VALÈNCIA. La conocida como Ley de Libertad Educativa que el Consell de Carlos Mazón aprobó en Les Corts con los votos a favor de Vox, prometía, acabar con la “imposición” de la lengua en las aulas y como indica su nombre en una declaración de intenciones, “devolver la libertad a las familias” para elegir la lengua base en la que escolarizar a sus hijos a través de una consulta. El propio conseller de Educación, José Antonio Rovira, aseguró el pasado mes de mayo que el proceso de la consulta de lengua base había sido “un éxito” y que “el 99,67 % del alumnado de Infantil y Primaria cursaría en la lengua elegida por sus familias”.
Pese a estos datos oficiales, decenas de familias denuncian que no podrán escolarizar a sus hijos en la lengua base que votaron por diferentes casuísticas. La ley valenciana de educación establece diferentes criterios según el ámbito lingüístico: en las zonas de predominio valencianohablante, la legislación regula mediante porcentajes que se especifican en un anexo de la ley cómo se reparten las unidades según el respaldo que haya obtenido cada lengua. De tal forma que por ejemplo en un curso con dos unidades cuando uno de los idiomas obtiene más del 75% de los votos, ambas unidades se crean en la lengua mayoritaria. En cambio, en las zonas de predominio castellanoparlante, no hay un umbral numérico estricto y la atribución depende del concepto de "demanda suficiente", lo que deja margen a interpretaciones que, según algunas familias, impiden el cumplimiento de su voluntad aunque exista una mayoría.
Desde la plataforma Famílies pel Valencià sostienen que son “muchísimos” los casos que han recopilado de familias que “por un motivo u otro se verán obligadas a escolarizar a sus hijos en una lengua que no han elegido”.
Reclamaciones por errores en la consulta
En primer lugar, desde la asociación denuncian que la consulta no se produjo con garantías y que hay “decenas y decenas de reclamaciones de familias” que o bien cometieron errores durante el proceso de votación o no pudieron acudir a votar por distintos motivos. “En cualquier proceso administrativo puedes realizar tantas solicitudes como requieras y existe un plazo de subsanación de errores. Pero en este caso, si te equivocabas no podías repetir la votación ni corregirlo”, explica una de las portavoces de la asociación. “Solo tenemos constancia de un caso en el que la Conselleria ha aceptado la reclamación y hay mucha gente que quiere valenciano y así lo ha señalado vía reclamación, pero no se les ha tenido en cuenta”, señalan. “Es completamente falso que estén manteniendo la voluntad de las familias”, afean.
La asociación apunta que tienen constancia de incidencias de este tipo en varios centros a lo largo de toda la Comunitat Valenciana. La plataforma cita centros como el CEIP Pinar del Grau de Castelló; el colegio Consolación de Vila-real; el colegio de Almenara; el Virgen del Carmen de l’Eliana; el CEIP Mestalla en València, el Carles Salvador y el CEIP de la Patacona; el colegio l’Almazara de Sant Vicent del Raspeig o el colegio de Jérica, entre otros.

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- Foto: EDUARDO PARRA /EP
Justo en este último centro, el de Jérica, son varias las familias que eligieron valenciano en la consulta pero no han visto atendidas sus demandas. “En la clase de mi hijo son 11 niños, cinco votamos valenciano, tres castellano y los otros tres se abstuvieron”, explica la madre de un alumno de infantil de este CEIP. Pese al resultado, relata, solo se creará la unidad en castellano. “Nos parece una manipulación que se está haciendo a posteriori, nos imponen el castellano cuando lo que queremos es otra cosa”, denuncia. Y es que al tratarse de una zona de predominio lingüístico castellano, la Conselleria no se basa en los porcentajes de la votación para decidir la lengua base, sino que “el idioma base por defecto es el castellano y en función del número de alumnos que solicitan valenciano se determina si hay demanda suficiente o no”, aclaran desde Educación.
"Nos indigna que nos tomen por tontos"
Una situación que estas familias consideran “injusta”. “Precisamente por ser una zona de tradición castellana nos interesa más que nuestros hijos sean bilingües o al menos, tengan más exposición al valenciano”, defienden. “Nos indigna que nos tomen por tontos, porqué han vendido que la consulta era para la libertad de elección de los padres”, manifiesta la madre de uno de los alumnos del centro.
“En nuestro caso, el valenciano obtuvo seis votos, el castellano tres y hubo cuatro abstenciones”, explica otra de las madres de este centro. “Pero la Conselleria nos dijo que no se podían hacer dos líneas en clases con menos de 17 alumnos”, por lo que se propuso una única unidad en castellano. “Tras quejarnos el inspector nos propuso crear una unidad multinivel de cada idioma pero todavía estamos pendientes de que lo apruebe Conselleria”, relata. “Sentimos que nos han metido en un callejón sin salida cuando las cartas ya estaban repartidas”, considera esta madre.

