VALÈNCIA (EP). La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha destacado el compromiso del Consell con la inclusión laboral y el empleo estable a través de un conjunto de ayudas que movilizan 4,8 millones de euros para favorecer la contratación de personas con discapacidad y de colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

Así lo ha trasladado en una reunión con representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en la que ha presentado las líneas de subvenciones impulsadas por Labora, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, como una apuesta decidida por mejorar la empleabilidad de quienes más apoyo necesitan, informa la Generalitat.

"Estas ayudas responden a una prioridad clara del Consell: que nadie quede fuera del mercado laboral por razón de discapacidad o por pertenecer a un colectivo con especiales dificultades de inserción", ha subrayado Camarero, quien ha añadido que "la inclusión laboral es también una inversión social y económica que beneficia al conjunto de la Comunitat Valenciana".

Las subvenciones se dirigen a empresas y personas trabajadoras autónomas con centro de trabajo en la Comunitat Valenciana y contemplan un máximo de dos contratos subvencionados por entidad, reforzando así el acceso al empleo estable en el mercado ordinario de trabajo.

Por un lado, se incluyen ayudas específicas para la contratación de personas con discapacidad, especialmente de aquellas que proceden de centros especiales de empleo o presentan discapacidad severa, con el objetivo de facilitar su transición al empleo ordinario.

Por otro, se refuerzan las subvenciones destinadas a la contratación indefinida de personas desempleadas pertenecientes a colectivos de atención prioritaria, como personas en situación o riesgo de exclusión social, personas desempleadas de larga duración, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género.

En todos los casos, los destinatarios finales deberán haber permanecido desempleados e inscritos como demandantes de empleo en Labora durante al menos tres meses ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a la contratación, garantizando que las ayudas se dirigen a quienes realmente necesitan este apoyo.

Entre 10.000 y 25.000 euros por contrato

Las subvenciones oscilan entre 10.000 y 25.000 euros por contrato, en función del colectivo y de las circunstancias de la persona contratada.

En el caso de la contratación indefinida de personas con discapacidad procedentes de centros especiales de empleo, la ayuda asciende a 12.500 euros, cuantía que puede incrementarse hasta 20.000 euros si la persona contratada es víctima de violencia sobre la mujer y hasta 25.000 euros cuando concurre, además, una discapacidad severa.

Se contemplan ayudas para la contratación temporal de personas con discapacidad severa, por un periodo de entre tres y 12 meses, con una subvención de 900 euros por cada mes mínimo de mantenimiento del contrato. También son subvencionables las contrataciones a tiempo parcial con una jornada mínima de 15 horas semanales, con la correspondiente reducción proporcional.

Durante la reunión con Cermi, la vicepresidenta primera ha reiterado que el Consell trabaja también para facilitar el acceso a la vivienda a las personas con discapacidad, como un elemento clave para su autonomía personal y su inclusión social y laboral. La normativa vigente establece una reserva obligatoria de viviendas para personas con discapacidad del 4% en las viviendas de protección pública (VPP) de promoción privada y del 7% en las VPP de promoción pública.

Además, ha destacado que el Consell ha reforzado la exigencia de que las viviendas reservadas se construyan en todo caso adaptadas a criterios de accesibilidad y discapacidad, garantizando que respondan de manera efectiva a las necesidades de las personas adjudicatarias. Y ha explicado que, con el objetivo de facilitar el acceso a estas viviendas, el límite de renta exigido se incrementa en un 0,5% por cada persona con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que forme parte de la unidad de convivencia.

Susana Camarero ha subrayado que estas medidas reflejan una visión integral de las políticas públicas, en la que el empleo, la vivienda y la igualdad de oportunidades "deben avanzar de la mano para garantizar una inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad".