CASTELLÓ. La Unió Llauradora denuncia la grave situación por la que atraviesa la actual campaña citrícola ante los incumplimientos en los contratos citrícolas derivados de la trampa legal de no fijar fecha de recolección por parte del comercio privado, especialmente en las variedades de clementinas y mandarinas de primera parte de campaña, que deberían haberse recolectado antes del 15 de diciembre.

Según la organización, se trata de una práctica generalizada y reiterada año tras año y que se intensifica cuando los operadores comerciales no tienen salida para su mercancía como ahora. En estos casos, los compradores dejan pasar deliberadamente el tiempo sin recolectar la fruta, a pesar de existir un contrato firmado, provocando que esta se deteriore en el árbol. Posteriormente, alegan que la fruta “no está en condiciones” para justificar la no recolección y así reducir o anular las cantidades compradas. La Unió hace un llamamiento directo a los citricultores para que denuncien estos incumplimientos, aporten contratos y pruebas, y no normalicen estas prácticas abusivas que ponen en riesgo la viabilidad del sector citrícola valenciano.

"Un vacío legal que ampara el abuso"

La Unió señala que esta situación se ve favorecida por un grave vacío en la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, que no obliga a incluir en los contratos agroalimentarios por escrito una fecha final de recolección. Los modelos utilizados por la parte compradora no contemplan este campo de forma obligatoria y, en la práctica, solo podría añadirse en un apartado de observaciones, lo que deja al agricultor en una clara situación de indefensión. De este modo, el comprador no comunica formalmente su renuncia a recolectar, sino que simplemente deja transcurrir el tiempo, incumpliendo el espíritu y la finalidad del contrato, que no es otra que la recolección de la fruta en condiciones óptimas.

Las consecuencias para el citricultor son devastadoras. En los casos de no recolección de la fruta, las pérdidas alcanzan el 100 % de la producción contratada, además de obligar al agricultor a asumir todos los costes derivados como son los tratamientos, mantenimiento del cultivo, gestión de la fruta deteriorada y perjuicios sobre el arbolado. Todo ello además sin ningún tipo de compensación. Ante esta situación, La Unió exige una modificación urgente de la Ley de la Cadena Alimentaria para que sea obligatoria la inclusión en los contratos de una fecha límite de recolección. También demanda la prohibición expresa de comisiones de intermediación ficticias que no respondan a una mediación real e independiente o la imposición de sanciones más severas para aquellos compradores que incumplan los contratos mediante retrasos deliberados.

En este sentido, pide a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que actúe de oficio, investigue estas prácticas y abra los expedientes sancionadores correspondientes y al Ministerio de Agricultura que asuma su responsabilidad y solucione de una vez los vacíos legales que se utilizan para perjudicar gravemente a los productores, el eslabón más débil de la cadena. En este sentido, La Unió solicita al Ministerio de Agricultura que se añada una nueva letra dentro del artículo 9.1 de la Ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria que especifique que “la fecha o, en su caso, el plazo máximo e improrrogable de recolección del producto objeto del contrato, cuando se trate de productos agrícolas cuya calidad o aptitud comercial dependa del momento de recolección.” 

Hay que tener en cuenta que el artículo 9 es el núcleo duro de la ley en materia contractual. Si la fecha de recolección no forma parte del contenido mínimo obligatorio, no puede exigirse, no puede sancionarse su ausencia y el agricultor queda desprotegido, como ocurre actualmente. “La firma de un contrato no puede convertirse en papel mojado cuando el mercado no acompaña. El comprador no puede decidir unilateralmente si cumple o no, dejando que la fruta se pierda en el árbol y trasladando todas las pérdidas al agricultor”, indica Carles Peris, secretario general de La Unió.

La denuncia de AVA-Asaja

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) advierte de una creciente oleada de incumplimientos de contratos de compraventa de cítricos y caquis por parte de determinados operadores comerciales privados, que están generando una grave inseguridad jurídica e importantes pérdidas económicas entre los productores. Los servicios jurídicos de AVA-Asaja constatan que, en numerosos casos, las empresas compradoras no están cumpliendo con la recolección de la cosecha antes de la fecha de recolección pactada en el contrato -o del momento óptimo de maduración de la variedad en cuestión, en caso de no figurar en el documento ninguna fecha de recolección- lo que provoca que la fruta se deje en el árbol y acabe perdiendo su valor comercial. El incumplimiento de esta cláusula se ha multiplicado a raíz de los problemas de comercialización de las mandarinas tempranas que se solapan con las importaciones sudafricanas y de las lluvias de las últimas semanas, que han afectado especialmente a la clemenules, variedad estrella en la provincia de Castellón, por la rápida sobremaduración o problemas de ‘bufat’.

Los asociados damnificados de comarcas citrícolas de Castellón y Valencia denuncian que los comercios con los que habían acordado meses atrás la venta de sus mandarinas o naranjas de primera mitad de la campaña no han acudido a sus campos mientras la fruta se encontraba en perfectas condiciones. Hay casos en los que los ‘collidors’ contratados por el comercio únicamente recogieron parte de la cosecha y el resto se ha quedado en el campo; en otras ocasiones se presentaron varias semanas después de la fecha convenida, por lo que muchas frutas ya estaban sobremaduradas y no llegarán al mercado; e incluso hay casos en los que ni siquiera se ha recolectado ni un kilo de mandarinas, como satsumas y clementinas. La demora de recolección también se ha producido, en menor medida, en el caqui, a pesar de ser un cultivo con mucha demanda en los mercados.

La organización agraria insta a los agricultores afectados por incumplimientos de contratos a que recopilen toda la documentación contractual y se pongan en contacto con los servicios jurídicos de AVA-Asaja para estudiar cada caso de manera individual y valorar las actuaciones oportunas en defensa de sus derechos. La entidad presidida por Cristóbal Aguado también anima a defender un contrato de compraventa que incluya el precio expresado en euros por kilo, sin IVA incluido y sin el recurrente 3% de corretaje, así como otras cláusulas abusivas. Finalmente, AVA-Asaja reclama a las administraciones competentes un mayor control sobre el cumplimiento de los contratos agrarios y una aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria, con el objetivo de proteger a los productores y garantizar unas relaciones comerciales justas y equilibradas en el sector agrario.