MADRID. Han pasado doce meses desde la Dana que asoló decenas de municipios en la provincia de Valencia y resultó en el fallecimiento de 229 personas. En todo este tiempo, la catástrofe se ha analizado desde muchos puntos de vista, donde destaca, más allá de la protección civil y el ámbito climatológico, el campo de las infraestructuras. Se ha constatado la falta de obras que estaban proyectadas pero sin ejecutar cuando llegó la riada. Un año después, ¿estamos preparados?

La respuesta es sencillamente "no". Al menos la que dieron este lunes numerosos expertos en una jornada organizada por Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en el Instituto de la Ingeniería de España, en Madrid. Ingenieros de caminos y catedráticos universitarios expusieron las deficiencias en materia de infraestructuras hidráulicas -no solo de la cuenca mediterránea-, la falta de inversión desde hace años, la demonización de algunas actuaciones y la ausencia de autocrítica en la reconstrucción para evitar situaciones como las que se vivieron el pasado 29 de octubre.

En la apertura de la jornada, el presidente de la Asociación de Caminos, José Trigueros, fue contundente al señalar que si las infraestructuras hidráulicas previstas se hubieran ejecutado, "el número de víctimas y los daños materiales habrían sido mucho menores". Así, resaltó los aprendizajes que el sector ha podido sacar de la catástrofe: no solo el “replanteamiento de las estrategias de planificación” o la necesidad de mantenimiento de las infraestructuras sino también la imprescindible “gobernanza del agua”. Aquí resaltó la modernizaciòn del Sistema Automáico de Información Hidrológica (SAIH) como una de las prioridades, con la implantación de un Sistema de Alerta Tempranda (SAT) lo más pronto posible: “Debe estar contratado ya para implementarlo en todas las confederaciones”.

Instó además de repensar las infraestructuras ya existentes para adaptarlas a fenómenos más extremos así como los proyectos pendientes y señaló las obras hidráulicas como una clave en la estrategia de protección -“hay que dejar de demonizarlas-, combinadas con actuaciones medioambientales como la restauración forestal en las cabeceras de los barrancos. Todo ello sumado a “protocolos claros” de protección civil, con “mensajes comprensibles y accesibles” y simulacros en colegios, el “fortalecimiento” de las Confederaciones Hidráulicas ante la pérdida de medios humanos, y la urgencia de revisar los planes urbanísticos en zonas inundables.

"Era previsible pero no se han ejecutado las soluciones"

Uno de los intervinientes fue el expresidente de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana, Teodoro Vázquez, quien insistió en que una catástrofe de esta magnitud sí que estaba prevista. De hecho, expuso el propio Plan de Gestión de Riesgos de Inundación del Ministerio de Transición Ecológica que sitúa a las cuencas del Bajo Túria y el Bajo Júcar como de peligrosidad y riesgo "extremos", liderando el ranking español en este sentido. "Tienen un riesgo total", recalcó.

En el caso del Bajo Túria, donde se encuentra la rambla del Poyo, que provocó la mayoría de las muertes, el Plan explica que sus inundaciones, con alturas de hasta cuatro metros de altura y velocidades de hasta cuatro metros por segundo, pueden afectar a casi 160.000 personas, con daños materiales de hasta 4.500 millones de euros en una zona de 128 kilómetros cuadrados -"lo estipulado como grave son 20 km2". Por tanto, remachó que el riesgo estaba previsto, lo que implicaba que había que actuar "sí o sí", pero no se hizo.

Ahora, dijo, "han pasado 12 meses y el riesgo sigue igual" porque se están acometiendo las obras de reconstrucción de lo afectado pero "no hay medidas nuevas estructurales". En ese sentido, recordó que el propio Plan recogía en esta zona 23 obras estructurales de encauzamiento y cuatro presas, además de la implantación del Sistema de Ayuda Temprana. "Medidas realmente ejecutadas: cero", apuntó Vázquez, según el cual los propios documentos del ministerio evidencian su priorización de las actuaciones de restauración fluvial, pues el Plan recogía 16 y se han hecho hasta 70.

