VALÈNCIA. El Tribunal Constitucional suspendía este martes los tres primeros artículos de la Ley valenciana de Concordia al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una acción que, tal y como reconocen fuentes de la Conselleria de Justicia, supone en la práctica que no se pueda ejecutar ninguna partida vinculada directamente a esta norma. "Por lo que se refiere a los presupuestos, si no se levanta la suspensión no se pueden ejecutar las partidas vinculadas directamente a Concordia", explican a Plaza estas mismas fuentes.
Una casuística que impide la ejecución de, entre otras cuestiones, varias enmiendas impulsadas por PP y Vox en los Presupuestos de 2025 en las que se reforma parte del articulado de esta norma o se plantean subvenciones de acuerdo con lo dispuesto en el articulado de la misma. Desde la Conselleria de Justicia explican que "hay que esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie de manera definitiva en relación a la suspensión" y que, mientras tanto, "no se pueden ejecutar las partidas".
Es por ello que queda a la espera del dictamen cuestiones impulsadas por PP y Vox en su acuerdo presupuestario como es el caso de una reforma del artículo 3, precisamente uno de los suspendidos, por el que se regula la Unitat Valenciana de la Concòrdia. También queda en el aire la introducción una disposición que permitiría que ayuntamientos y la conselleria con competencias en concordia puedan "restaurar en su ubicación original" aquellos "monumentos o cruces" que fueron retirados, siempre y cuando se respeten "los principios de la concordia democrática y no suponga la vulneración de los derechos de las víctimas".
Mientras que, en la Ley de Presupuestos destaca la retirada de una subvención de 30.000 euros a la Cátedra de Derecho Foral Valenciano y Desarrollo Estatutario para destinar esta misma cantidad a una línea para el Arzobispado de Orihuela-Alicante dedicada a la "promoción de elementos conmemorativos al amparo de la Ley de Concordia", una cuestión que ahora mismo tampoco podría llevarse a cabo, según lo expresado desde la Conselleria de Justicia. Las cuentas autonómicas también incluirán una iniciativa de Vox de suprimir una ayuda de 30.000 euros a la Associació de Juristes Valencians, cuyo importe irá destinado a una nueva línea para "acciones en promoción de la concordia", una destinación presupuestaria que también quedaría a la espera del Tribunal Constitucional.
PP y Vox defienden la norma
Cabe mencionar que este miércoles se han pronunciado representantes de todas las formaciones que integran el Parlamento autonómico en relación con este texto. El síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha manifestado su "respeto" por las decisiones judiciales y se ha quedado "atento" a la decisión que adopte finalmente el Tribunal Constitucional. "Cuando un presidente del Gobierno presenta un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, se suspenden los artículos a los que se han denunciado de forma automática. Y luego el TC tiene que resolver sobre el fondo del asunto y, por lo tanto, lo que hay es que esperar esa resolución y, cuando esté, valorar", ha remarcado.
El portavoz popular ha enfatizado en que PP y Vox aprobaron esta norma pensando que "respetaba mucho la autonomía" y que "no afectaba o no invadía competencias estatales". "Considerábamos que sí que establecíamos una protección para todas las víctimas tanto del franquismo como desde el año 1931 que se había añadido la ley, como también a las víctimas del terrorismo. Y esa opinión en el PP no ha cambiado", ha recalcado. Pérez Llorca, en cualquier caso, ha remarcado que el PP cumplirá "escrupulosamente la ley", tras ser preguntado por la ejecución de partidas vinculadas con esta norma.
Por su parte, el síndic de Vox, José María Llanos, ha defendido que la Ley de Concordia "amplía las libertades y trae la concordia para todos los valencianos, no hace distinciones entre unos y otros según dónde estuvieran nuestros antepasados y dónde nos encontremos hoy ideológicamente" y ha confiado en que el Tribunal Constitucional "la valore positivamente": "Lo único que se ha hecho ha sido cumplir la Constitución y, preceptivamente, ante el recurso del presidente del Gobierno, el Tribunal Constitucional tiene que suspenderla".
Desde los grupos de la oposición, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado el texto de "chapuza legislativa": "Equiparar el franquismo con el periodo democrático de la República era una absoluta salvajada y queda bien claro en el recurso presentado que puede afectar a la defensa de las víctimas". Mientras que la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha esperado que no sea "un tema temporal ni cautelar" y que finalmente "tumbe" esa norma.
