VALÈNCIA. El debate sobre la tasa turística en la Comunitat Valenciana es tan recurrente como polémico. Tras intensas negociaciones entre los socios del Botànic, en 2022 se aprobó una ley que dejaba en manos de los ayuntamientos la posibilidad de aplicar un gravamen a las pernoctaciones en hoteles, apartamentos y otros alojamientos. La tasa se diseñó por el Consell de Ximo Puig con carácter municipal, voluntario y con una moratoria prevista para permitir su entrada en vigor a partir de 2024.

Sin embargo, el nuevo Consell de PP y Vox derogó la norma nada más llegar al poder en 2023. Desde entonces, la discusión vuelve periódicamente a la agenda pública, planteando si una tasa puede servir para compensar las externalidades negativas del turismo en los destinos más saturados. En otras comunidades autónomas de gran afluencia turística ya lleva años en vigor. Este es el caso de Cataluña, que entró en vigor en 2012 o en las Islas Baleares, donde se implementó en 2016. La opinión de la actual Generalitat Valenciana es clara: la Comunitat es un destino “tax free”, pero ¿qué piensan los alcaldes de los principales municipios turísticos valencianos? 

“No es una solución al problema, hace falta financiación local”

En el caso de la provincia de Valencia las opiniones son diferentes. El gobierno municipal de València, encabezado por María José Catalá (PP) y con el apoyo de Vox, ha adoptado en los últimos tiempos una postura un tanto ambigua respecto a la tasa turística. La alcaldesa ha señalado en diversas ocasiones que “no existe un marco jurídico para aplicarla”, posponiendo así su debate. Sin embargo, como diputada en Les Corts, votó a favor de derogar la ley que habilitaba su aplicación. En una reciente entrevista con Valencia Plaza, la concejala de Turismo, Paula Llobet, afirmó que “nunca hemos dicho no porque no a la tasa turística, se puede debatir pero de la mano del sector”. Llobet destacó que la tasa no es un tema tabú para el gobierno municipal, pero subrayó que su implementación debe ser debatida “en el momento adecuado y de la mano del sector”.

En Gandia, destino turístico por excelencia y donde gobierna el PSPV-PSOE, aplicar la tasa es algo que consideran “insuficiente”. Así lo explicó recientemente el alcalde de esta localidad, José Manuel Prieto, en una entrevista con Plaza: “Lo que yo quiero es que se cambie la financiación de los municipios turísticos para poder asumir los servicios que prestamos”. 

Para Prieto, es necesario resolver “un problema estructural” que no se puede hacer “con una tasa”, ya que los municipios que reciben tantos turistas como Gandia “asumen por convicción más servicios públicos” y según explica el alcalde de la capital de la Safor, “queremos prestarlos en condiciones de excelencia para quienes nos visitan”.

Otros municipios más pequeños, como por ejemplo El Perelló todavía no tiene claro si la tasa es una buena opción o no. El concejal de turismo de esta localidad que pertenece a Sueca, Ximo Collado (L’Alternativa El Perelló), tiene claro que en El Perelló el turismo es necesario. Por tanto, según explica a este periódico, “es un debate que hemos tenido muchas veces y que sigue sobre la mesa”, porque al fin y al cabo la prioridad es “que los vecinos puedan vivir bien y tranquilos”, en cuanto a servicios se refiere.

“Nos alegramos cuando Mazón la derogó”

El posicionamiento del gobierno de Benidorm con respecto a la implantación de la tasa turística no cambia. El alcalde, Toni Pérez (PP), fue uno de los que alzó la voz para paralizar su aprobación en la Comunitat Valenciana, “por eso nos alegramos enormemente cuando el gobierno de Carlos Mazón derogó esa tasa”, ha dicho en declaraciones a Plaza esta semana. El primer edil insistió en que no están a favor de su implantación, antes ni “nunca” y motivó su rechazo al considerar que penaliza la actividad turística, “y muy especialmente, al alojamiento reglado; y afectaría a la competitividad de los destinos valencianos”.

Para el alcalde, los que se alojan en estos establecimientos “ya paga muchos impuestos; y la clave esté en que los destinos no ven ni un céntimo que recauda la Administración del Estado, por ejemplo el IVA. Ahí es donde estar la solución a la financiación de los municipios turísticos”.

