíos del Tajo "se abastecen de sus afluentes", no del cauce directamente del río.

También hablaron los líderes empresariales. López Abad, el presidente de la patronal de empresarios murcianos, ahondó en que estamos ante "un problema político", porque "si fuera responsabilidad empresarial ya se habría resuelto" recriminó que el Tajo-Segura se use "como moneda de cambio" y pidió buscar el acuerdo entre todas las fuerzas políticas para dar con la solución. Pérez, de la patronal alicantina, apuntó que "no se pueden tomar decisiones sin respaldo técnico" e indicó que no se quedarán de brazos cruzados. "El Trasvase es irrenunciable; su defensa no es una opción, es una obligación", zanjó.