VALÈNCIA (EP). La Diputación Permanente de Les Corts ha convalidado este jueves cuatro decretos ley del Consell, entre ellos el de medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado, el llamado 'plan Simplifica 2', que no obstante se tramitará como proyecto de ley a petición de todos los grupos, con la finalidad de poder presentar enmiendas.

Este decreto ley, que supone la segunda fase del plan de simplificación administrativa de la Generalitat, elimina o modifica 96 normas y establece el compromiso de que cada nueva regulación lleve aparejada la supresión de redundancias normativas. Afecta, entre otras cuestiones, a los plazos de concesión de licencias de obra para vivienda o el reconocimiento del grado de dependencia.

Según explicó en su día el Consell, tiene el objeto "responder a la necesidad de combatir la excesiva burocracia y modernizar el funcionamiento administrativo". Sumando las medidas del primer decreto ley de simplificación administrativa, supondría la modificación o eliminación de 149 normas en total.

Durante el debate, Ramón Abad (PSPV) ha censurado el "oscurantismo, los pelotazos y la corrupción" de este decreto ley, "la primera norma de --el 'president' de la Generalitat Juanfran-- Pérez Llorca" que da "otra vuelta de tuerca al urbanismo destructivo" con "un megadecreto ómnibus" que ha llegado a "criticar la Abogacía de la Generalitat". Y ha acusado al Consell de "entornar la puerta" de Les Corts para aprobarlo "por la puerta de atrás".

Mientras, Isaura Navarro (Compromís) ha calificado de "estafa, chapuza y vergüenza" este decreto y ha replicado que no es "una simplificación", sino que el contenido es el mismo que la ley de medidas, "pero como no hay presupuestos, nos lo clavan aquí". También ha hecho hincapié en las conclusiones del informe de la Abogacía y ha afeado a Vox se lo atribuya mientras Santiago Abascal "dice que los decretos ley son una tiranía encubierta".

Por el contrario, José Mª Llanos (Vox) ha hecho hincapié en que esta norma era una de las exigencias de su formación para apoyar la investidura de Llorca, por lo que se ha congratulado de su tramitación, y ha subrayado que simplificar la Administración "es hacer política social": "No es ideología, sino humanidad". Algo en lo que ha coincidido Mª Carmen Contelles (PP), que ha defendido que este decreto "no va de ideología, va de eficacia".

El decreto ley se ha convalidado con los votos a favor del PP y Vox, mientras que el PSPV y Compromís han votado en contra, aunque por unanimidad de todos los grupos se tramitará como proyecto de ley.

Sueldo de funcionarios

En segundo lugar, el decreto ley en materia de retribuciones de personal público se ha convalidado con los votos a favor de PP, PSPV y Compromís, mientras Vox se ha abstenido.

Este decreto contempla un incremento salarial del 2,5% con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025. Se adopta para adecuar la normativa autonómica a la legislación básica estatal en materia retributiva del sector público.

Los socialistas han defendido subir el sueldo a los funcionarios por "justicia y responsabilidad institucional", mientras ha cargado contra la "hipocresía política" del Consell del PP por eliminar el número máximo de asesores establecido por el 'expresident' Carlos Mazón cuando en la oposición a Ximo Puig se quejaban "del gobierno más caro de la historia".

Compromís ha mostrado su apoyo al decreto pero se ha quejado de los "impagos" de la Generalitat a trabajadores de servicios públicos, a los que ha mostrado su apoyo en sus recientes protestas en varias concentraciones. Por contra, Vox ha sostenido que las subidas salariales "impuestas por el Gobierno central" son "propaganda" cuando, según este grupo, se debería destinar el dinero público a lo estrictamente necesario.

Sobrepoblación de Jabalí

La Diputación Permanente también ha convalidado, con el apoyo del PP y Vox, los votos en contra de Compromís y la abstención del PSPV, el decreto ley de medidas urgentes para la reducción de las poblaciones de jabalí ante el riesgo de expansión de la peste porcina africana. El PSPV y Compromís habían pedido que se tramitara como proyecto de ley, pero los 'populares' y Vox lo han rechazado.

El objetivo del mismo, según ha expuesto el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, es reducir la población de estos animales, considerados un vector de riesgo en la transmisión de la enfermedad, lo que hace necesario intensificar las actuaciones de control en amplias zonas del territorio.

El PSPV y Compromís han sostenido que este decreto no está "a la altura", han mostrado "decepción" con el mismo por no proteger a los ganaderos y han acusado al PP de "hacer política" al impulsar medidas que suponen "un parche" y que a su juicio "no resuelve el problema". "No valdrá absolutamente para nada", han advertido.

Mientras, el PP y Vox han considerado que el mismo es "necesario, proporcional y urgente" ante un riesgo sanitario "de primer orden", por lo que controlar la sobrepoblación del jabalí es "beneficioso". Los de Abascal han ido más allá y han rechazado colaborar con "la demonización y la cultura de la cancelación contra la caza": "Es una herramienta fundamental".

Reducciones de tarifas en transporte público

Finalmente, la Diputación Permanente ha convalidado por unanimidad de todos los grupos excepto Compromís, que se ha abstenido, la prórroga de reducciones temporales de tarifas en determinados servicios públicos de transporte competencia de la Generalitat hasta el 30 de junio de 2026. La coalición ha pedido que se tramite como proyecto de ley, pero el resto de grupos lo han rechazado.

Este decreto ley recoge el mantenimiento de la gratuidad temporal para la población hasta los 14 años, un descuento del 50 por ciento en los títulos destinados a jóvenes y una reducción de al menos el 40% por ciento en los abonos y títulos multiviaje. Asimismo, se mantienen los títulos gratuitos dirigidos a las personas empadronadas en municipios afectados por la Dana hasta el 31 de diciembre de 2026.

El PSPV se ha quejado de la "exclusión" de los vecinos de la zona D en las ayudas, con lo que "los vecinos de Gandia, Moixent o Castelló tienen que pagar más por ir a València". Además, ha advertido que una disposición final del decreto del Consell establece "una cláusula de finalización anticipada de las tarifas", con lo que considera que "en cualquier momento pueden eliminar las ayudas".

Compromís ha reprochado al conseller de Infraestructuras que los jóvenes ahora tengan que pagar el 50% del transporte público cuando "con la izquierda era gratis". "Sabéis quién no tiene que pagar por el transporte: Carlos Mazón", ha añadido en alusión a los privilegios de los que disfruta como 'expresident'.

Mientras, Vox ha considerado que esta iniciativa es "más que necesaria" ante el "abandono" del Ejecutivo central, aunque ha apostado por que los ciudadanos no deban "depender de una ayuda" de las administraciones, y el PP ha puesto en valor el "grandísimo esfuerzo" de la Generalitat, "y no del Gobierno de España", pese a la situación de infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana.