VALÈNCIA (EP). La Unió Llauradora ha denunciado la "grave" situación por la que atraviesa la actual campaña citrícola ante los "incumplimientos" en los contratos citrícolas derivados de la "trampa legal" de no fijar fecha de recolección por parte del comercio privado, especialmente en las variedades de clementinas y mandarinas de primera parte de campaña, que deberían haberse recolectado antes del 15 de diciembre.
Según la organización, se trata de una práctica generalizada y reiterada año tras año y que se intensifica cuando los operadores comerciales no tienen salida para su mercancía como ahora.
En estos casos, "los compradores dejan pasar deliberadamente el tiempo sin recolectar la fruta, a pesar de existir un contrato firmado, provocando que esta se deteriore en el árbol". Posteriormente, alegan que la fruta "no está en condiciones" para justificar la no recolección y, así, reducir o anular las cantidades compradas.
La Unió ha hecho un llamamiento directo a los citricultores para que denuncien estos incumplimientos, aporten contratos y pruebas, y no normalicen estas prácticas abusivas que ponen en riesgo la viabilidad del sector citrícola valenciano.
"Grave" vacío
La organización agraria ha señalado que esta situación se ve favorecida por un "grave" vacío en la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, que no obliga a incluir en los contratos agroalimentarios por escrito una fecha final de recolección.
Los modelos utilizados por la parte compradora no contemplan este campo de forma obligatoria y, en la práctica, solo podría añadirse en un apartado de observaciones, lo que deja al agricultor en una clara situación de indefensión.
De este modo, el comprador no comunica formalmente su renuncia a recolectar, sino que simplemente deja transcurrir el tiempo, incumpliendo el espíritu y la finalidad del contrato, que no es otra que la recolección de la fruta en condiciones óptimas. "Las consecuencias para el citricultor son devastadoras", ha advertido.
En los casos de no recolección de la fruta, las pérdidas alcanzan el 100% de la producción contratada, además de obligar al agricultor a asumir todos los costes derivados como son los tratamientos, mantenimiento del cultivo, gestión de la fruta deteriorada y perjuicios sobre el arbolado.
Ante esta situación, La Unió ha exigido una modificación urgente de la Ley de la Cadena Alimentaria para que sea obligatoria la inclusión en los contratos de una fecha límite de recolección. También ha demandado la prohibición expresa de comisiones de intermediación ficticias que no respondan a una mediación real e independiente o la imposición de sanciones más severas para aquellos compradores que incumplan los contratos mediante retrasos deliberados.
