VALÈNCIA (EFE). Un estudio de la Universitat de València (UV) propone protocolos diferenciados para proteger a las personas mayores frente a catástrofes como la Dana del pasado 29 de octubre, en la que fallecieron 229 personas, de las que 105 eran de 70 años o más, lo que representa el 46,3 % del total.

Según un comunicado de la UV es "especialmente grave" el dato de que el 7 % de los fallecidos superaba los 90 años, a pesar de que este grupo apenas constituye un 1 % de la población afectada.

Este dato representa una sobremortalidad significativa, según recoge un estudio de las profesoras e investigadoras Rosa Roig y Ángeles Tortosa del Departamento de Economía Aplicada de la UV y la investigadora Carmen Pineda de GEGOP de la Universidad Federal de Viçosa de Brasil.

La investigación arroja luz sobre el "desproporcionado impacto" que la Dana tuvo sobre la población mayor en la Comunitat Valenciana, subrayando cómo los factores estructurales e institucionales multiplican su vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos extremos por lo que reclama incluir la longevidad en los planes de riesgo para una gestión inclusiva y resiliente.

De los datos analizados las investigadoras extraen que los municipios de Massanassa, València, Catarroja, Alfafar y Benetússer evidenciaron tasas superiores al 60 % de víctimas mayores en relación al total local de víctimas.

Esta concentración, según el estudio, revela una concentración territorial de la sobremortalidad que coincide con áreas urbanas densamente pobladas, con infraestructuras poco adaptadas, altos niveles de envejecimiento residencial y poca accesibilidad para evacuaciones.

La investigación sobre la vulnerabilidad estructural en la vejez a partir de las lecciones de la Dana se ha publicado en el libro 'Longevidad, justicia social y políticas públicas: miradas interseccionales desde los territorios'.

En el trabajo se insiste en cómo la elevada mortalidad no es atribuible únicamente a la fragilidad biológica, sino que la edad, combinada con factores estructurales e institucionales aumenta la vulnerabilidad de este colectivo frente a eventos climáticos extremos.

Así, "la ausencia de censos actualizados, protocolos de alerta diferenciados y planes de evacuación específicos para personas dependientes fueron factores determinantes en la trágica estadística", apunta el estudio.

Señala que "la gestión institucional tendió a homogeneizar la respuesta, invisibilizando la diversidad funcional y social del envejecimiento, lo que agravó la situación".

Propuestas

La investigación critica que las políticas autonómicas, pese a su grado de avance técnico, no incorporan plenamente una perspectiva interseccional sobre la vejez, limitando las capacidades de resiliencia comunitaria y reproduciendo patrones de exclusión estructural.

Las investigadoras señalan también en el estudio "la necesidad urgente de censos proactivos a nivel municipal sobre personas mayores con dependencia, protocolos diferenciados de evacuación y asistencia, formación gerontológica para equipos de protección civil, y refugios adaptados con condiciones físicas y sanitarias adecuadas".

​Experiencias en otros países

La comparación internacional refuerza la urgencia del diagnóstico. Casos como los desastres naturales en Argentina, Estados Unidos y Caribe han puesto de manifiesto la efectividad de las brigadas comunitarias de emergencia específicas, la participación activa de personas mayores en la toma de decisiones y el diseño de mapas de vulnerabilidad.

La investigación de la UV, en línea con las recomendaciones de la OMS y el Marco de Sendai de la ONU, incide en la superación de modelos biomédicos y asistencialistas y apuesta por una gobernanza inclusiva y participativa que reconozca los derechos y agencia del colectivo.

​Las autoras señalan que la sobremortalidad observada en la Dana de 2024 fue previsible y prevenible y constituye la manifestación concreta de una exclusión institucional persistente.

"Adaptar los sistemas de alerta y las políticas de emergencia a la nueva realidad demográfica no es solo una cuestión técnica, sino un imperativo ético para la justicia climática y social en la Comunitat Valenciana", concluyen.