- Archivo - Varios niños a su llegada al colegio -
Pero más allá de los múltiples casos en zonas de predominio castellano, donde la ley no establece porcentajes claros para la creación de unidades en valenciano. También se suceden los ejemplos de familias que tampoco han visto respetada su elección de la consulta base en zonas valencianoparlantes. Uno de los ejemplos que se repite en varios centros a lo largo de la georgrafía valenciana es el de la asignación de alumnos en otra lengua base por exceso de ratio. "A principios de julio nos llamaron desde el centro para comunicarnos que cambiarían a nuestra hija a la clase de castellano porqué sobraban alumnos en la línea de valenciano y por sorteo le había tocado a nuestra hija", denuncia la madre de una alumna de un colegio público de Vila-real.
"Pedímos que se ampliara la ratio de 23 a 25 porqué Conselleria admite hasta 25 alumnos y unos días después nos llamó el colegio para comunicarnos que el inspector había aprobado nuestra reclamación y finalmente pasaron a nuestra hija a la línea de valenciano", relata. No obstante, no todos los alumnos de este curso que votaron valenciano han podido ser escolarizados en este lengua por motivos de ratio.
"Llevamos batallando desde Semana Santa"
Otra de las 'grietas' de la ley se da en los llamados "casos límite" donde la consulta arrojó un resultado justo de 75%-25% en cursos con dos unidades. El anexo de la ley prevé que a partir de esta cifra en las zonas de predominio lingüístico valenciano se crearán ambas unidades en la lengua más votada. Es el caso del curso de infantil de 4 años del CEIP la Almazara de Sant Vicent del Raspeig. “Escogimos este colegio por su proyecto educativo y ahora la respuesta que nos dan es que si queremos valenciano que nos cambiemos de centro”, critica la madre de uno de los alumnos de infantil de 4 años, el único curso del centro que no tendrá ninguna unidad en valenciano. “Estamos muy enfadados porqué han escogido ellos por nosotros pese a haber vendido que era una ley de libertad educativa”, manifiesta una de las afectadas. Esta madre señala también que no descartan acudir a la justicia tras presentar recurso de reposición ante la Conselleria. “Es muy cansado, llevamos batallando desde Semana Santa”.

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- Foto: EDUARDO PARRA /EP
Criterios pedagógicos
Más allá de estos ejemplos, desde Famílies pel Valencià también critican que la organización por lenguas no tiene en cuenta criterios pedagógicos. "Se dan casos donde todos los niños con necesidades especiales del curso están en la misma clase", critican. "Hay clases con diferencias de ratio de hasta diez alumnos, con las desigualdades que eso supone", alerta una de las madres afectadas que es también docente.
Pese al triunfalismo con el que el Consell defendió la consulta sobre la lengua base, los casos recogidos muestran que la Ley de Libertad Educativa todavía presenta flecos que están impidiendo a decenas de familias escolarizar a sus hijos en la lengua que eligieron en la consulta. El nuevo marco legal se presentó como el fin de las imposiciones y la garantía de una elección real. Sin embargo, las reclamaciones recopiladas por entidades como STEPV o Famílies pel Valencià, cuestionan que el 0,33 % oficial refleje la magnitud de casos en los que no se ha respetado la voluntad de las familias.