Altea niega perder turistas por implantarla

Una posición que choca con la del alcalde de Altea, Diego Zaragozí (Compromís), quien recordó que ya durante la anterior legislatura de su antecesor y compañero de partido, Jaume Llinares, se posicionaron a favor de “algún tipo de gravamen, aportación o colaboración por parte de los visitantes”. Así, el primer edil señaló el “sobresfuerzo y sobrecoste” que hace el municipio en mantener servicios como el de la limpieza o seguridad. 

De igual forma, negó la posibilidad de que los turistas elijan otro destino por no tener que contribuir económicamente y sugirió la necesidad de que los municipios turísticos puedan crear algún tipo de ingreso extra, como una tasa moderada, o que la Generalitat o el Estado dé una ayuda especial.

Más municipios del PSOE contrarios a la tasa

Otros municipios alicantinos costeros como Guardamar del Segura o l’Alfàs del Pi (por su zona de l’Albir), ambos con gobiernos del PSOE, se muestran contrarios a la tasa turística o algún tipo de gravamen. El segundo, gobernado por Vicente Arques, también diputado provincial, destacó que se trata de un turismo residencial donde no hay una oferta hotelera grande, por lo que consideran que no aporta nada al municipio y se estudiaría en caso de que se concrete más adelante. Por su parte, José Luis Sáez, alcalde de Guardamar, vuelve a manifestarse en contra y dijo contemplarla por el momento.

Disparidad en los destinos turísticos de la provincia de Castellón

En el caso de la provincia de Castellón, tres de sus municipios más turísticos —Benicàssim y Peñíscola en la costa, y Morella en el interior— mantienen posturas también dispares frente a la eventual implantación de una tasa turística, reflejando la diversidad de modelos de turismo y prioridades locales dentro de la provincia.

La alcaldesa de Benicàssim, la popular Susana Marqués, se mantiene firme en su rechazo a la tasa turística. Explica que cuando el Botànic aprobó la ley, “desde el ayuntamiento de Benicàssim ya nos posicionamos en contra por diferentes motivos”. Señala que la norma era “una imposición sin consenso ni aceptación por parte del sector hotelero” y añade que su municipio tiene “un turismo muy interno que ya paga sus propios impuestos, como para que un turista de l’Eliana venga a Benicàssim a hospedarse a un hotel y tenga que pagar una tasa turística dentro de su propia comunidad”. Marqués critica, además, que la ley dejaba la responsabilidad a los ayuntamientos, generando “una serie de agravios comparativos entre municipios”. Sobre su derogación en 2023, celebra que “se cumpliera con el compromiso electoral”.

El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez (PP), se declara también “totalmente en contra de la tasa turística” y subraya la importancia de un consenso previo: “Una tasa en la comunidad al turista no es necesaria y nos haría menos competitivos”, recalca, insistiendo en que la medida debería negociarse con la Generalitat, los ayuntamientos y el sector privado antes de cualquier implantación.

En el caso del alcalde de Morella, el independiente, Bernabé Sangüesa, se muestra favorable a un gravamen turístico, siempre que se aplique de forma coordinada a nivel autonómico. Explica que en el caso de Morella “el turismo para el Ayuntamiento supone un gasto mayor que los ingresos que reporta”. Aunque reconoce la importancia del turismo como motor económico del municipio, subraya que “valora positivamente algún tipo de gravamen” que ayudase a sufragar los servicios públicos que ofrece el consistorio a los visitantes. “No podemos perder dinero con los turistas porqué estamos para ofrecer servicios a los ciudadanos”, insiste. Además, sostiene que en otros territorios donde sí se aplican este tipo de tasas como Cataluña, “nadie lo cuestiona”. 

El alcalde de Morella también señala que “la idiosincrasia del turismo de costa y del turismo interior es muy diferente, la recaudación del IBI de viviendas turísticas en poblaciones como Benicàssim es infinitamente más elevada”. Sin embargo, el modelo que planteó el Botànic tampoco convence a Sangüesa, que considera que debería aplicarse a nivel autonómico para no generar agravios comparativos entre municipios y que debe hacerse en consenso con el sector. “Los empresarios turísticos tienen que ver que no es perjudicial para ellos. Si lo aplicáramos todos, no habría problema”.