VALÈNCIA (EP). La Unió Llauradora i Ramadera insta a la Conselleria de Agricultura a hacer un frente común con el sector agrario de la Comunitat Valenciana para rechazar la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) y del nuevo Marco Financiero Plurianual para el periodo 2028-2034 presentada por la Comisión Europea.

En un comunicado, la organización agraria reclama la puesta en marcha de un proceso de trabajo conjunto entre la Conselleria y las organizaciones profesionales y cooperativas valencianas para redactar un documento institucional de oposición que sirva como posicionamiento oficial del sector agrario valenciano ante el Gobierno de España y las instituciones comunitarias.

Según La Unió, la propuesta comunitaria genera preocupación porque supone un cambio profundo tanto en la financiación como en la gobernanza de la PAC. Se prevé una reducción del 22% en términos nominales (de 387.000 millones de euros a 300.000 millones), "con un impacto todavía más grave si consideramos la inflación acumulada".

Desde la entidad lamentan que la PAC quedaría integrada en fondos de desarrollo nacionales y regionales, con asignaciones estatales discrecionales. A su juicio, esta estructura puede provocar una mayor fragmentación entre países y regiones y debilita el carácter común de una política esencial para la cohesión territorial y social europea.

Además, advierten que se prevé la desaparición de los dos pilares clásicos de la PAC, lo que "rompe con el equilibrio entre ayudas directas y desarrollo rural".

"El nuevo Marco Financiero Plurianual, tal y como está concebido, no solo compromete la viabilidad económica de miles de explotaciones, sino que atenta contra el modelo europeo de agricultura y la propia razón de ser de la PAC", denuncia el secretario general de La Unió, Carles Peris.

Peticiones

Ante este escenario, la organización demanda a la Conselleria de Agricultura que el documento conjunto plantee siete líneas estratégicas prioritarias. La primera es que haya un blindaje presupuestario en base a la coherencia europea: mantenimiento de fondos FEAGA y FEADER, con una dotación incrementada; blindaje del presupuesto de ayudas directas, ajustado al contexto inflacionario y a los costes de producción; evitar la fragmentación estatal de la PAC ; garantizar su carácter común entre estados miembros y comunidades autónomas.

El segundo eje es asegurar una rentabilidad económica y sostenibilidad equilibrada: precios justos, con mecanismos legales que aseguran cubrir costes de producción; protección de la capacidad productiva ante medidas ambientales excesivamente restrictivas; compensaciones económicas por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y uso regulado de fitosanitarios que tenga en cuenta la falta de alternativas viables.

La tercera línea pasa por medidas para el relevo generacional y priorización del agricultor profesional: impulso decidido al relevo generacional, con incentivos y apoyo estructural; priorización del profesional agrario como destinatario central de la PAC.

El cuarto foco que propone La Unió es el desarrollo territorial y lucha contra la despoblación: introducción del criterio de despoblación como factor obligatorio en la asignación de fondo y financiación específica para zonas con limitaciones naturales y sectores vulnerables.

Su quinta línea estratégica es la simplicidad administrativa y estabilidad normativa: simplificación "real" de la burocracia, con adaptación de los requisitos al tipo y tamaño de las explotaciones, así como normas claras, estables y comprensibles para una mejor adaptación y cumplimiento por parte del sector.

La sexta es la gestión de riesgos, infraestructuras y digitalización: creación de un sistema europeo de gestión de riesgos para hacer frente a fenómenos climáticos, sanitarios o económicos y compatible con los estatales; modernización de regadíos y eficiencia hídrica, con inversiones prioritarias en el sur de Europa, e impulso decidido a la digitalización del sector agrario.

Y la séptima "y no menos importante" hace referencia a la reciprocidad comercial y defensa de la equidad: reciprocidad estricta en comercio internacional, aplicando a los productos importados los mismos estándares europeos (fitosanitarios, bienestar animal...).