"No se han ejecutado las medidas estructurales, ni siquiera se han tramitado los proyectos", dijo, tras exponer los diferentes proyectos que estaban previstos: desde vías verdes, encauzamientos, balsas de regulación o actuaciones hidrológico-forestales en el barranco del Poyo hasta la nueva conducción para el barranco de La Saleta y su conexión con el Túria, pasando por la adecuación de este cauce, el acondicionamiento del río Túria o la construcción de la presa de Vilamarxant.

Por ello, cargó directamente contra el Gobierno central por ejecutar "hasta ahora de forma prioritaria infraestructuras verdes" porque es una "política que no se corresponde con la prioridad, que es utilizar todas las medidas de disminución del riesgo de inundación y no solo las verdes". Citó casos como, por ejemplo, el proyecto de adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo que, según el propio ministerio, se vio afectado por las nuevas condiciones de la Ley valenciana de la Huerta de 2018.

"Sin inversiones, jugamos a la ruleta rusa"

Por su parte, el expresidente de la Asociación de Caminos y catedrático de la UPV, Vicente Esteban, expuso a los asistentes no solo los problemas de financiación que sufre la Comunitat Valenciana, además de la persistente baja ejecución de inversiones en general, y en obras hidráulicas en particular, sino también la necesidad de adoptar un "enfoque metropolitano", algo que, admitió, "cuesta". Al final, aseveró, si no se llevan a cabo las actuaciones urgentes, "jugamos a la ruleta rusa".

Esteban, que dirigió el informe de propuestas de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), expuso someramente sus actuaciones planteadas a medio plazo por valor de 12.500 millones de euros. Dentro de ese importe, figuran actuaciones en ingeniería hidráulica por 1.700 millones de euros, viarias por 2.000 millones, ferroviarias (7.300 millones), movilidad urbana y autobuses (185 millones), planes y sistemas (43 millones), aeroportuarias (400 millones), medioambientales (432 millones), y por último, actuaciones eléctricas, en telecomunicaciones, etc (380 millones).

A su juicio, en la reconstrucción se ha "aprendido poco" porque no se está atendiendo a que las infraestructuras, en muchos casos, han sido "tradicionalmente barreras" para el flujo del agua. Por otro lado, lamentó que se sigan "haciendo pasos inferiores en zonas inundables o controles de tráfico ferroviario en zonas inundables". "La autocrítica ha sido escasa incluso desde las organizaciones profesionales", llegó a apuntar en su intervención, donde también apuntó a la administración: "Ante situaciones extraordinarias hace falta un plan extraordinario, que precisaba de una comunicación constante, pero esde hace muchos meses, no se tiene información fehaciente por parte de las administraciones; y hace falta una coordinación administrativa eficaz que en estos momentos es inexistente".

"No estamos preparados, no ha cambiado la mentalidad"

La jornada contó también con una mesa de debate donde destacó, por ejemplo, la intervención de Antonio Serrano, quien fuera en su momento secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente entre 2004 y 2008, y expuso la merma en la inversión hidráulica. "Al año yo manejaba 4.100 millones de euros de presupuesto y, en 2011, el presupuesto era de 1.100 millones", dijo. Así, aunque admitió que hoy en día "las cantidades son significativamente mayores, sobre todo por los fondos europeos", las inversiones requieren de "un período muy dilatado" entre que se diseñan y se acaban efectivamente ejecutando.

"¿Estamos preparados? No estamos preparados", aseveró, "pero no solo por las infraestructuras sino por la mentalidad que existe sobre todo en planificación". En ese sentido, dijo que "desde hace más de 50 años se tenían que tener en cuenta áreas inunrables y no urbanizarlas" pero eso "no se ha cumplido". "No lo ha hecho la administración municipal y la autonómica no lo ha controlado, y la Administración General del Estado también ha sido muy pacata porque tiene competencias para intervenir y no las ha utilizado". "Es un campo fundamental donde hemos actuado mal", admitió.

Por su parte, el doctor en Ingeniería de Caminos por la UPV, Federico Bonet, incidió sobre el preocupante hecho de que, "desde hace 20 años no se han hecho obras hidraulicas importantes en España". Un hecho que responde, a su juicio, a que hay "gente que entiende que las obras es algo del siglo pasado y no se dan cuenta de que la naturaleza no es ni buena ni mala sino que tiene sus reglas físicas". Así, explicó que la priorización de medidas medioambientales se debía a un "cambio de mentalidad" en las políticas públicas